Ayer cercaron mi lote baldío. Bueno, no era exactamente mío, eran sólo terrenos desocupados a unas cuadras de mi casa. Digo que era mío porque, aunque en términos legales yo no figuraba como dueño, sentí que se me había arrebatado algo. La única explicación que encontré era un cartel que leía en grandes letras rojas: “PROPIEDAD PRIVADA, PROHIBIDO EL PASO”. Lo sentía mío porque, desde pequeño, era el lugar donde podía jugar rodeado de plantas silvestres que floreaban en la primavera. A falta de parques o áreas verdes cercanas, estos lotes baldíos eran mi principal contacto con la naturaleza sin tener que moverme fuera de la ciudad.
Lo primero que pensé fue “¡qué injusticia!”. Pero, haciendo un esfuerzo de autocrítica, mi familia hizo exactamente lo mismo al construir la casa en la que vivimos. Estas emociones me hicieron cuestionar las ideas y narrativas alrededor del desarrollo urbano —o al menos la idea de desarrollo que por décadas nos vendieron y que supimos comprar—. Hablo de la idea de desarrollo que prioriza la privatización y crecimiento económico. La idea de desarrollo que ignora el bien común y la vida de otras especies no humanas.
Hoy, décadas de urbanización no planeada y degradación ambiental bajo la bandera de desarrollo nos están cobrando factura. Los frutos del tan deseado progreso sólo llegaron a unos cuantos, y hoy la mayoría de las mexicanas y los mexicanos vivimos en ciudades con calles intransitables, rodeadas de espacios de recreación autoorganizados que se urbanizan y se rodean por grandes muros.
Parecería entonces que nos encontramos en una dicotomía sin salida, donde el derecho a la vivienda y la propiedad privada son intereses incompatibles con la conservación ambiental. Y, aún más grave, que el desarrollo y el bienestar implican invariablemente degradación ambiental. Estas posturas antagónicas se han logrado perpetuar con gran éxito: lo encontramos en discursos sobre megaproyectos mineros y de infraestructura (e. g. Puente Cuemanco, Tren Maya, Mina Buenavista del Cobre y otras minas de Sonora), donde las Manifestaciones de Impacto Ambiental son ignoradas o mediocremente realizadas, todo bajo la bandera del crecimiento económico que silencia voces de contrapeso y llamadas de auxilio.
Un solo bienestar
Para evitar este falso antagonismo es necesario entender que la forma en la que se construyeron nuestras ciudades determina la forma en la que hoy nos relacionamos con otras personas y con el ambiente que nos rodea. Esta relación parte del hecho de que el bienestar humano y el bienestar ambiental son conceptos entrelazados, y que separarlos inevitablemente traerá consecuencias negativas a largo plazo. Esto es materializado con el término socioecosistemas,1 pues difumina el límite entre lo humano y lo no humano. La base conceptual de un socioecosistema reconoce a las personas como un componente más del ambiente, y plantea que que los ecosistemas no sólo los encontramos en reservas naturales y parques protegidos, sino también en ciudades y pueblos, donde la sociedad impacta y es impactada por factores ambientales con los que interactúa día a día.
Un socioecosistema rompe con la idea de calles, casas, plazas y caminos estériles, y abre paso a la cocreación de la ciudad como un espacio diverso y multifuncional que no expulsa a la naturaleza, sino que la considera y prioriza dentro de su red. Los territorios con asentamientos se convierten entonces en espacios donde especies humanas y no humanas coevolucionan, coexisten y se complementan. Por ello, la planeación e intervención urbana progresista y transformadora debe repensar a las ciudades como socioecosistemas dinámicos y diversos, que sustentan un sinfin de relaciones ecológicas relevantes para nuestra sobrevivencia y la de las especies con las que compartimos el espacio. Adoptar esta idea no sólo profundiza el entendimiento de nuestro entorno, sino también nos invita a pensar en nuestros territorios de forma distinta y a cuestionar los cimientos ideológicos de la urbanización.
Socioecosistemas en práctica
El concepto de socioecosistema es cada vez más comprendido y utilizado por investigadores, políticos y agentes de cambio alrededor del mundo. En general, es posible identificar dos puntos temporales para su aplicación: la planeación y el diseño urbano a priori, el cual sucede cuando se provoca un cambio en el uso de suelo de un espacio urbanizado;y las intervenciones a posteriori, que ocurren en espacios donde la planeación inicial fue inefectiva o inexistente en un espacio que ya forma parte de la red urbana. En ambos puntos temporales, la multifuncionalidad debe ser un eje pilar en la construcción de ciudades más justas y biodiversas. Cuando se planea o interviene un espacio verde multifuncional, se prioriza la construcción de un espacio ameno, seguro, que permita diversas actividades de ocio, movilidad, recreación, sociales y de contacto con la naturaleza. Esta idea sólo es viable si se tiene certidumbre legal y administrativa sobre la propiedad y el uso de suelo a largo plazo. De lo contrario, seguiremos observando casos como los de mi lote baldío a lo largo y ancho del país.
En diversas ciudades alrededor del mundo ya se están replanteando estrategias que permitan que el espacio público sea suficiente, a la vez que atractivo y promotor del bienestar. Las supermanzanas en Barcelona son un claro ejemplo del poder transformador de la voluntad política,2 pues democratizan el espacio público a partir de la experimentación y de su redistribución. Esta estrategia, como muchas otras que propone el urbanismo táctico, no son difíciles de aplicar: son de bajo costo, colaborativas y permiten la participación ciudadana a partir de prueba y error.
Semillas de esperanza en México y América Latina
El caso del terreno baldío nos plantea una situación en donde el espacio público no sólo es precario sino escaso, y donde la propiedad y el uso de suelo son inciertos. En México, este ejemplo no está tan lejos de la realidad cotidiana: la falta de recursos económicos, corrupción y privatización a gran escala son obstáculos complejos cuyas consecuencias van más allá del deterioro ambiental. A falta de condiciones políticas favorables, observamos el surgimiento de procesos bottom-up donde los parques se crean, mantienen y reproducen de forma autoorganizativa.3 A los ciudadanos y las ciudadanas nos toca aferrarnos a esta capacidad adaptativa, y hacer uso y defender distintas herramientas legales que han costado mucho tiempo conseguir.
Políticas como el presupuesto participativo4 han encontrado una forma de incidir positivamente mediante la financiación de proyectos propuestos desde la organización barrial de gente que habita y vive la ciudad. Algunas dependencias han vuelto disponible recursos como el Manual de calles de la Semovi: diseño vial para calles mexicanas que reconocen el potencial del urbanismo táctico en la coproducción y rehabilitación de lugares públicos en la ciudad. Desde la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en América Latina también se han desarrollado distitos proyectos: Ocupa tu Calle, Vivo mi Calle, Espacio Lúdico, por mencionar algunos. Una condición constante en todos ellos es la organización comunitaria como base para exigir o intervenir en espacios públicos y volverlos más seguros, verdes, transitables y vivos.
Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos arrebatan el acceso a nuestros espacios verdes? ¿Qué pueden hacer las millones de personas que se enfrentan a situaciones similares en sus pueblos y ciudades?
A las personas nos toca fortalecer los lazos de confianza y colaboración con nuestras vecinas y vecinos y exigir más y mejores políticas que faciliten la gobernanza horizontal de nuestros espacios verdes. A las autoridades y municipalidades les toca un trabajo aún más importante y con una gran responsabilidad histórica: actualizar los planes urbanísticos y replantear la narrativa alrededor del desarrollo y crecimiento por una que ponga al bienestar y las personas en el centro. El diseño de soluciones basadas en la naturaleza y el concepto de socioecosistema deben ser ejes fundamentales en estas reformas conceptuales y de praxis. Asimismo, es importante facilitar y financiar proyectos de codiseño y coconstrucción bajo certeza jurídica de propiedad, pues sólo así podremos plantear proyectos regenerativos a largo plazo y que respondan a necesidades locales.
Las cercas y la señal de “Prohibido el paso” dan inicio a la reflexión, e incluso en algunos casos a la organización. Las acciones a pequeña escala y la organización comunitaria son cruciales, e históricamente han sido el principal motor de manejo del espacio verde en las ciudades de nuestro país. Sin embargo, no debemos olvidar la responsabilidad de las autoridades en brindar los recursos humanos y económicos para facilitar estos procesos. Informarse, unirse a una organización, adoptar estrategias de intervención y generar una comunidad activa e interesada en estos proyectos es crucial en la acción política de exigir y provocar cambios sistémicos. Sin estas transformaciones, la recuperación de nuestros espacios siempre será una lucha contra corriente.
Diego Alonso Echánove-Cuevas
Biólogo apasionado por la aplicación de ciencia y tecnologia hacia el bienestar y justicia social.
Aminta Estrada-Leyva
Bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es maestrante en Resiliencia Socioecológica y asistente de investigación en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en Suecia.
1 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Socio-ecological system, 2023.
2 El diseño de supermanzanas reduce el espacio asignado a los coches y permite usos alternativos para mejorar la habitabilidad y la sostenibilidad urbana. Se caracteriza por calles exteriores que rodean manzanas urbanas y la peatonalización de las calles interiores (Eggimann, S., “The potential of implementing superblocks for multifunctional street use in cities”, Nature Sustainability, 5(5), 2022, pp. 406-414).
3 Alarcón, L., y otros. Citizen-Led Urbanism in Latin America: Superbook of civic actions for transforming cities, Interamerican Development Bank, 2022.
4 Instrumento mediante el cual la ciudadanía decide cómo aplicar el recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad para mejorar su entorno