En el momento actual no hay duda de que nos enfrentamos a una crisis climática a escala global. En particular, estamos viendo un rápido incremento en las temperaturas planetarias y una redistribución en las lluvias que ha ocasionado sequías e inundaciones extremas. Las consecuencias de este fenómeno se manifiestan cada año en la agricultura, la ganadería, la infraestructura social y nuestras propias vidas. La investigación más reciente estima que los costos de eventos extremos atribuibles al cambio climático son de aproximadamente 16 millones de dólares por hora.1 Lejos de disminuir, se estima que, si seguimos en el camino actual, el costo se eleve tres veces más para 2050 (50 millones de dólares por hora). No es de sorprenderse que las diferentes naciones estén implementando toda clase de medidas de adaptación frente a este fenómeno.
El núcleo del problema se encuentran las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se trata básicamente de tres moléculas principales: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O),2 que tienen la característica de impedir que la radiación escape del planeta, aumentando su temperatura. Entre mayor sea su concentración en la atmósfera, más radiación se atrapa y más caliente se vuelve nuestro planeta. Si bien estas moléculas existen de forma natural en nuestra atmósfera, lo cierto es que los seres humanos hemos aumentado de manera dramática su concentración y a un ritmo sin precedentes.
Diversas actividades humanas son responsables de este aumento. En particular, todas aquellas que tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, como la industrial, el transporte y la generación de energía eléctrica; pero también las relacionadas con la producción de alimentos y el cambio de uso de suelo, como la deforestación, la ganadería de bovinos y la fertilización excesiva. A raíz de lo anterior se deduce que las emisiones de GEI están íntimamente ligadas con nuestra economía y alimentación, llevando a una fuerte disyuntiva. No podemos reducir drásticamente nuestras emisiones, porque se generarían impactos socioeconómicos profundos, pero tampoco podemos seguir en el camino actual, porque nos enfrentaríamos a un clima completamente desbocado. Por lo tanto, debemos crear estrategias de reducción gradual de emisiones, que permitan el crecimiento económico sin necesidad de liberar GEI, o la llamada descarbonización de la economía.
Los sucesivos acuerdos alcanzados en las diversas Conferencias de las Partes (COP) han llevado a los países a formular una amplia gama de estrategias nacionales orientadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, un proceso conocido como mitigación climática. Los compromisos internacionales buscan que prácticamente todo el mundo llegue a emisiones cero para finales de este siglo, y en particular que las naciones más emisoras lleguen a cero para 2050. México ha suscrito dichos acuerdos y se comprometió a reducir sus emisiones en un 35 % para 2030. A un par de años de dicho acuerdo, es un buen momento para revisar cómo vamos en materia de compromisos climáticos
Dos políticas irreconciliables
México tiene una larga historia de crear política internacional por un lado y contraponerla con una política nacional exactamente opuesta. Lamentablemente este también es el caso con nuestros compromisos de mitigación. En el papel pueden sonar ambiciosas, nos pintan como un país “verde” y comprometido; en la realidad, estamos haciendo exactamente lo opuesto a lo que nos comprometimos.
La política de mitigación real se ha visto completamente obnubilada por dos grandes decisiones políticas: la eliminación de la posibilidad de generar energías alternativas en México3 a través de la reforma energética y la creación de una gigantesca refinería de petróleo (aún está por verse si funcionará algún día). Está claro que la apuesta energética nacional es y sigue siendo el uso de combustibles fósiles. Una visión arcaica, que piensa en México como un gran país productor de petróleo, pese a que sus yacimientos se están agotando rápidamente.4 La renta petrolera en 2021 representó 2.1 % del PIB nacional.
A pesar de ello, nuestras políticas formales de mitigación destacan dos iniciativas principales: la inversión y el empleo de energías renovables, gestionadas exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el fomento de la captura de carbono a través del proyecto Sembrando Vida, enfocado en nuestros bosques. Para la primera se ha asignado un presupuesto millonario de 1600 millones de pesos a cargo de la CFE. Esta cifra es aparentemente importante, pero antes de la política energética actual, la inversión privada en la rama rondaba los 6000 millones de pesos y cayó a solamente 700 en 2019. En otras palabras, la visión estatista de la energía no llega ni a la cuarta parte de lo que se tenía antes. En términos del segundo proyecto, su incidencia está aún por verse y sus beneficios ambientales han sido ampliamente criticados por tener una visión homogeneizadora de la naturaleza y favorecer la tala de bosques en recuperación.
No obstante, toda esta historia no se basa únicamente en críticas informadas. Existe evidencia contundente que demuestra el impacto de las políticas energéticas en la mitigación del cambio climático: el total de las emisiones nacionales de CO2. Estos datos son objetivos, medibles y replicables. Se obtienen a partir de factores de emisión y uso de combustibles fósiles, mediante satélites, con mediciones atmosféricas directas y modelos de transporte atmosféricos. En otras palabras, tienen una altísima certidumbre, proveniente de una plétora de observaciones independientes. Estos datos muestran un aumento claro e inequívoco de las emisiones de CO2 en los últimos dos años. De hecho, los niveles para 2022 son los más altos en la historia de nuestro país.
Durante el periodo 1990-2012 las emisiones de CO2 de México aumentaron a una tasa anual de 8.6 millones de toneladas. En 2012 ocurrió un cambio estructural5 en la tasa anual de emisiones que llevó a que, en lugar de crecer, las emisiones se redujeran en 4.4 millones de toneladas por año. Es decir, las emisiones de CO2 del país habían llegado a su máximo en 2012 para después tener casi una década de reducción continua. Esto coincide con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Reforma Energética de 2021 esta tendencia se revirtió y en 2022 el país alcanzó un nuevo máximo histórico, muy por arriba del valor registrado en 2012.
Figura 1. Datos de emisiones de dióxido de carbono de México desde 2000-2022 en Millones de Toneladas
Además, el aumento en emisiones observado en 2022 fue el más extremo en toda la historia del país y uno de los mayores en el mundo: un crecimiento de 9.2 % en un solo año. Uno podría justificar dicho aumento debido a un crecimiento económico de un 3.9 % ese año. En otras palabras, nuestras emisiones aumentaron mucho más rápido que sus beneficios económicos inmediatos. Lejos de descarbonizar la economía, estamos intensificando la utilización de combustibles fósiles a una escala sin precedentes.
En resumen, las políticas fósiles han rebasado por mucho lo que se ha impulsado en materia de mitigación. Este camino no sólo plantea un escenario en el que básicamente será imposible cumplir las metas de reducción de emisiones, requiriendo ahora una disminución del 45 % para alcanzar los niveles pactados. Nos enfrentamos al riesgo palpable de violar tanto las normativas internacionales como las leyes nacionales de cambio climático. ¿Es este el futuro que queremos?
Guillermo N. Murray Tortarolo
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad
Francisco Estrada
Coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, UNAM
Este texto es una colaboración de nexos con el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM (PINCC)
1 Newman, R., y Noy, I., “The global costs of extreme weather that are attributable to climate change”, Nature Communications, 14(6103), 2023
2 No son las únicas, pero entre estas tres representan el 95% de todo el efecto invernadero antrópico.
3 Recordemos que en 2021 se reformó la ley energética promulgada en el gobierno del presidente Peña Nieto, eliminando prácticamente la posibilidad de empresas para generar energía limpia.
4 La máxima producción de barriles de petróleo nacional se dio en 2003 y de allí ha tenido un declive constante. La producción de 2023 fue inclusive menor a la de 1980, léase hace 50 años producíamos más que ahora.
5 Para evaluar la existencia de un cambio estructural en la tasa de emisiones de CO2 en México se utilizó prueba Perron-Yabu. Los resultados muestran que en 2012 ocurrió un cambio estructural estadísticamente significativo (p<0.05) en la tasa de emisiones de CO2 de México. Para realizar esta prueba se escogió el periodo 1990-2019 para evitar el efecto de la pandemia y el cambio en la política energética más reciente.
Son muy interesantes e ilustrativos sus publicaciones. Gracias
Muy buen análisis de una triste realidad. La gráfica es impactante.