La perspectiva medioambiental ha sido central en las críticas al Tren Maya, destacando sus impactos en los cenotes, manglares y bosques tropicales de la península de Yucatán. A esta crítica ecológica se suma una preocupación culturalista sobre los efectos del Tren Maya para la preservación del estilo de vida de las comunidades indígenas de la región. Un ejemplo de esta amalgama es el veredicto del Décimo tribunal local por los derechos de la naturaleza, que califica al Tren Maya como causante de “crímenes de ecocidio y etnocidio”. Sin embargo, en esta perspectiva, tanto los bosques tropicales como sus habitantes indígenas serían sujetos homogéneos y estáticos situados en los márgenes de la historia occidental, de la civilización moderna y del capitalismo industrial, por lo que cualquier contacto con el “exterior” amenazaría su existencia.
La consigna “Sévalme del Tren” ejemplifica las prenociones de estas críticas sobre el Tren Maya. Tan utilizado, el término “selva” tiene una historia y una etimología reveladoras: para los romanos, la silva designaba a todo lo que se encontraba fuera de sus ciudades, pueblos y granjas, incluyendo a los habitantes de los bosques considerados no domesticados. Esta visión se importó durante la colonización española, por lo que los bosques tropicales eran fronteras agrestes (la “montaña”) que impedían el establecimiento duradero de la “policía cristiana”. Actualmente, la selva como espacio antitético de la civilización ha tomado un cariz positivo, especialmente cuando está poblada por comunidades indígenas: dado a que sus habitantes son más “sensibles” a la naturaleza que les rodea, su conservación evitaría el cataclismo climático causado por Occidente.
Esta perspectiva, aunque relevante frente a la catástrofe climática y el racismo ambiental, pasa por alto los aspectos sociológicos y políticos de las comunidades indígenas donde se establecerá el Tren Maya. En particular, ignora las dinámicas de privatización del territorio en ejidos mayas cuya organización jurídica, social y económica gira en torno al “aprovechamiento forestal”. A partir de mi experiencia en varios ejidos mayas del municipio de Felipe Carrillo Puerto desde 2021, en este artículo, busco sugerir que las críticas al Tren Maya deben ir más allá de sus efectos sobre la “selva”, para analizar este megaproyecto en el marco de las interacciones entre las poblaciones indígenas y las manifestaciones locales del capitalismo internacional.
El bosque como mercancía
Aunque la península de Yucatán se percibe como una frontera lejana de México, nunca ha sido una región periférica habitada por poblaciones indígenas aisladas. Desde la Colonia, los mayas negociaron su autonomía a través del intercambio constante de productos forestales como la cera y el palo de Campeche. Durante la Guerra de Castas, los mayas “macehuales” mantuvieron su independencia gracias al comercio de maderas preciosas y chicle con la corona británica en Belice. Contrariamente a la imagen de un Edén selvático e indígena, las comunidades mayas siempre han sido colectivos en constante evolución, los cuales han garantizado su sustento interactuando con actores, instituciones y mercados internacionales, incluso participando en actividades que transforman el bosque tropical en una mercancía.
Desde la década de 1980, los bosques tropicales de Quintana Roo están atravesados por las instituciones y cadenas de valor del aprovechamiento forestal comunitario, promovido tras la quiebra del modelo silvícola basado en concesiones a paraestatales. Actualmente, todo “ejido” tiene su programa, generando ingresos mediante la tala de madera; la fabricación de artesanías con bejuco para turistas; contratos estatales para la provisión de “servicios ambientales”; y, más recientemente, la venta de bonos de carbono y el ecoturismo. Así, las poblaciones indígenas que poseen colectivamente los bosques tropicales de la región están constantemente implicadas en negociaciones comerciales y acuerdos de trabajo con empresarios y burócratas que buscan asignar un valor económico al territorio, sus ecosistemas y comunidades.
Dado el envejecimiento de los ejidatarios, la emigración laboral de los jóvenes, y el bajo rendimiento de las milpas, muchos ejidos a proximidad del Tren Maya dependen de la extracción forestal, relegando los usos agrícolas del bosque. La caída de los precios de las maderas preciosas en 2008 y el auge de un estilo arquitectónico “selvático” en la Riviera Maya han llevado a muchos ejidos a centrarse en extraer troncos de árboles para la construcción hotelera. Se ha vuelto más rentable utilizar los “huamiles” (milpas en barbecho) para extraer madera de construcción que aprovecharlos para la agricultura itinerante. Además de sobrepasar los límites legales de extracción, la demanda de madera de construcción ha contribuido a la lotificación informal de las áreas agrícolas de los ejidos, dado que cada ejidatario busca restringir el acceso a la vegetación que ya no se utiliza para sembrar milpas.
Aunque los polígonos ejidales para la extracción de “madera en rollo” (troncos gruesos para tablas) siguen siendo de propiedad colectiva y no pueden ser desmontados para la agricultura bajo amenaza de multa, muchos ejidos han experimentado una atomización en su organización social, especialmente en la gestión de los ingresos derivados de la explotación forestal. Ante acusaciones de mal manejo por parte de antiguos comisariados ejidales, muchos ejidos forestales se han subdividido en grupos de trabajo. Estos grupos, en detrimento de la asamblea ejidal como entidad de toma de decisiones colectivas, establecen independientemente contratos con empresarios externos. En algunos casos, el volumen total de extracción de madera aprobado por la Semarnat se distribuye informalmente a nivel individual, haciendo que cada ejidatario sea “dueño” de su propia madera y responsable de su venta.
La individualización de los recursos forestales ha generado desigualdades internas, dividiendo a los ejidos entre quienes solo pueden vender su parte del volumen colectivo para obtener ingresos inmediatos y quienes pueden asumir los costos de transformar la madera. Esta dinámica ha llevado a algunos líderes locales a proponer la conversión de las áreas destinadas al aprovechamiento forestal de propiedad ejidal a privada, buscando la “autonomía” y “prosperidad” que asocian a ejidos cercanos de población mestiza, caracterizados por plantaciones de cítricos, sembradíos mecanizados y ranchos ganaderos en parcelas lotificadas. Para algunos ejidatarios, esta parcelación podría ser compatible con la conservación ambiental al permitirles acceder individualmente a créditos y apoyos mediante proyectos de plantaciones forestales.
Negociar el Tren Maya
Los ejidos mayas han internalizado la idea de que el territorio y sus elementos vegetales pueden convertirse en mercancías con la intervención de ingenieros forestales, empresas extranjeras e instituciones gubernamentales. En estas comunidades, las discusiones no giran en torno a la moralidad de la explotación económica de la naturaleza, sino sobre cómo distribuir los beneficios monetarios obtenidos. Esta percepción del territorio como mercancía se basa también en la apropiación de las reformas neoliberales al artículo 27 constitucional en 1992: la “capitalización de la tierra”, que Gabriela Torres Mazuera define como “la acumulación de trabajo sobre un área dada que le imprime valor económico”, es compatible con la comprensión maya de la relación entre el trabajo y la propiedad. En la cultura maya de Quintana Roo, los dueños legítimos de un terreno y todo lo que crece en él son aquellos que desmontan el bosque tropical para trabajarlo y ocuparlo. Por lo tanto, los ejidatarios delimitan sus ranchos, milpas y huamiles, rechazando el precepto de que el bosque ejidal es de uso común.
En este contexto, el ejido funciona más como un instrumento legal para captar recursos colectivamente y luego distribuirlos individualmente, en lugar de ser un mecanismo de propiedad comunal con usufructo personal. Por lo tanto, las discusiones sobre la repartición de los ingresos de los “programas” forestales se formulan en términos de quiénes tienen “derecho (a beneficiarse)”. Tras la firma de un contrato de provisión de bonos de carbono en un ejido cerca del Tren Maya, los ejidatarios mayores se cuestionaban si podrían recibir una mayor parte de las ventas debido a la mayor cantidad de hectáreas que afirmaban tener en sus certificados de derecho agrario, en comparación con los ejidatarios admitidos durante la última ampliación del padrón ejidal. Como resultado, mujeres, jóvenes e infantes han sido desafectados del ejido (más de la mitad de los ejidatarios a nivel nacional son hombres mayores de 50 años), a pesar de contribuir a las tareas de cuidado necesarias para obtener este tipo de programas, como el combate a incendios forestales.
En lugar de adoptar perspectivas ecologistas o culturalistas, las discusiones entre ejidatarios y sus hijos se centran más en el acceso a los beneficios económicos de la construcción y operación del Tren Maya, el uso de los terrenos adyacentes y la relación con los programas forestales en los que participan. En una asamblea que presencié en verano de 2022, un grupo de jóvenes ejidatarios, liderados por un profesional de Felipe Carrillo Puerto, intentaron postergar la expropiación de 129 hectáreas para la construcción del Tren Maya con el objetivo de presionar al gobierno para que aumentara el precio por metro cuadrado. Aunque no lograron posponer la firma debido al apoyo mayoritario de los ejidatarios que deseaban recibir la indemnización inmediatamente, el precio de la expropiación se elevó de 40 a 66 pesos por metro cuadrado, dado que argumentaron que el cálculo gubernamental no consideraba el valor del volumen de madera que sería derribado, y que esta acción era incompatible con el compromiso de conservación recientemente firmado con una empresa de bonos de carbono.
Al regresar a este ejido durante el verano de 2023, en plena construcción del Tren Maya, muchas personas expresaban su preocupación por la incertidumbre generada por este megaproyecto. Un número creciente de ejidatarios ha vendido informalmente sus derechos agrarios a ingenieros forestales y empresarios madereros que buscaban obtener derechos de voto en las asambleas y acceso preferencial a los recursos forestales. Como estas ventas no han sido registradas en el Registro Agrario, los ejidatarios originales han recibido indemnizaciones por la construcción del Tren Maya, enfrentándolos a presiones de los compradores foráneos. La preocupación es que nuevos inversores también podrían adquirir derechos agrarios para acaparar la actividad económica posterior al megaproyecto. Muchos trabajadores temporales de la megaobra habían comprado terrenos en el ejido con la intención de asentarse permanentemente. A algunas mujeres les preocupa que esta dinámica atraiga a “gente de todo tipo” (éentas máak), incrementando la criminalidad y desarticulando las redes comunitarias de solidaridad.
¿Cómo cumplir las promesas?
Muchos hombres en Quintana Roo ven el Tren Maya como un paso crucial para resarcir agravios históricos desde la colonización, considerándolo incluso como el cumplimiento de una promesa en el A’almaj T’aan, el libro profético de Juan de la Cruz, líder mesiánico durante la Guerra de Castas. No obstante, para cumplir con tan altas expectativas, el gobierno debe plantear estrategias de mitigación en términos de derecho agrario y economía ejidal, contrarrestando las estrategias de privatización y despojo en la península de Yucatán. Dado que muchos ejidatarios ven la parcelación formal del territorio como una forma de protegerse ante la llegada de actores económicos poderosos, el gobierno debe sustituir la actual lógica del “aprovechamiento sustentable”, que iguala los incentivos económicos con la conservación ecológica, por una perspectiva de cuidados colectivos del territorio biocultural indígena. Una estrategia inmediata sería mandatar la inclusión de mujeres y jóvenes en las instancias ejidales de toma de decisiones; impulsar la productividad milpera mediante la transferencia de saberes tradicionales; y establecer una política legal de interculturalidad mediante traductores y acompañamiento jurídico en maya.
Para garantizar que la inminente inauguración del Tren Maya traiga beneficios a las comunidades de la península, sus críticos y sus promotores necesitan ver más allá de la selva, y considerar la realidad actual del ejido forestal maya.
Josemaría Becerril Aceves
Estudiante de doctorado en antropología social en la Escuela de estudios superiores en ciencias sociales (EHESS) de París.