El tren maya, como proyecto estrella de la administración actual, le ha quitado visibilidad a otros megaproyectos que, en fechas recientes, amenazan con alterar irreversiblemente, los ecosistemas y las relaciones sociales en la península de Yucatán. Aunque el tren y la industria turística en general tienen implicaciones en el territorio por sí mismos,1 considerar el impacto de otros megaproyectos existentes, así como las condiciones geográficas y sociohistóricas en la península permite tener una visión contextual y entender por qué el proyecto de un tren turístico/de carga no hace más que ahondar una crisis socioambiental con raíces históricas profundas.
Ilustración: Víctor Solís
El contexto geográfico e histórico
La primera variable por considerar tiene que ver con el entorno geográfico, específicamente con el Karst, el tipo de suelo prevaleciente en la península de Yucatán. El Karst es un tipo de roca porosa que permite la filtración de agua de la superficie al subsuelo y que impide la acumulación de materia orgánica en la superficie.2 El Karst es el tipo de suelo responsable de la existencia de cenotes en gran parte de la península y en Yucatán en específico. Por ese motivo la península no cuenta con cuerpos superficiales de agua de tamaño significativo, como ríos o lagos; en cambio, sí tiene abundantes cantidades de agua dulce en sus redes subterráneas. Por esa razón, el acuífero peninsular es particularmente vulnerable a actividades contaminantes, la interconexión entre estas redes subterráneas significa que contaminar una parte del acuífero en un punto específico puede afectar el líquido en regiones aparentemente lejanas.
Un segundo punto viene dado por las dinámicas socioambientales en cuanto al acceso, distribución y uso de recursos naturales. Alguna vez de uso comunal, el K’ax (monte) maya ha estado sujeto a procesos de reordenamiento territorial que han provocado el despojo de tierra en contra de los habitantes rurales y de clase trabajadora en la península por más de 150 años.3 Estos procesos de ordenamiento territorial injusto han encontrado justificación en la ley, así como apoyo en funcionarios gubernamentales que favorecen a grandes propietarios, élites locales o compañías privadas, cuyo acceso a la tierra ha permitido la acumulación de capital gracias a que consiguen energía barata, en la forma de recursos naturales, pero también de trabajo forzado, esclavitud y, en general, condiciones de vida indignas para aquellos sectores que, despojados de sus tierras, no han tenido más salida que trabajar en haciendas henequeneras, maquiladoras o industrias turísticas de alto impacto, según la época.4
En tal escenario, los megaproyectos que buscan, paradójicamente, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la península basados en premisas económicas neoclásicas y enfoques macroeconómicos, ahondan tales procesos de deterioro ambiental y despojo de tierra. Contrario a lo que la agenda pública nacional deja ver, hay otros megaproyectos en la península que contribuyen a profundizar la crisis.
I. Proyectos de energía eólica y solar
La organización Geocomunes ha documentado un total de 19 proyectos eólicos y 20 solares en la península, que ocupan 40 644 y 6 532 hectáreas respectivamente.5 La gran mayoría de estos megaproyectos han sido concesionados a sectores privados, con giros como hotelería, cadenas de autoservicio, cerveceras o aeropuertos. La asignación de muchos de estos proyectos se hace de manera jerárquica y privilegiando criterios económicos, sin tener en cuenta las especificidades del terreno donde estarán situados, como la cercanía con comunidades, la afectación a fauna local o el equilibrio ecosistémico regional.
Como Articulación Yucatán ha documentado, la ubicación de muchos de estos parques implica deforestación a gran escala,6 lo cual trae efectos diversos para las comunidades cercanas y, para la sociedad en general, además de que tiene como consecuencia la inevitable pérdida en la capacidad de captura de carbono y la pérdida de biodiversidad. La tala a gran escala puede modificar el microclima local y provocar la aparición de islas de calor, o disminuir la capacidad de absorción de agua en la superficie, lo que incrementa la probabilidad de inundaciones en una zona de ciclones como la península.
Las concesiones para la construcción de estos parques requieren, en muchos casos, del cambio de uso de suelo y de la compra de estos terrenos a las comunidades y pequeños propietarios a través de intermediarios. Con base en corrupción y engaños, pero también en mecanismos institucionales legales en la adquisición de terrenos, los intermediarios incentivan procesos de despojo de tierra que garantizan el acceso a energía barata para aquellos actores con poder económico, al tiempo que proyectos comunitarios de energías renovables siguen sin ser reglamentados y promovidos en la ley.
II. Granjas industriales
Las granjas industriales porcícolas y avícolas son un proyecto principalmente yucateco. En el estado se encuentran 228 granjas con distintos tamaños que requieren de un uso intensivo de agua, y que además contaminan el acuífero al descargar los excrementos de los animales y los productos químicos empleados para su cría. Las granjas como megaproyecto han buscado el aumento en la producción de carne de importación a mercados internacionales, sobre todo en Asia, principalmente a través de la empresa Grupo Kekén, cuya presencia en la región incentiva la presencia de compañías más pequeñas que “maquilan” cerdos para tal consorcio.
El crecimiento de este sector se ha dado al amparo de autoridades gubernamentales que facilitan, al punto de banalizar, la obtención de Manifestaciones de Impacto Ambiental7 que benefician al sector privado al tiempo que justifican los daños al ecosistema con la creación de decenas de empleos precarios, bajo el supuesto de que ello incentiva el crecimiento económico y el desarrollo en la región. En ese sentido, la contaminación de mantos acuíferos no sólo afecta a las personas que usan el agua con fines domésticos, sino también a proyectos alternativos de desarrollo local que se benefician de un acuífero limpio. Ese es el caso de la apicultura o el turismo local alrededor de los cenotes en poblaciones como Homún, cuya economía se organiza en gran medida en torno al turismo y beneficia directamente a los habitantes del lugar, sin la mediación de ningún consorcio turístico privado.
III. Plantaciones de soya transgénica
Las plantaciones de soya transgénica en la península son un componente esencial de la cadena de suministro de las granjas industriales, pues ellas producen gran parte de la soya que alimenta al ganado en las granjas. Aunque dispersas, gran parte de las plantaciones se encuentran en los municipios de Tizimín en Yucatán, Hopelchén en Campeche y Bacalar en Quintana Roo, y están ligadas a grandes propietarios privados como grupos menonitas o empresas como EnerAll, de Alfonso Romo. El boom en el cultivo de soya transgénica comenzó en 2013 y ha seguido creciendo de manera sostenida, a pesar de las múltiples resoluciones judiciales que han prohibido su siembra en México. En 2017, la soya transgénica ocupaba poco más de 50 000 hectáreas en toda la península.8
Los monocultivos transgénicos requieren de la deforestación de grandes superficies para ser productivos y de agroquímicos que son descargados en el vulnerable acuífero peninsular y que, en última instancia, terminan en el semen, la orina y la leche materna de las personas.9 Adicionalmente, grupos como el Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes en Hopelchén, Campeche han evidenciado que los transgénicos ponen en peligro la calidad de la miel producida por abejas meliponas,10 endógenas de la región y distintivo identitario de gran parte de los pueblos mayas de la península.
Megaproyectos adicionales como el tren maya deben ser dimensionados en este contexto, pues su operación no se restringe a la industria turística. El tren sirve también para abrir paso a estas y otras industrias, financiadas por capital extranjero, como cuencas lecheras o proyectos de refrigeración, según lo dicho por Rogelio Jiménez Pons.11 El proyecto, además de transportar turistas a lo largo de la península, también facilitará las condiciones para que proyectos nacionales y extranjeros, una vez más, accedan a energía barata en la forma de recursos naturales, infraestructura de transporte o trabajo precario para participar en mercados globales, con muy poco beneficio económico para las sociedades locales, y sí un daño significativo al equilibrio socioambiental y a la sustentabilidad regionales.
Francisco Montaño
1 Cristina Ayala Azcarraga y Rodrigo Pacheco-Muñoz 2020, “Desarrollar la peninsula, perpetuar la pobreza”, nexos.
2 Bautista, Francisco, and Yameli Aguilar, 2006, “Los suelos del estado de Yucatán”, Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán, editado por R. Duran and M. Mendez, 14-16. Merida: CICY, PPD-FMAM, Conabio, Seduma.
3 Yam, Inés Ortiz, 2011, De Milperos a Henequeneros, El Colegio de México.
4 Othón Baños, 2017. Globalización y Cambio Social en la Península de Yucatán: Una aproximación sociohistórica, UADY.
5 Geocomunes et al., 2020, Expansión Capitalista y Propiedad Social en la Península de Yucatán.
6 Articulación Yucatán, “Riesgos Socioambientales”.
7 Rodrigo Llanes, 2020, “Represión opaca Informe”, El Diario de Yucatán.
8 Geocomunes et al., 2020, Expansión Capitalista y Propiedad Social en la Península de Yucatán.
9 Ángel Polanco, 2015, “Contaminación del Agua y Bioacumulación en el Ser Humano de Plaguicidas Organoclorados en el Estado de Yucatán, México”, Revista de la Universidad Marista de Mérida.
10 Angélica Enciso, 2018, “Peligra agricultura en Campeche por soya transgénica”, La Jornada.
11 Jesús Rangel, 2020, “A ejidatarios e indígenas, los primeros frutos del tren maya”, Milenio.