El Proyecto Integral Morelos (PIM) es un megaproyecto energético e hidroextractivista impulsado por el Estado mexicano en asociación con las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás en un intento por reconfigurar urbana e industrialmente las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Este proyecto implica continuar con el uso de combustibles fósiles como materia prima para la generación de electricidad, así como un alto consumo de materiales, energía y recursos hídricos.
Por el tipo de tecnología y recursos naturales que se emplean para la generación de energía eléctrica, el PIM ha sentado ciertas condiciones territoriales de degradación socioambiental. En las comunidades donde se desarrolla, se ha gestado un proceso de resistencia social que se opone fervientemente a su puesta en práctica. Este movimiento en defensa del agua denuncia el despojo y contaminación hídrica, evidencia los problemas latentes que su construcción y entrada en operación generaría en la salud de la población, y advierte sobre los procesos de industrialización y urbanización del territorio.
A continuación, se esbozan detalles del Proyecto Integral Morelos y se exponen las fuerzas y los intereses que están detrás del conflicto, así como las razones por las que se busca defender el agua y el territorio.
Ilustración: Víctor Solís
Evolución política del proyecto
Desde 2008, el entonces presidente Felipe Calderón se propuso —desde un discurso desarrollista— convertir el estado de Morelos en un bastión de la producción de energía eléctrica. En 2011, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó concesiones para la construcción de la infraestructura que contempla el PIM a dos empresas españolas: Abengoa y Elecnor. Posteriormente, Enrique Peña Nieto dio continuidad al PIM y le otorgó el carácter de proyecto estratégico para el desarrollo del sector energético nacional. A finales de 2012, la empresa española Enagás comunicó que había alcanzado un acuerdo para asociarse con Elecnor con una inversión inicial de 270 millones de dólares.
La postura de Andrés Manuel López Obrador respecto al PIM ha ido cambiando con el paso de los años. En mayo de 2004, durante un acto público en el municipio de Yecapixtla, expresó su solidaridad con el movimiento de lucha y resistencia en torno a este proyecto y se pronunció abiertamente en contra de la construcción de la infraestructura que lo integra. Posteriormente, al llegar a la Presidencia de México en 2018, cambió su postura y pasó a estar a favor del PIM; incluso señaló a quienes se oponían a éste como “radicales de izquierda” y “conservadores”. Al mismo tiempo, comenzó a defender y justificar la inversión realizada por las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas para la construcción de su infraestructura. Actualmente, ha insistido en que el PIM servirá para generar beneficios sociales, ya que el Estado, por medio de la CFE, garantizará la soberanía energética de Morelos y dotará de electricidad de bajo costo a las comunidades del oriente de la entidad.
Pese a las críticas del presidente al neoliberalismo, el PIM representa un proyecto emblemático de acaparamiento, sobreexplotación y contaminación del ambiente. Además, por sus dinámicas industriales, extractivas e inmobiliarias, puede generar zonas de emergencia y conflicto socioambiental en Puebla, Tlaxcala y Morelos y sumarlas a territorios con un alto grado de degrado ambiental y afectaciones graves en la salud de sus pobladores como Minatitlán, Coatzacoalcos, Tula-Hidalgo y la región Lerma-Chapala. Lo último es producto del complejo entretejido de corredores urbano-industriales, redes de comunicación y transporte multimodal, plantas termoeléctricas, rellenos sanitarios y minas a cielo abierto que abundan en dichos espacios geográficos.
¿Qué es el Proyecto Integral Morelos?
Con una inversión superior a los 1100 millones de dólares, el PIM contempla, en una primera fase, la construcción de tres megaestructuras en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos (Figura 1). Estas servirán para la producción de energía eléctrica a través de la quema intensiva de gas de lutita(shale) y el sobreconsumo y contaminación de agua.
La primera de las estructuras del PIM es una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (CTCC) que se ha construido en la localidad de Huexca, ubicada al oriente del estado de Morelos en el municipio de Yecapixtla. Su propósito principal es generar 642 MW de electricidad para abastecer a los parques industriales y minas a cielo abierto que actualmente se promueven en la entidad. La CFE ha cedido su poder en favor de las empresas europeas Abengoa, Elecnor y Enagás para construir una infraestructura enorme, enfocada a la producción de energía.
La segunda megaestructura del PIM es un gasoducto de 172 km de longitud proveniente de las comunidades de Esperanza-Venta de Carpio y Cempoala-Santa Ana en el estado de Tlaxcala. Consiste en una red de ductos de 30 pulgadas de diámetro que busca transportar diariamente 320 millones de pies cúbicos (MMPCD) de gas de lutita extraído mediante fracturación hidráulica (fracking) en los yacimientos de Estados Unidos. El 34.5 % del gas importado y transportado por el gasoducto será utilizado por los parques industriales de Morelos; el 65. 5 % restante servirá para alimentar a la CTCC.
La tercera estructura que contempla el PIM es un acueducto de 132 km de longitud que transportará 240 litros por segundo (l/s) de agua residual excretada por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de Cuautla, la cual dejará de ser vertida directamente al Río Cuautla para enfriar las turbinas de la CTCC. Posteriormente, esta agua será devuelta al caudal principal de dicho río.
Impactos socioambientales y la defensa del agua
El PIM representa un riesgo para la seguridad ambiental, hídrica y de salud para las tres entidades, pero es en Morelos donde se vive el mayor riesgo de una eventual devastación ecológica del territorio. Es en esta entidad donde confluyen la CTCC, el gasoducto y el acueducto.
De llevarse a cabo, el PIM provocará contaminación, saqueo y sobreexplotación de la riqueza hídrica del oriente del estado de Morelos. El caudal del Río Cuautla se perfila como el cuerpo superficial de agua que el proyecto afectará directamente. Ante este escenario, deben considerarse las afectaciones indirectas que los procesos de urbanización e industrialización impulsados por este megaproyecto generan sobre la red de manantiales, apantles y achololes que continúan siendo fuente de abastecimiento de agua de riego para los casi 5000 ejidatarios que cultivan en la región.
En este sentido, la construcción y pruebas de funcionamiento de las tres megaestructuras que componen el PIM han provocado un conflicto, pues hay quienes se resisten a la contaminación y sobreexplotación latente de las riquezas hídricas del territorio.1 El núcleo del conflicto socioambiental que ha generado el PIM está en la organización de los habitantes de las comunidades afectadas, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la Red Nacional de Resistencia Civil de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y diversos actores sociales y académicos. Desde esta base campesina se ha conformado un movimiento social de lucha y resistencia en defensa del agua y de la tierra.
Este proyecto crea escenarios de riesgo y vulnerabilidad, amenaza los vínculos comunitarios, viola derechos humanos y ambientales, y criminaliza a los defensores de los territorios involucrados. El asesinato de Samir Flores ocurrió en este contexto. De realizarse, el PIM es un proyecto que —sin considerar el principio precautorio— contaminará el aire, agua y suelo, ocasionará despojo y especulación con las tierras del estado de Morelos, y perpetuará el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.
El PIM: un proyecto inviable
Ante la crisis ambiental e hídrica en la que se encuentra el estado Morelos, se puede aseverar que el PIM es un proyecto inviable. El Estado mexicano oferta y promueve el PIM como un megaproyecto que permitiría alcanzar la soberanía energética de Morelos. Sin embargo, el mayor consumo energético de la entidad es el del sector industrial (46.5 %); mientras que, en segundo y tercer lugar se encuentran el de uso residencial (22.3 %) y comercial (16.5 %). Tal disparidad en el consumo de electricidad en Morelos hace desconfiar del discurso oficial respecto al uso de energía producida por la CTCC.
Por estos motivos, se considera que los verdaderos beneficiarios del PIM serían empresas como Saint Gobain, Continental, Burlington, Nissan y Bridgestone, así como otros actores privados y gubernamentales que buscan afanosamente convertir a Morelos en un polo de desarrollo industrial de la región centro de México. Esto incluye a quienes inviertan en la construcción de nuevos parques industriales en los municipios de Yecapixtla, Yautepec, Tetela del Volcán y Xochitepec. Además, la energía producida por la CTCC serviría para la compañía canadiense Alamos Gold, que busca abrir una gigantesca mina a cielo abierto para sacar oro y plata del Cerro del Jumil.
Consideraciones finales
La realidad en torno al PIM es lejana a la presentada por el discurso del Estado mexicano. Este proyecto representa una fuente de ganancias extraordinarias para el sector privado, industrial e inmobiliario, a un costo socioambiental inmenso en los territorios y en las comunidades directamente afectadas por la construcción y posible operación de las megaestructuras que lo integran. Es claro que tiene que impedirse a toda costa que entre en funcionamiento; de lo contrario, se le estaría dando la estocada final a la seguridad de la región. De ahí que el movimiento de resistencia siga vigente; así lo demuestra la defensa del agua por parte de las comunidades que se organizan para resistir y luchar contra las prácticas de acaparamiento, despojo, sobreexplotación y contaminación de las comunidades del oriente del estado de Morelos afectadas por el proyecto. Además, este movimiento popular en defensa del ambiente y de la vida busca rescatar y mantener la vocación campesina que históricamente ha distinguido a la entidad.
No queda duda de que el gobierno federal actúa en favor de intereses privados enmarcados en el PIM, aun cuando dicen hacerlo para impulsar el desarrollo económico nacional. De no reconsiderar este proyecto y sus implicaciones sociales y ambientales, estos territorios se sumarán a la larga lista de zonas devastadas en el país.
Josemanuel Luna-Nemecio
Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas
1 González Chévez, L. (2020), “Proyecto Integral Morelos: sus impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los ejidatarios del municipio de Ayala”, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca: UAEM-CICSER
Como siempre, nuestros gobernantes solo piensan llenarse los bolsillos a consta de la salud de los ciudadanos. Los ricos siempre buscara una manera para enriquecerse, esperemos que este proyecto no se concrete por el bien de los estados involucrados.