La pandemia y la guerra en Ucrania han impactado los mercados energéticos globales y por ende a las transiciones energéticas en el mundo. Esta situación se siente como un déjà vu. ¿No habíamos experimentado algo parecido antes con experiencias como el embargo petrolero de la OPEP en 1973, la crisis de petróleo en 1979, el colapso del precio en 1986, y la guerra iraquí en 1991?

Egipto resultó un retroceso respecto a Glasgow, lo cual es mucho decir. La propuesta de alcanzar el pico de las emisiones en el 2025 fue abandonada. A cambio, se dio como premio de consolación la promesa de crear un fondo para pérdidas y daños, antigua demanda de los países pobres. No existe motivo de celebración: nadie sabe quién aportará ni cuánto aportará a este fondo.

¿Es razonable esperar que Estados Unidos tenga un protagonismo o incremente sus compromisos de acción climática durante la COP27 en Sharm el-Sheikh? ¿Qué herramientas le quedan en su política doméstica que reflejen un renovado y ambicioso compromiso internacional?

El 30 de junio, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo que restringe severamente la capacidad del Gobierno federal para combatir el cambio climático por medio de regulaciones. El tribunal determinó que la Agencia de Protección Ambiental no tiene la autoridad para regular de manera amplia las centrales eléctricas de carbón y gas.