Estados Unidos sólo podría cumplir sus compromisos ambientales en el plano internacional —tales como la reducción de emisiones y la ayuda ofrecida a los países en vías de desarrollo— si logra introducir regulaciones a nivel federal para por fin ponerle precio al carbono. Esto no es tarea menor, pues el presidente Joe Biden estará en medio de dos presiones: una proveniente de los movimientos radicales que lo ayudaron a ganar las elecciones y ahora exigen que cumpla sus promesas, y otra de aquellos republicanos en el Congreso y el Senado que cuidan los intereses del sector de energía fósil y que siempre han gozado de privilegios. ¿Podrá el nuevo presidente encontrar el equilibrio delicado, tener contentos a todos y sacar adelante su proyecto con respecto al cambio climático? ¿Alcanzará, como promete, convertir a su país en el líder mundial del clima, convirtiendo el legado de Trump en un episodio desafortunado corto? La realidad es que el panorama no se ve nada fácil.
Ilustración: Víctor Solís
El plan Biden
El plan de Biden sobre el clima (PB) señala cuatro crisis que a su juicio enfrenta su país: la pandemia de coronavirus, la crisis económica, la supremacía blanca y el cambio climático. El documento subraya que la crisis climática no es una crisis aislada, sino que está enraizada en las otras.
Las metas centrales del PB son las siguientes: hacer de Estados Unidos una nación moderna en materia de infraestructura hídrica, de transporte y energética; convertirse en el primer país en alcanzar las cero emisiones netas en el sector agrícola; reintegrarse al Acuerdo de París y recuperar el liderazgo global en la materia; traer de vuelta los estándares de eficiencia de combustibles y hacerlos más ambiciosos; desarrollar infraestructura y estaciones de carga para vehículos eléctricos, ofrecer incentivos para los consumidores de estos vehículos y generar un millón de nuevas fuentes de empleo en la industria automotriz; establecer la ruta para lograr un sector eléctrico libre de contaminación por carbono para 2035 y crear los mecanismos que aseguren que ninguna administración posterior pierda de vista ese objetivo; y finalmente, construir 1.5 millones de viviendas públicas eficientes en términos de energía, lo que además contribuirá a aliviar la crisis de vivienda asequible que afecta sobre todo a las minorías más desfavorecidas.
El PB parte de la convicción de que hoy la energía renovable —principalmente la eólica y la solar— ya tiene el potencial de impulsar una economía verde. Las principales características que separan a esta política climática de aquellas implementadas por gobiernos anteriores, incluyendo el de Obama, son dos. En primer lugar, el PB presenta la lucha contra el cambio climático como parte de la estrategia de reconstrucción económica y de la solución para la crisis social que requiere con urgencia su país. En segundo lugar, el PB no restringe el manejo del cambio climático a unas pocas agencias, sino que busca involucrar a toda la administración en el asunto de manera transversal.
La naturaleza integral de la política climática de Biden se ve reflejada en los nombramientos para llenar dos nuevos puestos que la administración ha creado: el de Gina McCarthy como Asesora Nacional del Clima de la Casa Blanca, a cargo de coordinar los asuntos internos, y el de John Kerry como Enviado Presidencial Especial para el Clima, encargado del ámbito internacional. Además, para indicar que el ambiente es una prioridad de su gobierno, Biden colocó a un gran número de destacados expertos en clima en puestos clave del gabinete. Su equipo climático lo integran Deb Haaland, quien es la primera nativa americana en dirigir el Departamento del Interior de los Estados Unidos, Michael Regan, quien estará encargado de la Agencia de Protección Ambiental, y Jennifer Granholm, quien será secretaria de energía.
La “recuperación económica verde” —que la administración Biden busca impulsar invirtiendo 2000 millones de dólares en infraestructura— tiene como objetivo que para 2035 el 100 % de la electricidad producida en Estados Unidos sea limpia y que para 2050 el país emita cero emisiones netas, cifras que por cierto son iguales a las propuestas por la Unión Europea. El impacto de estas inversiones en la creación de nuevos empleos será de enorme importancia política, pues el argumento de la industria petrolera contra el PB —y contra todo intento de manejar la crisis del clima— es que combatir el cambio climático le costará a Estados Unidos millones de empleos y miles de millones de ingresos perdidos.
Para implementar este plan de recuperación económica verde, el gobierno de Biden planea descentralizar el combate al cambio climático. En lugar de dejar el tema en manos de tres agencias —la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Energía y el Departamento del Interior— ahora se buscará que organismos tan diversos como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Departamento de Transporte y el Departamento de Agricultura también participen. Para entender la lógica de esta reorganización basta con anotar que el sector agropecuario es responsable por sí solo del 10 % de las emisiones totales. Lo que es más: al involucrar a “todo el gobierno” en el combate al cambio climático, la administración Biden busca también influenciar al sector privado. Si la totalidad del gobierno de Estados Unidos se compromete a hacer compras verdes, por ejemplo, la visión climática se impregnará en amplios sectores de la economía del país.
Los apoyos
Desde el primer día de su administración, el presidente Biden comenzó a revertir las órdenes ejecutivas de Trump respecto al cambio climático. Así quedaron restablecidas las regulaciones del metano y de la eficiencia energética de los electrodomésticos, así como los estándares para automóviles. Biden también bloqueó la construcción del oleoducto Keystone XL y prohibió perforar en el Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico. A su vez, el nuevo presidente ordenó que las agencias federales compren sólo electricidad libre de contaminación y vehículos de cero emisiones, y que no arrienden tierras públicas para la explotación de gas y petróleo en alta mar.
Estados Unidos es el mayor productor mundial del petróleo y gas, y se calcula que las medidas de Biden afectarán a una cuarta parte del suministro de hidrocarburos. Esto podría perjudicar la economía de algunos estados, como Texas. De ahí que el nuevo presidente se enfrente a dificultades: tendrá que lidiar con los republicanos en el Congreso y el Senado pues, a pesar de que su partido cuenta con una estrecha mayoría en ambas cámaras de la legislatura, es posible que los votos de los legisladores demócratas no sean suficientes para adoptar leyes, presupuestos y algunas regulaciones.
Además, Biden tendrá también que satisfacer las demandas del ala izquierda del Partido Demócrata —como los promotores del Green New Deal, una propuesta legislativa muy radical y amplia que, según estimaciones, generaría un costo de varios miles de millones de dólares a lo largo de diez años— y de grupos ambientalistas que lo apoyaron decisivamente en la campaña electoral, como el Sunrise Movement. El PB difiere de las demandas de estos grupos más radicales tanto en los plazos de reducción de emisiones, como en ciertos puntos concretos. Por ejemplo: mientras que los impulsores del Green New Deal se oponen tajantemente al fracking, el PB no presenta objeciones a la práctica.
Por si esto fuera poco, es posible que Biden choque con los grandes sindicatos de Estados Unidos, muchos de los cuales estiman que en el sector de energía renovable hay menos trabajos sindicales que en las energías tradicionales. En el caso de la cancelación del Keystone XL, por ejemplo, la nueva administración se enfrentó a protestas no sólo del gobierno de Canadá, sino también de grandes sindicatos que, a pesar de apoyar a Biden en lo general, no siempre están de acuerdo con sus posiciones ambientalistas. Estos conflictos internos entre demócratas podrían conducir a protestas parecidas a las de los chalecos amarillos en Francia.
El verdadero desafío
El resultado de todos estos desafíos es que la agenda climática de Biden no tiene en modo alguno el éxito garantizado. Para alcanzar sus objetivos, la administración tendrá que tomar medidas radicales —tales como el uso de adquisiciones para electrificar la flota de vehículos del gobierno federal—, establecer normas nacionales de energía renovable e invertir al menos 2500 miles de millones de dólares en infraestructura verde. Sobra decir que lograr esto en medio de la pandemia no será fácil.
Dada la actual composición de la legislatura estadunidense, el ritmo y la profundidad de la legislación climática de Biden dependerá de los miembros más conservadores del Partido Demócrata, de las complejidades del proceso de reconciliación presupuestaria, y del ala más liberal de los republicanos. Sin el apoyo bipartidista, sería difícil completar el PB. Para lograr la generación de electricidad limpia, por ejemplo, sería necesario establecer requisitos federales que los republicanos no suelen apoyar.
Pero quizá el punto del PB que será más difícil de implementar es el aumento del precio del carbono. Es bien sabido que elevar el costo de las emisiones —ya sea a través de impuestos o de sistemas cap-and-trade— no cuenta con la simpatía de los republicanos. El precio del carbono es un asunto políticamente muy sensible, pues sus opositores lo consideran un incremento de impuestos para las familias trabajadoras.1 Aprobar una ley de este tipo será muy difícil.
Ganar la confianza del mundo
Más allá de los retos que la administración Biden enfrentará en casa a la hora de buscar poner en práctica su política climática, el nuevo gobierno estadunidense tendrá que trabajar para ganarse la confianza del mundo. Esta confianza ha sido mermada seriamente en las últimas décadas: recordemos que, antes de que Trump se retirara del Acuerdo de París, George W. Bush abandonó el Protocolo de Kioto. En 2019, además, otros países donadores duplicaron sus contribuciones al Fondo Verde para el Clima —un organismo internacional que ofrece asistencia económica para países en desarrollo que buscan combatir al cambio climático— mientra que la administración Trump se negó a proporcionar los 2 000 millones de dólares que Estados Unidos había prometido.2 Biden, entonces, tendrá que convencer a la opinión pública internacional de que, ahora sí, Estados Unidos está listo para comprometerse a combatir el cambio climático. De allí que Biden ya haya convocado a una cumbre climática para el próximo 22 de abril. Para concluir, es conveniente recordar que, en palabras de Jonathan Kirshner, “las elecciones de 2020 pusieron fin a la fábula reconfortante de que la elección de Trump fue una casualidad. Trump es Estados Unidos, o al menos una gran parte de él”.3 Aunque los tiempos han cambiado con la victoria de Biden, el hecho es que hoy en día las energías renovables representan apenas el 11% de la producción energética total de Estados Unidos: el mismo porcentaje que el carbón. La inmensa mayoría de la energía que se produce y consume en Estados Unidos sigue siendo de origen fósil, por lo que tanto el petróleo como el gas natural representan aún una importante fuente de empleo y de ganancia. El futuro del combate al clima en Estados Unidos, entonces, está por verse. Este año Biden tendrá que presentar un nuevo objetivo de reducción de emisiones para 2030. Será entonces que el verdadero tamaño de las ambiciones de su gobierno en materia de cambio climático quedará revelada.
Edit Antal
1 Leonhardt, D. 2020, “There is a Real Opportunity Here that I Think Biden is Capturing”, el 13 de noviembre en The New York Times.
2 Pike, ob. cit.
3 Kirshner, Jonathan, 2021, “Gone But Not Forgotten”, en Foreign Affairs, el 29 de enero.
Los gringos son muy ambiciosos, con tal de ser el numero 1, harán lo imposible para lograrlo para una buena causa.