Apenas en julio pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a la acción climática inmediata y se refirió a la situación actual como “la era de la ebullición global”, señalando las consecuencias del cambio climático en el mundo: calores sin precedentes, climas extremos y familias desplazadas por estos fenómenos. México es uno de los países más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica y características sociales. Se estima que 68 % de la población ha sido alguna vez afectada por desastres, cifra que coincide con los grupos en situación de pobreza.
Pese a la vulnerabilidad del país, el tema no se toma con la seriedad y urgencia que amerita, lo cual queda expuesto en términos de presupuesto público. Año con año, se asignan millones de pesos al combate del cambio climático a través del Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En el actual sexenio, de 2018 a 2024, el monto total asignado en términos reales representó un incremento del 183 %. Sin duda, el presupuesto para cambio climático es histórico en términos generales; no obstante, el aumento de recursos no obedeció por completo a acciones destinadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, sino que fue destinado a los proyectos prioritarios de la actual administración: Tren Maya, transporte de gas natural y programas sociales que no necesariamente representan acciones de adaptación o de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global del planeta.
Para 2024, el proyecto de presupuesto (PPEF), destina más de 233 000 millones de pesos a la mitigación y adaptación al cambio climático. Los programas presupuestarios que más recursos absorberán son el proyecto de Transporte Masivo de Pasajeros, el cual busca impulsar infraestructura ferroviaria en el sureste del país (Tren Maya) con el 51 % de los recursos del anexo; el programa Sembrando Vida con el 15 %; el programa de servicio de transporte de gas natural con el 15 %, entre otros. En la siguiente figura se muestra el desglose de dichos programas.
Un aspecto a destacar es que desde 2018 se han incluido programas presupuestales en el Anexo de cambio climático, cuyos objetivos y reglas de operación no contribuyen a la mitigación o adaptación de los efectos del cambio climático o lo hacen de manera muy marginal. También hay casos en los cuales incluso dichos programas son contrarios a los objetivos del anexo y fomentan actividades que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, en lugar de reducirlas.
Para muestra, están los programas de fomento ganadero, para los cuales se etiquetaron recursos del Anexo 16 en 2018 y 2019 los cuales están encaminados a desarrollar el potencial productivo y la oferta nacional de alimentos de origen pecuario. Estos programas recibieron recursos destinados a acciones de mitigación de cambio climático, a pesar de que la ganadería es la tercera actividad que más gases de efecto invernadero genera en nuestro país: se estima que aporta 10.3 % de estos gases.1 Mantener este programa dentro del Anexo 16, donde deben contemplarse actividades de adaptación y mitigación al cambio climático, resulta incluso contradictorio a los objetivos del anexo presupuestal.
En otros casos, se han colocado programas sociales dentro del presupuesto etiquetado para cambio climático. Sin duda, el espíritu de dichos programas es positivo y resultan en beneficios para la población más necesitada, no obstante, programas de abasto social de leche a cargo de Liconsa y de Diconsa, en zonas rurales, no representan acciones de mitigación o adaptación al cambio climático, por lo cual no deberían estar en el Anexo 16.
Otro programa seriamente cuestionable es el del Servicio de transporte de gas natural de la CFE. A partir del año 2020, este programa comenzó a incluirse en el Anexo 16; desde entonces de manera ininterrumpida a lo largo del sexenio, se le han asignado recursos. El gas natural es un gas de origen fósil compuesto principalmente por metano, uno de los principales gases de efecto invernadero, aproximadamente 86 veces más potente que el dióxido de carbono. Este gas no es una opción limpia o sostenible; el IPCC considera que las decisiones en favor del gas natural aceleran la crisis climática. También, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2022) advierte que, si los fondos que se destinan a proyectos de gas se destinaran a la generación de electricidad con energías renovables, América Latina se podría recuperar más rápido de la crisis por la pandemia y estaría en mejor posición para encarar el cambio climático.
En el mismo sentido, llama la atención que se destinen recursos a la Sedena para el programa de Transporte Masivo de Pasajeros y para el programa de Prestación de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya dentro del anexo de cambio climático. Si bien el Tren maya es el más importante proyecto de infraestructura del actual gobierno, es preciso reconocer que la asignación de más de la mitad de los recursos de este anexo a dicho proyecto en 2024 no se justifica en términos de reducción de emisiones de GEI, puesto que, de acuerdo con Semarnat, la capacidad para reducir emisiones de GEI del Tren Maya, es muy limitada: apenas de 0.4 MTon de GEI. Además, el Observatorio de Deforestación Neta Cero advierte que la consolidación del Tren Maya incrementará la tasa anual de deforestación en la zona. Resulta contradictorio que este proyecto tenga recursos etiquetados para cambio climático, puesto que no abonará al cumplimiento de los objetivos del anexo, orientados a acciones de mitigación y adaptación. En 2023, este proyecto recibió el 52 % del total de recursos del Anexo 16 a través de la Secretaría de Turismo. Para 2024, la asignación presupuestaria que recibirá Sedena para ambos programas será de 125 000 millones de pesos, 53 % del monto total de recursos etiquetados para cambio climático.
Finalmente, una omisión constante en el presupuesto para cambio climático, tiene que ver con la perspectiva de género. Mujeres y hombres enfrentan sus realidades de manera diferente; sus formas de participación también se dan de manera diferenciada y relacionada con la edad, raza, clase socioeconómica y cultura. En México, aún hay mujeres que no pueden acceder a la educación porque están “destinadas” al matrimonio, tampoco pueden acceder a tierra puesto que ésta se sigue heredando a los hijos varones, aún no pueden participar en la esfera pública y política por el hecho de ser mujeres, o bien; porque sus tiempos están destinados por entero al trabajo no remunerado de cuidado. Estas desventajas resultan en una menor capacidad para enfrentar el cambio climático. Las mujeres se ven afectadas de diferentes maneras por los eventos climáticos extremos que muchas veces se traducen en desastres, debido a los roles sociales, la discriminación y la pobreza. Asimismo, no están suficientemente representadas en los procesos de toma de decisiones con relación al cambio climático, ni en las estrategias de adaptación y mitigación. No obstante, pese a las múltiples desigualdades sociales, con respecto al cambio climático, las mujeres no son sujetas pasivas, por el contrario, son agentes de cambio que fomentan la resiliencia en los territorios, en la conservación de la biodiversidad y de los bienes comunes.
En este sentido, los programas presupuestales del Anexo de cambio climático tienden a carecer de reglas de operación con enfoque de género, es decir; se desconoce si éstos serán de utilidad y en qué proporción para mujeres y hombres, así como en qué medida podrán ayudar a disminuir las múltiples brechas de desigualdad que acentúan la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y niños ante el cambio climático.
Es importante reconocer que una lucha efectiva contra los impactos del cambio climático debe ir acompañada de financiamiento suficiente, que se destine y ejerza con transparencia, bajo reglas de operación claras y con indicadores de cumplimiento. Un país como México, altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, debe destinar recursos específicos para la atención a esta problemática, y no dejarlo como la última de las prioridades, o peor aún, usar estos recursos como una bolsa homogénea donde pueden tener cabida otros programas que no aportarán a esta lucha. Es importante dar a cada tema su lugar y reclasificar adecuadamente los programas que año con año se etiquetan en el anexo 16 de cambio climático en función de su capacidad de adaptación y de reducción de emisiones de GEI. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el reto de establecer en la metodología del Anexo, la relación de los programas asignados con las metas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, mejorar la rendición de cuentas e incluir programas con perspectiva de género.
Beatriz Olivera
Directora de Engenera
1 UNAM, “Boletín UNAM-DGCS-688”, 24 de agosto de 2021.