Durante 2020, quizás a modo de consuelo por la crisis sanitaria que azotaba el mundo, se habló de los cielos azules que brillaban libres de contaminación sobre las calles vacías de la mayoría de las urbes del planeta. Al cerrar las industrias, y con la disminución en la movilidad por la cuarentena, se produjo una caída repentina en las emisiones de gases de efecto invernadero y una mejora en la calidad del aire. Muchas de las grandes ciudades del mundo experimentaron caídas de entre 30 y 60 % en sus emisiones de dióxido de nitrógeno, un indicador clave de actividad económica. Sin embargo, la pandemia no es una buena noticia para el medio ambiente: a menos de que se plantee una recuperación sostenible, el fin de la crisis traerá consigo un regreso a la trayectoria de declive ambiental que caracterizaba a México y al mundo antes de la pandemia. Tal fue el caso de la crisis de 2008, tras la cual, después de un breve periodo de disminución, las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementaron agresivamente. Aquel rebote puso al mundo de vuelta en el camino en el que se encuentra ahora: uno que, a menos de que se tomen medidas radicales, muy probablemente resultará en altos costos económicos y humanos.
En general, la situación ambiental de México es una de desprotección y de riesgos inminentes que demanda acción estatal rápida, sustentada en evidencia científica y que priorice la justicia ambiental. En este contexto, identificamos siete desafíos ambientales para México en 2021.
Ilustración: Víctor Solís
1. Proteger el activismo ambiental
La violencia contra los activistas ambientales es violencia antindígena. En México el 10 % de la población es indígena, pero el 66 % de los activistas asesinados pertenecen a comunidades originarias. Estos ataques solamente se exacerbarán a medida que incrementen las tensiones por recursos naturales.
Algunos de los activistas ambientales asesinados durante 2020 son: Homero Gómez González, Paulina Gómez Palacio Escudero, Isaac Medardo Herrera Avilés, Adan Vez Lira, Eugui Roy Martínez y Antonio Montes. Sus causas incluían la defensa de la biodiversidad y del territorio. Sus asesinatos, muchos de ellos sin resolver, representan un fracaso de justicia racial y ambiental. El año 2021 deberá ser uno de mayor protección para nuestros activistas, quienes hacen una labor fundamental para el país y merecen toda la protección de la ley.
2. Repensar los megaproyectos
El Tren Maya es uno de los grandes proyectos de infraestructura de la presente administración. Con una longitud programada de 1 500 km en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, este proyecto tiene como objetivo el desarrollo regional del sureste de México. Si bien la construcción se vio afectada por la temporada de huracanes y la pandemia, este año se esperan avances significativos. El proyecto ha enfrentado críticas debido a los inminentes daños ambientales y culturales. La selva maya es el bosque tropical más extenso en Mesoamérica; al atravesarla, el ferrocarril potencialmente causará daños irreversibles a los ecosistemas.
Para complicar las cosas, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya no se publicarán en un estudio global que permita juzgar si el proyecto en su agregado es viable desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino que se irán haciendo por tramos. Adicionalmente, la MIA que el gobierno hizo pública en junio del año pasado no contempla los daños que puedan causar los complejos urbanos que se construyan alrededor de las estaciones ferroviarias.
En 2021, entonces, será importante repensar el Tren Maya y tomar en cuenta las demandas de las organizaciones ambientalistas y de los pueblos originarios. La buena noticia es que existen vías judiciales para reconsiderar el proyecto: en diciembre de 2020, el amparo solicitado por la agrupación Chuun t’aan —uno de seis amparos contra el Tren Maya— llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Prevenir desastres antinaturales
El término “desastre natural” es frecuentemente usado de forma incorrecta, pues sugiere que las calamidades ambientales son fenómenos naturales que no tienen nada que ver con lo social. En realidad, un desastre no ocurre si las personas no son vulnerables de antemano debido a la marginación, la discriminación y el acceso desigual a los recursos, el conocimiento y la asistencia. Tal es la situación en el sureste de México, una región que históricamente ha sufrido altos niveles de pobreza y por lo tanto de vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos.
El año 2020 fue particularmente difícil en ese sentido: en el continente Americano se vivieron 30 huracanes y tormentas tropicales de gran intensidad. Los huracanes Delta y Eta, así como la tormenta tropical Gamma, causaron pérdidas humanas y materiales en el sureste de México.
Lamentablemente, estos no son hechos aislados, sino un ejemplo de lo que nos espera en los próximos años. Las vulnerabilidades que ya existen se verán recrudecidas por la deforestación, la rápida urbanización, la degradación ambiental y el cambio climático. Sin embargo, México puede adaptarse a las temporadas de huracanes cada vez más intensas que vienen: podemos proteger barreras naturales, como manglares y humedales, y limitar el desarrollo urbano en áreas en riesgo por fenómenos naturales.
4. Resolver tensiones internacionales causadas por el cambio climático
Durante los meses de julio a octubre de 2020, la situación de la Presa de la Boquilla en Chihuahua se convirtió en clara evidencia de la importancia de la administración del agua y del potencial del cambio climático para causar tensiones entre México y Estados Unidos. Estos dos países comparten tres ríos fronterizos desde 1944: el Río de Tijuana, el Río Grande y el Río Colorado. Según el Tratado de Agua de 1944, México tiene la obligación de compartir 400 millones de metros cúbicos de agua cada cinco años con Estados Unidos y a cambio recibe cerca de 1 850 millones de metros cúbicos de parte del país vecino.
Sin embargo, 2020 se caracterizó por una fuerte sequía que disminuyó los niveles de la Presa de la Boquilla. Esto llevó a que los agricultores mexicanos de la zona se enfrentaran con elementos de la Guardia Nacional. Los agricultores protestaban contra el cumplimiento del Tratado de Aguas que, señalaban, los dejaría en una situación peor por la falta de agua.
Simultáneamente, el gobierno de México enfrentó crecientes presiones internacionales, pues está retrasado en su pago de agua a Estados Unidos. Aunque esta no es la primera vez que este tipo de atraso sucede —algo similar sucedió en 2011—, la intensidad de las sequías aumentará con el cambio climático. El reto, entonces, consiste en diseñar políticas públicas que establezcan un manejo equitativo del agua para evitar enfrentamientos sin incumplir tratados internacionales.
5. Terminar con las actividades ilícitas relacionadas a energía: incumplimiento, fracking ilegal y huachicol
Las actividades ilícitas en el ámbito energético y minero pueden representar un peligro a las comunidades aledañas y pérdidas para el ingreso fiscal de México. Ejemplo de ello es el robo de combustibles o “huachicol”. Aunque el gobierno reportó que en 2020 hubo una importante disminución en el robo de combustibles en México comparado con 2018, el problema aún existe en varias áreas del país. El daño por robo de hidrocarburos no solamente es patrimonial o de inseguridad, sino también ecológico: el huachicol contamina aire, agua y suelos. De acuerdo con datos de Pemex, entre 2012 y 2015 este problema provocó el crecimiento de 13.5 % de las zonas contaminadas por la paraestatal.
Una investigación realizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking encontró que, contra lo que el gobierno actual había prometido, la explotación de gas y petróleo en formaciones no convencionales —el proceso conocido como “fracking”— continúa avanzando en territorio mexicano. El reporte reveló que, a pesar del discurso antifracking del presidente, los planes de exploración aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos contemplan la perforación y fracturación de entre seis y diez pozos de este tipo durante 2019-2021.1
El incumplimiento con las regulaciones y estándares ambientales establecidos en leyes nacionales es otro ejemplo de problemas relacionados con la explotación de recursos energéticos. Por ejemplo, la Alianza Mexicana contra el Fracking ha denunciado que Pemex se ha embarcado en proyectos de fracturación hidráulica en Nuevo León sin haber publicado una Manifestación de Impacto Ambiental, un procedimiento que permite que se examinen los riesgos al ambiente y que resulta esencial para proteger a las poblaciones y ecosistemas afectados.
6. Evitar la pérdida de biodiversidad
México es uno de doce países “megadiversos” que albergan a cerca del 70 % de diversidad mundial de especies. Sin embargo, en nuestro país hay 475 especies en peligro de extinción, así como 896 consideradas amenazadas y 1 185 bajo protección especial. Un caso emblemático es la vaquita marina, cuya población ronda alrededor de los 22 ejemplares. México ha tenido éxito en la conservación de otras especies, tales como el bisonte americano2 y el lobo mexicano. Estos ejemplos proporcionan un antecedente optimista para la vaquita marina; sin embargo, es necesario tomar acciones concretas para evitar su extinción.
7. Impulsar la recuperación económica sin deterioro ambiental
A pesar de la crisis económica y de salud pública de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional proyecta que en 2021 México experimentará un crecimiento del 3.5 %. En octubre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Acuerdo para Reactivación Económica en el que se plantea realizar 39 proyectos de infraestructura pública. Si bien el Acuerdo plantea 2 100 millones de pesos para proyectos de agua y medio ambiente, esto representa solamente el 0.7 % de los recursos contemplados en el plan de recuperación. Por si esto fuera poco, ninguno de los proyectos planeados incluye inversión en energías renovables.3
En conclusión, México tiene que replantearse la implementación y el seguimiento de sus proyectos de desarrollo existentes para incluir la perspectiva de los activistas del pasado y el presente y tomar en cuenta a las generaciones futuras de mexicanos. La necesidad de idear un plan de recuperación poscovid también representa una oportunidad clave para transitar al desarrollo sostenible, dejando atrás el cortoplacismo rapaz que caracteriza a la economía fósil en la que hoy habitamos. Muchos líderes del mundo han reconocido la necesidad de hacer algo para evitar regresar a la trayectoria de degeneración ambiental en la que el mundo estaba sumido antes de la pandemia. Joe Biden posicionó el cambio climático en el centro de su campaña y propone una recuperación verde. De manera similar, el gobierno francés lanzó su plan de recuperación con la transición ecológica como su primera prioridad. Asimismo, China, la principal fuente de dióxido de carbono a nivel mundial, señaló que tienen un plan para reducir emisiones. México podría invertir, entre otras cosas, en vehículos eléctricos y en procesamiento de agua, así como en la reconversión industrial, para atender las nuevas demandas de consumidores globales con conciencia ecológica. México tiene la oportunidad de proponer una recuperación poscovid sostenible. Para ello, sin embargo, tendrá que superar los siete retos que hoy nos confrontan.
Sandra Aguilar-Gómez y Danae Hernández-Cortés.
1 García, K., “Comisión Ambiental del T-MEC admitió investigación por presunto fracking ilegal de Pemex”, El Economista, 6 de enero 2021.
2 Center for Biological Diversity (2020), “Las 10 Especies Mexicanas Más Icónicas en Peligro”.
3 Redacción, “Estos son los 39 proyectos de infraestructura para la reactivación económica”, El Universal, 5 de octubre 2020.
Súmale al problema de gas natural por las nevadas fuertes que esta ocurriendo en Texas. Siento que vamos en retroceso si este nuevo gobierno no hace algo por nuestro país en varios ámbitos.
Muy interesante su artículo, yo agregaría otro reto ambiental: 8. El reconocimiento del interés legítimo implícito. Al ser el medio ambiente un bien público, toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno (salvo quizá ser mexicano), tiene acceso gratuito a la justicia ambiental, máxime que se trata de un derecho colectivo y difuso.