En la región de Tula, la generación de energía a partir de fuentes fósiles ha tejido una compleja red de impactos que afectan profundamente tanto a las comunidades humanas como al entorno natural. Este caso nos muestra que, mientras en México se pretende avanzar hacia las energías renovables, se sigue con un pie firmemente anclado en las fuentes fósiles, las cuales tienen efectos devastadores, verdaderas “dinámicas de muerte” para la población y la naturaleza. El caso de Tula es un ejemplo paradigmático del impacto devastador de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, aunque no es el único. Nuestro modelo de desarrollo, que se aferra obstinadamente a las fuentes fósiles, configura territorios marcados por la extracción y la explotación. Para comprender plenamente estas dinámicas, es crucial examinar las formas de control y los actores que las sostienen, tanto legales como ilegales. Estas prácticas perpetúan profundas desigualdades y mantienen a las comunidades en un estado constante de vulnerabilidad y precariedad.
Gobernanza energética en Tula
La desindustrialización de la Ciudad de México en los años setenta llevó al desmantelamiento de la Refinería de Azcapotzalco y la construcción de la Refinería Miguel Hidalgo de Pemex y la Termoeléctrica Fco. Pérez Ríos de CFE en Tula.1 Desde entonces, la energía generada ahí ha sido fundamental para las ciudades del centro del país.2 Sin embargo, la instalación de estas plantas industriales no ha estado exenta de consecuencias. Ha generado una serie de conflictos sociales, particularmente afectando a las mujeres, debido a la proliferación de burdeles, el acaparamiento del agua, la pérdida de suelo agrícola y la falta de vivienda adecuada.3
Debido a las graves consecuencias socioecológicas que ha experimentado la región, en 2019 el Gobierno Federal declaró a Tula como Zona de Emergencia Ambiental. Esta declaración convocó a ambientalistas, colectivos y habitantes de la región interesados en abordar los problemas causados por las industrias locales y la llegada de aguas residuales desde Ciudad de México. La intención era plantear soluciones a los graves problemas de contaminación del suelo, agua y aire, de pérdida de la biodiversidad y las amenazas a la salud de la población. Apenas en junio de este año se retomaron los diagnósticos para la publicación de la Declaratoria de Zona de Restauración Ecológica requerida para continuar con los trabajos.
Paralelamente, este gobierno continuó con la construcción de la planta coquizadora en la refinería de Pemex, para procesar el combustóleo y producir más gasolina y diésel. El uso de ese mismo combustóleo en la termoeléctrica de CFE para la generación de electricidad, perpetúa un esquema industrial altamente contaminante.4
En este complejo escenario, se pueden identificar dos tipos de control sobre la energía en la región: uno legal y otro ilegal, que conviven de manera intrincada. El primero, denominado “Modelo estatal soberano”, está representado por el control estatal a través de Pemex y CFE. El segundo, conocido como “Modelo ilícito”, es ejercido por grupos criminales que roban y trafican combustible. Entender cómo interactúan estos modelos es crucial para comprender las dinámicas de poder y sus efectos devastadores en la vida de las personas y el medioambiente.
Modelo estatal soberano
El Modelo estatal soberano se caracteriza por el control casi exclusivo del Estado sobre el sistema energético, asegurado a través de Pemex y CFE. Estas empresas ejercen un dominio político y territorial significativo mediante el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Aunque la soberanía energética ha ganado legitimidad, la devastación socioambiental persiste debido al uso intensivo de energías fósiles.
En respuesta a la Reforma Energética de 2013, en el sexenio actual la soberanía energética se ha vuelto a colocar en el centro de la política nacional, con un fuerte apoyo y legitimidad por parte de la sociedad mexicana, debido a su orientación social. Sin embargo, no se han creado mecanismos técnicos y de gestión adecuados para enfrentar la devastación socioambiental causada por el uso intensivo de energías fósiles.
En 2018, la termoeléctrica y la refinería emitieron 182 000 toneladas anuales de gases contaminantes, representando el 86 % de las emisiones por fuentes fijas en la región, según datos de la Semarnat.5 Además, ambas empresas vierten un total de 27 millones de metros cúbicos de aguas industriales sin tratar al sistema hidrológico local, generan cambios radicales de uso de suelo, producen contaminación electromagnética, vibraciones y compactación del suelo. La emisión de gases puede explicar que tres municipios de la zona —Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Tepeji del Río— se encuentren entre los de mayor probabilidad de presencia de cáncer en las personas y con el mayor número de casos estimados a nivel estatal.6
El sector energético no contribuye de manera significativa a mejorar la calidad de vida de la población de los municipios vecinos, donde persisten carencias económicas y sociales. Los niveles de escolaridad son bajos y no hay acceso a áreas verdes adecuadas. Según el Inegi, aproximadamente 3000 personas en estos municipios carecen de electricidad y gas.7
Esto significa que el Estado atenta sistemáticamente contra la vida de las personas de la región y destruye la naturaleza con el objetivo de producir energía en cantidades suficientes para mantener el nivel de consumo energético del centro del país, sin importar las consecuencias locales.
Modelo ilícito
En los últimos años, el crimen organizado ha incrementado su presencia en el sistema energético, principalmente a través del robo de combustible. En 2023, Hidalgo registró el mayor número de delitos relacionados con el robo de combustibles en el país. Derivado de la política de combate al narcotráfico, el comercio de drogas ilegales empieza a ser paulatinamente complementado por el robo y tráfico de combustible. Al ser atravesada por ductos de Pemex, la región es un territorio óptimo para la extracción ilegal de combustibles.
En el año 2023, Hidalgo fue la entidad con más delitos relacionados con el robo de combustibles, ocurriendo aquí 1500 de los 8308 casos a nivel nacional, por delante del Estado de México, Puebla y Veracruz. Veintidós municipios hidalguenses se encuentran entre los cien con más tomas ilegales de combustible. A nivel nacional, Cuautepec de Hinojosa, al sur de Tulancingo, fue la demarcación donde encontraron más ductos perforados.8
En la región de Tula y la Zona Metropolitana de Tulancingo el problema es grave.9 La violencia cotidiana en la región, derivada del tráfico de combustible, se infiltra en las comunidades más precarizadas. Niños y jóvenes colaboran con los delincuentes vigilando e informando lo que pasa en las calles. Los enfrentamientos entre las bandas de tráfico de combustible transforman las colonias en espacios inseguros y hostiles, exacerbando la precariedad de la vida cotidiana y erosionando el tejido social.
Los grupos delincuenciales, en su afán de ordeñar los ductos de combustible que atraviesan las milpas, obligan a los propietarios a alquilarlas bajo coerción. Es común ver columnas de humo negro de alguna toma que se incendió, mientras en las faldas de los cerros se erigen bodegas destinadas al almacenamiento de huachicol. Bandas organizadas como Pueblos Unidos no sólo controlan el robo de combustibles, sino también la extorsión y los secuestros en el estado. La reciente irrupción de grupos delincuenciales en el reclusorio de Tula para liberar a uno de sus líderes revela la alarmante incapacidad de la seguridad pública. La explosión del ducto de huachicol en Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019, en la que 137 personas murieron calcinadas o por la gravedad de sus quemaduras, es una de las manifestaciones más extremas y violentas de este modelo ilícito, que ha marcado profundamente a la región.
Política de muerte en Tula
Ambos modelos, el estatal y el ilícito, generan una política de muerte en la región. La pugna por el control de la distribución de hidrocarburos ha derivado en una cogestión que condena a la región a una muerte sistemática y prolongada. La transición hacia energías menos contaminantes se ve obstaculizada por la fuerte presencia de intereses corporativos y del crimen organizado, que perpetúan un ciclo de violencia y explotación. En este contexto, las vidas humanas y no humanas son sacrificadas en nombre de la acumulación de capital, dentro de un sistema necropolítico que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar de la población y el medioambiente.
La disputa entre los actores estatales y las diferentes organizaciones de huachicol se ha agudizado desde 2018, cuando el gobierno federal declaró una cruzada para reforzar la vigilancia policial y militar en las zonas con robo de combustible, además de seguir el rastro de dinero ilícito que empresarios y funcionarios públicos habían blanqueado.10
Asumir que se trata de una disputa más, descartaría la explicación altamente probable de que se trata de un proceso de cogestión en el que ambos modelos se complementan. Estos son procesos inscritos en una biopolítica de la muerte, o necropolítica, que condena a los cuerpos y a los territorios a una muerte sistemática.11
Resulta difícil imaginar una transición tecnológica hacia otro tipo de fuente de energía, debido a la densidad técnica y la legitimidad social que la energía basada en los hidrocarburos ha construido en la región a lo largo de las décadas. Lo que sí es posible y deseable, es que la gestión de la energía transicione hacia una gobernanza comunitaria y local. Sin embargo, las grandes organizaciones (legales o ilegales) que dictan las formas de gestión de la energía están muy poco interesadas en que la senda apunte en esa dirección.
En este modelo bifrontal, la transición tecnológica hacia una energía menos contaminante en la región es incierta, y la transición social por el control de la energía está siendo permanentemente disputada entre el Estado y los cárteles del huachicol. Ambos modelos continúan siendo economías pujantes que definen violentamente la vida de las personas, y se encuentran basados en el aprovechamiento productivo de la fuerza de trabajo de una parte de la población, con consecuencias de muerte sobre toda la región de Tula.
Lamentablemente, Tula no es un caso aislado en el país. Otros territorios como Cadereyta en Nuevo León, Minatitlán en Veracruz, Salina Cruz en Oaxaca, Salamanca en Guanajuato, y ahora Dos Bocas en Tabasco, entre muchos otros, son testigos de cómo la política energética de México, centrada en el aprovechamiento masivo de los hidrocarburos, ha desencadenado procesos que destruyen la vida. Esta realidad refleja un patrón sistémico donde la vida humana y no humana es sacrificada, perpetuando un ciclo de violencia y explotación que condena a vastas regiones del país a una existencia marcada por la precariedad y la muerte.
Luis Raúl Pérez Herrera
Docente de la División de Arquitectura, ITSOEH
1 Vargas González, Pablo, “Nuevo mega proyecto en México: la Refinería de Remex 1972-2009, los viejos paradigmas de desarrollo”, Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, vol. 2, núm. 3, octubre, 2010, pp. 161-178
2 de la Mora, Gabriela, “Instalación de refinerías en la región de Tula en Hidalgo: análisis desde la modernidad”, Estudios sociales, 20(40), 2012, pp. 181-210.
3 Rojas, L., “Estado, conflicto y poder local: análisis del impacto de la instalación de una refinería de petróleo en Tula de Allende, México”, Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, n. 3, 2009
4 Redacción, “Denuncian ante la Profepa a termoeléctrica de Tula por usar combustóleo”, La Jornada, 17 de septiembre de 2023
5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (Semarnath), Inventario de Emisiones del Estado de Hidalgo. Gobierno del Estado de Hidalgo, 2018
6 Guerrero, J. y López, S., “Gases efecto invernadero como elementos explicativos de los casos de cáncer en el estado de Hidalgo en el 2015”, Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía. Vol. 11. Núm. 2., mayo, 2020,
7 Coneval, Informe de pobreza y evaluación 2020; Barrera, A. Saldívar, A. Nava, M. Ortiz, S. Aguilar, S. Villaseñor, E., “Índice de sustentabilidad industrial: refinería Miguel Hidalgo”, Problemas del Desarrollo, Vol. 35, no. 137, abril-junio, 2004, pp. 77-93; Inegi, Censo de Población y Vivienda, 2020;Inegi, Panorama sociodemográfico de Hidalgo, 2021.
8 Rivera González, Bryan, “Huachicol en Hidalgo aumentó en 2023; representó el delito federal más cometido en el estado” Central Hidalgo Irreverente, 2023
9 Orihuela, I. Sobrino, J., “Delimitación y trayectorias de las zonas metropolitana de México, 1990-2020”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 38, núm. 3 (114), septiembre-diciembre, 2023, pp. 867-917
10 Najar, Alberto, “‘Huachicoleo’ en México: la inédita cruzada financiera de AMLO contra el robo de combustible”, BBC NEWS Mundo,2019.
11 Mbembe, Achille, Necropolítica y Sobre el gobierno privado indirecto, Editorial Melusina, 2011
Todos los asuntos relacionados con la energía son polémicos. En España se está gestando una protesta ecologísta por los planes de deforestar 900 hectáreas de bosque para instalar parques eólicos y fotovoltaicos. En Italia se prohibió la instalación de parques fotovoltaicos en campos de cultivo porque requieren el uso de herbicidas en grandes cantidades, que dañan la tierra.
La reforma energética de Peña Nieto incluye una cláusula con la cual el gobierno puede obligar a los campesinos a rentar sus tierras a empresas energéticas, pues la energía se declaró un asunto de seguridad nacional.
Hay que mencionar que tanto las eólicas cono las fotovoltaicas requieren el uso de baterías y del apoyo de plantas de energía nuclear o termoeléctricas para compensar sus variaciones diarias. Es España, este año casí ha habido dos apagones debido a problemas para compensar la caída de producción de las renovables al caer la noche.
Por cierto que se está dejando de lado el desarrollo de la solar térmica. Mucho más barata y sin derechos de patentes.
Calderón había emitido una ley para que todos los nuevos desarrollos habitacionales incluyeran calentadores solares térmicos, lo que ahorra mucho gas. Debería retomarse esa iniciativa.