El pasado nueve de agosto el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó el informe “Cambio Climático 2021: Bases físicas” elaborado por el Grupo de Trabajo I. En éste se confirman y amplían con autoridad las causas antropogénicas del cambio climático, así como sus consecuencias: el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, la intensificación del ciclo hidrológico, la afectación de los patrones de precipitación, el calentamiento y acidificación de los océanos, entre otros.
Pasó desapercibido en el mundo hispanohablante, pero el 23 de junio la agencia de noticias AFP (Agence France-Presse) adelantó contenidos del Sexto Informe de Evaluación, pero de la parte elaborada por el Grupo de Trabajo II, el cual se publicará hasta el próximo año. ¿Qué pudo haber motivado esta filtración de información cuando algunas semanas después sería dado a conocer el reporte del Grupo I?
En las últimas décadas, la discusión sobre el cambio climático se ha ocupado de responder a objeciones de básicamente tres tipos: aquellas para las que el calentamiento global simplemente no existe; otras, según las cuales el calentamiento global existe, pero no necesariamente es un fenómeno con origen antropogénico; y finalmente, las que aceptan la existencia del calentamiento global y su origen antropogénico, pero que matizan la gravedad del problema. Muchas de las voces que se han alineado en esta última siguen vigentes en numerosos ámbitos de difusión y debate público; hacerles frente fue seguramente la razón por la cual se difundieron algunos fragmentos de ese informe.
Si ese fue el propósito, ¿será esta advertencia suficiente para que quienes toman decisiones cambien su valoración sobre la importancia atribuida a temas como la erradicación de la pobreza, la protección de la biodiversidad o la autosuficiencia energética? ¿Podrá esta alerta permitir que se asuman las cargas que se requieren en el presente para así disminuir las que se están trasladando a las futuras generaciones? ¿Logrará hacer reconsiderar las prioridades entre la justicia social contemporánea y una justicia social intergeneracional?
Ilustración: Raquel Moreno
Un calendario apremiante
Conformado en 1988 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, el IPCC recolecta, analiza y evalúa la producción científica y el conocimiento sobre el clima para ayudar a que los miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establecida en 1992, entiendan y enfrenten ese fenómeno. Además de haber elaborado cinco informes sobre cambio climático, el IPCC ha publicado reportes sobre el calentamiento global de 1.5 °C, sobre las afectaciones al suelo, sobre los océanos y sobre la criósfera. Los informes sobre el clima son generados por tres grupos de trabajo, a los que corresponde cada una de tres áreas: i) las bases físicas del cambio climático, ii), los impactos, adaptación y vulnerabilidad, y iii) la mitigación. Lo que se filtró en junio junto con el informe sobre mitigación del Grupo de Trabajo III deberá ser aprobado a inicios de 2022.
Tanto la publicación del informe en agosto como lo difundido en junio se dan al momento que se definen las posiciones de algunos países de cara a la 26 Conferencia de las Partes de la Convención Marco a celebrarse en noviembre en Glasgow, Escocia. Además de que su tono catastrófico interpela, su rigor científico podría fortalecer las alegaciones a favor de decisiones más ambiciosas, especialmente en materia de la descarbonización de las economías. En efecto, los fragmentos difundidos no escatiman en el tono trágico ni en la precisión, como tampoco lo hace el informe de agosto. Sin embargo, nada asegura que esta vez el catastrofismo documentado por el IPCC será capaz de movilizar a los gobiernos que han tomado decisiones en franca contradicción con los objetivos globales para enfrentar al cambio climático. Lo presentado en este informe, ¿justificaría la drástica disminución de emisiones de gases de efecto invernadero que se requeriría y las consecuentes restricciones en el uso de energías fósiles que todavía se estiman en un 80 %?
La insensibilidad inmutable
El texto filtrado a AFP consigna una sentencia categórica: “La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático mayor evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La humanidad no puede.” Más allá de esa fatal advertencia, lo que se filtró en junio refiere que, independientemente de la reducción de emisiones, los impactos sobre la naturaleza y la humanidad serán mayores a lo previsto en el informe de 2014. No sobrepasar el calentamiento de 2 °C sería insuficiente, e incluso fijarse como meta 1.5 °C no impediría algunos impactos ya irreversibles. A pesar de que el informe publicado en agosto matiza el tono catastrófico, confirma que millones de personas, especialmente en zonas costeras, padecerán alza de temperatura, canículas recurrentes, eventos meteorológicos extremos, sequía, falta de agua potable y, con ello, generalización de enfermedades infecciosas, así como la consecuente falta de alimentos con dramáticas consecuencias como la malnutrición de poblaciones.
Según la nota difundida en junio, algunas especies vegetales y animales, como los arrecifes de coral, no serán capaces de adaptarse a los cambios, incluso si el incremento promedio de temperatura sólo fuera de 1.5 °C. El deshielo de Groenlandia y del oeste de la Antártica provocaría la elevación del nivel de los océanos de hasta trece metros y con ello la desaparición de numerosos asentamientos humanos en zonas costeras. El fragmento del Informe del Grupo de Trabajo II es categórico cuando estima que, si se sigue la tendencia actual en los comportamientos y prácticas de consumo y de estilo de vida, el aumento llegará a 3 °C, generando progresivamente consecuencias graves e irreversibles durante siglos; y concluye con un mensaje nada ambiguo: “Debemos reconducir nuestro modelo de vida y de consumo”.
Puesto que lo difundido por AFP es sólo un adelanto del informe que será publicado en 2022, el IPCC no negó ni confirmó su contenido; sólo aclaró que se trataba de un trabajo en curso y, como tal, susceptible de modificaciones. Entre tanto, el sexto informe deberá contar con la aprobación, no sólo de los estados insulares en peligro inminente ante la elevación del nivel de los océanos, sino también de las petromonarquías que verían comprometida su prosperidad ante una decisión radical a favor de la descarbonización de las economías.
Por ello la información filtrada parece abonar en dirección de la descarbonización y del llamado generalizado de un cambio radical de los comportamientos en todos los niveles: el individual, el de las empresas, el de las colectividades y, desde luego, el de los gobiernos. Este cambio en el modo de vida, en las prácticas de consumo y no sólo de combustibles, necesitará algo más que este informe para despertar la sensibilidad sobre el tamaño de la amenaza y de sus consecuencias.
Un camino escabroso
En México una ruta parece haber sido trazada desde 2009 con el Programa Especial de Cambio Climático, la Ley General de Cambio Climático en 2012 y con la ratificación del Acuerdo de París en 2016. Sin embargo, la travesía para la consecución de las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco de ese acuerdo, en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley de Transición Energética de 2015, han encontrando obstáculos en las difíciles condiciones socioeconómicas de los últimos años, particularmente con el aumento de la pobreza y un rival de importancia en la política de seguridad y soberanía energética consignada por el Programa sectorial de energía 2020-2024, así como en el mantenimiento de la extracción, comercialización y uso de hidrocarburos, especialmente en la producción de energía.
En 2018 se reformó la Ley General de Cambio Climático para inscribir los objetivos, condicionados y no condicionados del Acuerdo de París. Resulta difícil prever la viabilidad de estos compromisos en relación a los objetivos condicionados (respecto al precio del carbono, aranceles, cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo, entre otros), tampoco respecto a las treinta medidas de mitigación, ni a las veintisiete líneas de acción en materia de adaptación, consultables en los informes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de 2018 y 2019. Tan sólo al considerar el tema de reducción de emisiones, se advierte que la decisión de la generación actual y sus dirigentes es trasladar las cargas relacionadas con el cambio climático a las futuras generaciones.
Respecto a la reducción de gases de efecto invernadero, México definió compromisos en diferentes sectores de la economía. El más importante fue la energía eléctrica donde reduciría sus emisiones en un 31 %, seguido por la gestión de residuos (28 %), el transporte, el residencial y el comercial (18 %), el petróleo y gas (14 %), la agricultura y ganadería (8 %), y la industria (5 %). En 2030 se reducirían, con respecto a la línea base, 22 % las emisiones de gases de efecto invernadero y 51 % las emisiones de carbono negro, un contaminante nocivo, que además funciona como forzante climático y sobre el cual el INECC ha señalado que el sector energético es responsable del 95 %.
La preocupación por la seguridad y soberanía energética y el uso de combustibles fósiles en la generación de energía sugieren que, por lo pronto, será puesta en suspenso la tensión entre los intereses legítimos de quienes, por un lado, se preocupan por los efectos del cambio climático en las futuras generaciones y quienes, por el otro, desean acceder a los frutos de un desarrollo económico basado en energías de aparente bajo costo. Esta interrupción de la transición energética no es, sin embargo, una negligencia sólo de los últimos tres años. La Ley de Transición Energética de 2015 definió una meta de participación de energías limpias de al menos 25 % para 2018, 30 % para 2021 y del 35 % para 2024. En 2018 se había alcanzado el 23.2 % y nada sugiere que se redoblarán esfuerzos para cumplir esas metas. Por otro lado, el Climate Action Tracker recientemente calificó a la mexicana como una acción carente de ambición en sus contribuciones determinadas a nivel nacional y advirtió un retroceso en la transición energética.
En la encrucijada entre favorecer una transición energética o favorecer el sector de los hidrocarburos, incluso en la generación de energía, no está únicamente en juego el bienestar de la generación presente. A pesar del tono catastrofista con el cual se presenta la información respecto a los efectos visibles y previsibles del cambio climático, muchas sociedades y sus gobiernos no se muestran convencidos y no parecen dispuestos a ocuparse del futuro. El llamado a modificar radicalmente modos de vida y prácticas de consumo tampoco invita a reflexionar sobre alternativas para articular la transición energética con la generación de empleos y la distribución justa de riqueza. Además de sensibilizar y movilizar, está pendiente el reto de formular opciones que superen la disyuntiva entre actuar por las generaciones presentes y hacer algo por las generaciones del mañana.
Vicente Ugalde
Tradicionalmente las grandes empresas y la ascendencia del la forma de vida capitalista en las diferentes sociedades han desequilibrado vida y ambiente, haciendo pobres y muy pobres a diferentes regiones que son las que mas aportan por su condición al mejoramiento del cambio global y/o al mejor mantenimiento del un amigable ambiente. las regiones pobres le sirven mas al mundo, en tanto los ricos mas lo destruyen. Para lograr una equilibrada participación comencemos por DARLE VALOR LOS ELEMENTOS QUE BENEFICIAN EL HABIENTE, Los arboles producen frutos que tienen valor o maderas que benefician la economía, el agua de los ríos, los llanos … muchos productos que nos benefician a todos, asi como los países petroleros o de mina ponen elevados precio a sus productos justo es que las regiones coticen lo que producen. por ejem: LO MAS PRECIADO AHORA ES EL OXIGENO, LAS REGIONES POBRES LO PRODUCEN EN AUNDANCIA PONGAMOSLE VALOR.