El 5 de junio, cuando en la ciudad de Oaxaca iniciaba una reunión entre las autoridades comunales de Capulálpam de Méndez y los delegados de varias dependencias del gobierno federal que la comunidad había buscado en su lucha por detener los daños que Minera Natividad causa en su territorio, se prendió fuego al bosque en la zona cercana a los límites con el pueblo de Natividad. El bosque de Capulálpam, ejemplo de conservación comunitaria, donde se realizan sistemáticamente prácticas de prevención del fuego, no había tenido incendios graves en cuarenta años. En esta ocasión, ardió por nueve horas, arrasando noventa hectáreas. El fuego se contuvo gracias a la participación de más de trescientas personas de doce comunidades de la Sierra de Juárez. Capulálpam comparte con otras ocho comunidades serranas la maldición de tener concesiones mineras en sus territorios.
El gobierno de los bienes comunes
Capulálpam es una comunidad emblemática, por la biodiversidad de sus bosques, por los beneficios ambientales que proveen y porque la conservación de la naturaleza se ha logrado a partir de una excepcional organización comunitaria que se sostiene en las asambleas, el sistema de cargos y el tequio.1
Con base en la gobernanza comunitaria, Capulálpam definió, hace tres décadas, un ordenamiento territorial para las 3800 hectáreas que posee, que incluye el decreto de 918 como área de conservación (aquí se encuentra uno de los bosques mesófilos mejor conservados de México). Los bosques de Capulálpam son hábitat de más de cuatrocientas especies de fauna silvestre. En 2002, Capulálpam recibió un reconocimiento del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre (WWF). Anualmente extrae madera en superficies de 300 hectáreas que se restauran posteriormente, de acuerdo con su programa de manejo (PMF), en el que además se establecen medidas de protección, conservación, restauración y planificación de las extracciones, cuidando la protección del suelo, el agua y el arbolado remanente. Desde los años noventa, Capulálpam y otras comunidades agrupadas en la Unión Zapoteca Chinanteca (UZACHI) recibieron la certificación de buen manejo forestal del Consejo Mundial de Manejo Forestal. Su plan de manejo y su reglamento comunitario han sido discutidos y aprobados por la asamblea. Es una experiencia exitosa de gobernanza democrática, emblemática del “gobierno de los bienes comunes”, como propuso la Nóbel de Economía 2009, Elinor Ostrom, quien visitó Capulálpam en 2005.
A partir de la organización comunitaria, Capulálpam y otras comunidades serranas han alcanzado un logro excepcional en las regiones forestales. Lo han logrado en un país atrapado por la violencia. Capulálpam ha creado seis empresas que generan más de sesenta empleos: la unidad de aprovechamiento de madera, el aserradero, la empresa de ecoturismo, una mina de piedra, una embotelladora de agua y un centro de medicina indígena. Sus ganancias se reinvierten en el desarrollo de bienes comunes: en las propias empresas a fin de generar empleos, en bienes públicos locales, en fiestas que refrendan la pertenencia y en el cuidado del bosque. A partir de estas experiencias, Capulálpam y la UZACHI han sido escuela e inspiración para numerosos grupos universitarios y comunitarios y para fundaciones y agencias internacionales.
La defensa de los bienes comunes
Hace más de ochocientos años, los antepasados de la gente de Capulálpam se establecieron en la Sierra de Juárez. Siglos después, esa sierra fue refugio para los zapotecos, chinantecos y mixes que escapaban de las encomiendas y las haciendas. En 1599 Capulálpam recibió el Título Primordial firmado por el virrey de la Nueva España, que certificó la posesión sobre sus bienes comunales, tierras y recursos naturales. Sin embargo, en 1788, el gobierno colonial impuso en el territorio comunal la extracción de oro y plata de su subsuelo. Más de doscientos años de minería heredaron enorme violencia: muertes prematuras de trabajadores mineros, pérdida del zapoteco, empleos precarios, pobreza y contaminación del río Capulálpam con plomo, cadmio, arsénico y mercurio. Para 1950, ya había un fuerte rechazo a la actividad minera.
En 1956 Capulálpam sufrió un nuevo despojo, cuando el gobierno mexicano concesionó 251 823 hectáreas boscosas de diez comunidades de la sierra para la extracción de madera en favor de la Fábrica de Papel Tuxtepec (Fapatux).2 Durante veinticinco años las comunidades presenciaron la sobreexplotación de sus bosques, sin recibir beneficios; en cambio, se les prohibió practicar la agricultura tradicional, provocando hambre y migración.
A fines de los años setenta, Capulálpam y otras trece comunidades se movilizaron contra las concesiones forestales y en 1982 echaron abajo una resolución presidencial que concesionaba indefinidamente sus bosques. En 1983, gracias a la movilización de las comunidades en distintas regiones, se publicó una nueva Ley Forestal que las eliminaba. Luego de ese triunfo, Capulálpam y decenas de comunidades emprendieron iniciativas de aprovechamiento y conservación de sus bosques.
Sin embargo, desde hace veinte años, Capulálpam enfrenta nuevas amenazas por parte de corporaciones mineras, respaldadas por el Estado mexicano. Durante este tiempo, ha sostenido una larga batalla contra las concesiones mineras que la Secretaría de Economía (SE) entregó a la canadiense Continuum Resources, Ltd. en su territorio, bajo el marco de la Ley Minera de 1992 (LM-1992). Publicada en la antesala del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la LM-1992 define a la minería como actividad de “interés público” y “preferente sobre cualquier otra actividad” y le da concesiones hasta por cien años sin informar a los dueños de la tierra, violando los derechos de las comunidades.
Las concesiones mineras en Capulálpam incluyen el área donde se encuentra el bosque mesófilo y nacen los manantiales. Al parecer, allí las reservas de oro son mayores a las que se explotaron durante el periodo colonial. En 2005 la asamblea comunitaria rechazó la propuesta de la minera Continuum Resources para realizar minería de cielo abierto, pero la minería de socavón que lleva a cabo Minera Natividad y Anexas —parte de las concesiones otorgadas a Continuum Resources— continúa a pesar del rechazo de la comunidad.
Desde 2003, Capulálpam denunció los daños causados por la minería que ha perforado cincuenta kilómetros de túneles bajo los bosques, alterando irreversiblemente la hidrología de la subcuenca del río Capulálpam y ocasionando la desaparición de trece de sus catorce manantiales. En 2007 reiteró su denuncia, mencionando la contaminación de aguas y suelos ocasionados por el vertido constante de plomo, arsénico, cadmio y otros desechos tóxicos en el río Capulálpam, afluente del río Grande, que desemboca en el Golfo de México. El agua de estos ríos ha dejado de ser apta para consumo humano. En 2006, la minera derramó bifenilos policlorados. El derrumbe de tres presas de jales3 en 2010 agravó la contaminación. Hasta hoy, los residuos de las presas de jales permanecen a la intemperie. A esto se suma el aumento de los casos de cáncer en el pueblo. Durante años, Capulálpam y distintas comunidades de la Sierra de Juárez han denunciado estos daños ante Semarnat, Profepa y el Instituto de Ecología de Oaxaca. Ninguna institución ha actuado para frenar el desastre.
A pesar de la decepcionante respuesta institucional, de la fuerte asimetría de poder y del marco legal desfavorable, Capulálpam ha optado por la defensa jurídica. En octubre de 2019, el juez federal del juzgado 3.º determinó la nulidad de las concesiones, pues con su otorgamiento el Estado violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La minera, respaldada por la SE, impugnó el fallo. Ese año la Semarnat declaró que la MIA de Minera Natividad había sido rechazada, pero se ha mantenido operando. En 2023, Capulálpam obtuvo un nuevo fallo judicial favorable, que en 2024 fue impugnado por Minera Natividad, respaldada nuevamente por la SE.
Minera Natividad ha recurrido a amenazas y violencia para doblar a Capulálpam y ha tergiversando el sentido de la movilización comunitaria, presentándola como una confrontación agraria.4 En 2014 ese municipio, respaldado por la empresa, impugnó el nuevo PMF de Capulálpam, argumentando no haber sido consultado. El PMF fue suspendido por cinco años, durante los cuales la comunidad dejó de aprovechar su bosque. Al aceptar la impugnación, la Semarnat y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) desconocieron los derechos históricos de Capulálpam sobre sus tierras, reconocidos por el Estado. También ignoraron que la ley y el reglamento agrario establecen que una comunidad agraria no puede vender parte de su territorio a actores externos sin la decisión de la asamblea, lo que en Capulálpam nunca ha sucedido.
Cansados de los impactos de la mina, miembros de la comunidad han detenido en dos ocasiones camiones con roca y metales de Natividad, la última de ellas el 1 de junio de 2024, cuando la asamblea decidió bloquear por unas horas un tramo de la carretera Oaxaca-Tuxtepec. El 5 de junio, cuando funcionarios federales se reunieron con las autoridades comunitarias, sobrevino el incendio del bosque, una acción de violencia inédita.
El sentido del incendio
Si entre enero y junio de 2024 ocurrieron en México 5837 incendios forestales en 619 762 hectáreas de bosques, ¿por qué atender el incendio del bosque de Capulálpam? Este hecho demanda la mayor visibilidad porque Capulálpam es hoy una “frontera” entre el extractivismo globalizado que reproduce las violencias históricas y la minería de oro controlada por el capitalismo financiarizado y la conservación, el uso sustentable de la naturaleza, la democracia comunitaria y la gobernanza basada en el compromiso y la confianza. Un enfrentamiento entre una comunidad ejemplar y el “maldesarrollo” que despoja a los pueblos, destruye bienes comunes y acumula riqueza para el .01 % de la población,5 a costa de la miseria y desgracia de muchos.
Capulálpam está en la “frontera” entre los responsables del cambio ambiental global, de la codiciosa destrucción de la ecología de la Tierra, y quienes con recursos económicos limitados y fuerte cohesión comunitaria apuestan al respeto y compromiso con los bosques, el agua y la vida. Es una comunidad excepcional que ha logrado mantener la paz, un ejemplo del que el país requiere aprender.
En Capulálpam se ha avanzado en la construcción de economía local solidaria, respetuosa de los límites ambientales, y generosa en la inversión de sus ganancias en bienes comunes, locales y globales. En contraste, el extractivismo minero genera bienes exclusivamente privados y grandes males públicos: destrucción ambiental irreversible, daño a la salud pública y conflictividad social.
Discusión y conclusiones
El nuevo auge minero ha impulsado una extracción tal que en tres décadas se extrajo del país un volumen de oro tres veces mayor al de los trescientos años del dominio colonial. Este auge ha sido impulsado por el Estado, mediante instrumentos como la aberrante LM-1992 que concedió privilegios inusitados a corporaciones extractivas,6 concesionando 10 % del territorio y afectando al 40 % de los bosques templados. Para este proyecto neoliberal, las comunidades y los ecosistemas son obstáculos que deben eliminarse, incluso incendiando sus bosques.
La abismal desigualdad entre las corporaciones mineras y las comunidades que las enfrentan se traduce en falta de acceso a la justicia, leyes a modo, lentitud o desidia de las instituciones frente a las víctimas, clasismo y racismo de funcionarios, en la agresividad del gobierno de Oaxaca hacia Capulálpam y en la vergonzosa actitud de la Dirección de Minas de SE, que se ampara contra los fallos favorables a la comunidad. A la luz de este caso y otros tantos, la deliberación democrática sobre el tipo de economía necesitamos para la construcción de sustentabilidad, equidad y justicia en el país resulta urgente.
Entre 2018-2024 no se otorgaron concesiones mineras en México y el Congreso aprobó en 2023 la nueva de Ley de Minería, que reconoce los derechos de los pueblos, quita a la minería el carácter preferente y prohíbe los proyectos mineros en Áreas Naturales Protegidas y en el océano. Sin embargo, estos avances son frágiles y la captura corporativa se mantiene: es así que diputados del PRI, PAN y PRD presentaron ante la Suprema Corte un reclamo para declarar inconstitucional la nueva ley y la SE no ha emitido el reglamento correspondiente.
Con la impunidad frente al incendio en Capulálpam y el avance de la minería sobre los bosques, perdemos todos. Estar con Capulálpam, apoyar la restauración forestal y visibilizar su lucha es dar el mensaje de la prioridad de la permanencia de los bosques y las comunidades organizadas sobre los intereses privados.
Leticia Merino Pérez
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
1 La asamblea, máxima autoridad comunal, se reúne varias veces al año y toma decisiones sobre el territorio, el pueblo y sus bienes comunes. El tequio es el trabajo comunitario voluntario a partir del cual se realizan reforestaciones y se vigila el bosque. El sistema de cargos sustenta las instituciones de la comunidad, responsables, entre otros temas de la protección, uso y defensa del territorio.
2 Entre los años cincuenta y setenta, el gobierno mexicano concesionó bosques ejidales y comunales en Chihuahua, Durango, Jalisco, Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca, por periodos veinticinco años. En Oaxaca se concesionaron bosques en veinticuatro municipios, ocho de ellos en la Sierra de Juárez.
3 En las presas de jales se depositan los desechos de los procesos de separación de los metales de interés del resto de la roca. Los jales son altamente tóxicos y bioacumulables. Estas presas representan graves riesgos para la salud ambiental y humana, a partir de sus frecuentes colapsos cuando los jales llegan a los cuerpos de agua y a los suelos.
4 El municipio de Natividad se creó en 1936 en tres has pertenecientes a Capulálpam. En 2020 contaba con 586 habitantes, 65 trabajaban en la mina.
5 Según Oxfam (2023) el 1 % más rico de la población mundial acapara dos terceras partes de la riqueza global generada entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, estimada en 42 billones de dólares.
6 Concesiones por cien años, derecho a la expropiación de las tierras, acceso a toda el agua encontrada al excavar; derecho a la secrecía y ningún tipo de restricción ambiental o social.