Energía limpia y las oportunidades pospandemia

El objetivo de la política energética del presidente López Obrador es fortalecer a la industria petrolera nacional para impulsar a la economía y reducir nuestra dependencia de los combustibles importados del extranjero. El presidente en parte tiene razón: invertir en el sector energético a nivel nacional puede, en efecto, lograr la autosuficiencia y promover el crecimiento económico. Sin embargo, la apuesta por la energía fósil no es el camino por varias razones. Por un lado, la nueva refinería es financieramente inviable. Por otro lado, desaprovechar el potencial del país para la producción de energía limpia puede tener efectos contraproducentes no sólo para el ambiente, sino también para la política social que esta administración propone.¹

Ilustración: Víctor Solís

Cultura y dependencia energéticas

En México hay una profunda conexión histórica con el petróleo. Durante los años treinta del siglo pasado, la expropiación petrolera mexicana llevó a la nacionalización de todas las compañías petroleras extranjeras que operaban en el país, incluyendo todas las reservas de crudo. En las décadas siguientes, la producción petrolera (ahora en manos del Estado), posicionó al crudo como el principal contribuyente a las finanzas públicas del país. Desde entonces, el lema "el petróleo pertenece a todos los mexicanos” se ha convertido en parte de la cultura energética de México.²

Hoy en día, sin embargo, México se ha convertido en un país dependiente en lo que respecta a los combustibles fósiles: se estima que el 70 % de la gasolina y casi el 50 % del gas natural que se consumen en el país provienen de Estados Unidos.³ En el caso del gas natural, la dependencia se explica en buena parte por el bajo costo de las importaciones. En cuanto al petróleo, una de las razones por las cuales el país no ha podido alcanzar la autosuficiencia en gasolinas es porque Pemex opera al 40 % de su capacidad de refinación y es la empresa petrolera más endeudada del mundo.

El año pasado, Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, explicó que el endeudamiento de Pemex se debe en buena medida a que durante décadas los gobiernos de México implementaron políticas fiscales en las que el gobierno se llevaba  hasta el 70 % de los ingresos brutos y no de las utilidades de Pemex. Para sumar al mal manejo administrativo, en los últimos años Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor capacidad de refinación de combustibles en el mundo, lo que hace más barato para México importar gasolina que producirla a nivel nacional.⁴

La respuesta del gobierno a esta situación ha sido inyectar capital en Pemex en un intento desesperado por salvar a la industria petrolera mexicana. En el ejercicio fiscal de este año, por ejemplo, se destinaron 41 000 millones de pesos para la construcción de la refinería, la cual se estima tardará al menos cuatro años en ser completada. En los últimos meses, sin embargo, el gobierno ha sido criticado por la rentabilidad del proyecto, así como por no ponerlo en pausa y reorientar el gasto público para combatir la crisis económica que se avecina. Asimismo, la pandemia y su relación con la crisis de los precios del petróleo han demostrado lo poco atractivo que resulta depender económicamente del crudo.

A pesar de todos estos hechos, el proyecto en Dos Bocas sigue en pie. El rescate a Pemex, entonces, sigue una lógica política más que una estrategia económica. Esta narrativa de rescate está sustentada en un problema de seguridad energética, en la dependencia del sector energético en los combustibles fósiles y en una cultura energética nacionalista de producir y consumir a nivel nacional. El problema es que la refinería no sólo es económicamente inviable, sino que también va en contra de la ética utilitarista del presidente y de las políticas basadas en la evidencia para hacer frente al cambio climático.

El gobierno y el cambio climático

En México, las administraciones de partidos conservadores han sido las impulsoras de leyes y acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente. Por ejemplo, bajo el gobierno de Felipe Calderón, México fue una de las primeras economías emergentes en promulgar una ley sobre el cambio climático.⁵ No obstante, estos gobiernos no tuvieron la capacidad política necesaria para implementar dichas normas y cumplir con los compromisos internacionales.

La llegada de la izquierda en 2018 abrió la puerta a un programa progresista que se asemeja a la ética utilitarista, esa que busca “maximizar el bien general”.⁶ Es en este sentido que debe entenderse el lema de la administración de López Obrador: “por el bien de todos, primero los pobres”. El actual gobierno sostiene que su principal objetivo consiste en combatir la desigualdad, sacar a los jóvenes del desempleo y desarrollar las zonas más desfavorecidas del país. Sin embargo —e irónicamente— esta política social ignora la correlación que existe entre sus objetivos y los efectos del cambio climático.⁷

Como sabemos, el mundo está experimentando una crisis ambiental sin precedentes en la que las comunidades desfavorecidas serán las más afectadas. Diversos estudios han demostrado que estos grupos tienden a estar particularmente expuestos a los impactos del cambio climático, ya que suelen habitar en zonas altamente contaminadas o propensas a desastres naturales. Los expertos también han señalado las vulnerabilidades sistémicas que hacen que estos grupos sean menos capaces de adaptarse, recuperarse y mitigar los riesgos ambientales. Por tanto, es paradójico que una de las prioridades de López Obrador consista en mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas del país.

Recuperación económica pospandemia

Estas consideraciones son más urgentes que nunca ahora que nos enfrentamos a la crisis económica de la pandemia. La economista Marianna Mazzucato apunta  que la recuperación pospandemia representa una oportunidad única para que los países construyan una economía orientada a hacerle frente al cambio climático. Mazzucato explica que muchas empresas multinacionales buscarán el apoyo de los gobiernos por medio de préstamos o políticas fiscales. En lugar de prestar apoyo sin condiciones a las empresas, la economista sugiere, los gobiernos podrían condicionar estos rescates a la adopción de políticas ambientales —como ya lo hace la Unión Europea.⁸ La crisis actual necesitará de inversiones público-privadas para estimular el crecimiento económico, en las cuales los gobiernos pueden tomar un nuevo camino mediante inversiones en sectores tales como las energías renovables, mismas que ya ofrecen mayor rentabilidad que las energías fósiles.⁹

México está en una posición particularmente propicia para aprovechar la coyuntura de la crisis de la pandemia para impulsar una economía más limpia. En lo que respecta a la energía renovable, México tiene una ventaja geográfica única. El país está situado en el llamado “cinturón solar”, que es la zona del planeta que recibe más luz del sol.¹⁰ La India ha aprovechado su ubicación en el cinturón solar y se ha convertido en pionera en materia de energía fotovoltaica.¹¹ Además, México cuenta con el tipo de suelo para promover la biomasa. Brasil aprovechó este tipo de energía en la década de los ochenta y hoy es el principal exportador de biocombustibles en el mundo.¹²

Asimismo, se ha demostrado que la energía limpia será un motor generador de empleos en el largo plazo. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estima que 42 millones de personas trabajarán en este sector para 2050, es decir, el cuádruple de su nivel actual. El caso de  Sudáfrica ha demostrado que las energías renovables tienen el potencial de generar oportunidades de empleo en comunidades desfavorecidas.¹³

El gobierno de México puede establecer una nueva relación con el sector privado y reorientar las inversiones públicas mediante una política energética sustentable. A través de esta reorientación, esta administración puede diferenciarse de las anteriores aprovechando las características geográficas del país para reducir la dependencia en combustibles fósiles, lograr la autosuficiencia energética y diversificar la economía. Al mismo tiempo, una agenda ambiental puede complementar la política social del gobierno para proteger a las comunidades vulnerables de los efectos del cambio climático. Por el beneficio de todos, esperemos que en el futuro podamos hablar de Solarmex en lugar de Pemex.

Jorge Jiménez Sólomon

¹ Instituto Belisario Domínguez, Senado Mexicano., 2019. “Hacia la reducción de la dependencia en las importaciones de petróleo y petrolíferos en México”, Dirección General de Finanzas, 58:1-19.

² Colmenares, F., 2008. “Petróleo y crecimiento económico en México 1938-2006”. UNAM, 5(15): 53-65.

³ International Energy Agency (IEA)., 2016. “Mexico Energy Outlook”. 1-129.

⁴ IEA. 2019. “Oil Information 2019”.

⁵ Averchenkova, A., et al. 2018. “Mexico’s General Law on Climate Change: Key achievements and challenges ahead”. London School of Economics, CCCEP, 1-28.

⁶ Julia, D., 2014. “The History of Utilitarianism”. The Stanford Encyclopaedia of Philosophy. Edward Zalta ed.

⁷ Islam, N. et al. 2017. “Climate Change and Social Inequality”. Department of Economic & Social Affairs, United Nations, 1-32.

⁸ European Commission. 2020. “Recovery Plan for Europe”

⁹ IRENA. 2020. “Renewables Increasingly Beat Even Cheapest Coal Competitors on Cost”.

¹⁰ Alemán-Nava, G., et al. 2014. “Renewable Energy Research Progress in Mexico: A Review”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 32: 140–53.

¹¹ Ramachandra, T.V., et al. 2011. “Hotspots of solar potential in India”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (6): 3178-86.

¹² Araujo, K., 2017. “Brazilian Biofuels”: Low Carbon Energy Transitions: Turning Points, National Policy and Innovation. Oxford University Press, 113-147.

¹³ Visagiegi, E., et al. 2006. “Renewable energy technologies for poverty alleviation, South Africa: biodiesel and solar water heaters”. Renewable Energy Technology (RET) Working Group Global Network on Energy for Sustainable Development (GNESD), 1-33.