El 30 de junio, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo que restringe severamente la capacidad del Gobierno federal para combatir el cambio climático por medio de regulaciones. El expresidente Barack Obama y el actual presidente Joe Biden contaban con la política regulatoria como un instrumento para transformar la generación eléctrica del país, sin embargo el freno por parte del Congreso dificultó sus planes. El tribunal determinó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) no tiene la autoridad para regular de manera amplia las centrales eléctricas de carbón y gas. Si bien la regulación de las centrales eléctricas no era la única herramienta para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % para 2030, el fallo hace que estos objetivos dependan aún más de la legislación paralizada por divisiones partidistas.
Fuera de Estados Unidos las consecuencias para las Américas podrían ser de gran alcance en al menos dos dimensiones: primero, el fallo afectará los compromisos regionales y la credibilidad de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para reducir emisiones; segundo, aumentará la vulnerabilidad de los países más expuestos a los impactos del cambio climático.
Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, detrás de China, así que la resolución de la corte no sólo pone en peligro sus promesas de reducir las emisiones nacionales, sino que también limita el potencial de reducción de emisiones globales y la capacidad de alcanzar colectivamente el objetivo de mantener el calentamiento global a un nivel mínimo o por debajo de 1.5 grados centígrados.
Si Estados Unidos logra el compromiso de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero, puede que marque la pauta para que los principales países emisores se embarquen a reducir las mismas. En otras palabras, si China, India y Rusia consideran que las presiones de Estados Unidos para poner fin a la dependencia del carbón son demandas vacías dada la capacidad reducida del presidente Biden de lograr objetivos nacionales, es posible que disminuyan sus propios esfuerzos. Estos países están poniendo atención; el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, declaró un día después del fallo que abordar el cambio climático requiere más que “cantar consignas”, refiriéndose a las promesas inconsecuentes de Estados Unidos.
En el mismo sentido, la deteriorada credibilidad del liderazgo climático que conserva el Ejecutivo estadunidense podría resultar en un efecto dominó negativo en la región. Por ejemplo, Biden ha presionado a Brasil para que actúe con firmeza contra la deforestación del Amazonas, y logró, en gran parte, que en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas en Glasgow (COP26) del año pasado, la administración del Jair Bolsonaro adelantara de 2030 a 2028 su año objetivo para poner fin a la deforestación ilegal.
El año pasado el presidente Bolsonaro escribió una carta dirigida a Estados Unidos en la que estimó que Brasil necesitará mil millones de dólares al año para lograr este fin, y aunque nunca se materializó un acuerdo económico y muchos consideraron que las promesas de Bolsonaro son una operación de relaciones públicas, el golpe de la Suprema Corte podría tener implicaciones para las relaciones bilaterales, particularmente en la próxima COP27, que se llevará a cabo en Egipto en noviembre de este año. El gobierno brasileño puede tomar este revés doméstico en Estados Unidos como una oportunidad para retroceder sus propios esfuerzos para combatir la deforestación ilegal en el Amazonas y promulgar medidas de agricultura sostenible. Además, Biden podría perder legitimidad frente a los gobernadores de la Amazonía, las ONG ambientales brasileñas e internacionales y los opositores políticos que contaban con su presión para proteger a la selva.
El fallo también podría representar un revés para México luego de que la presión del Enviado Presidencial Especial para el Clima, John Kerry, pareció suavizar la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a las energías renovables, al menos en el discurso. En medio de fricciones con empresas estadunidenses y repetidas visitas de Kerry, en junio del año en curso, López Obrador modificó su narrativa por lo general desdeñosa hacia las energías limpias y el capital privado, un paso tibio pero significativo que el fallo reciente podría revertir. Brasil y México son sólo dos ejemplos del efecto dominó. Si bien juntos representan más de la mitad de las emisiones de América Latina y el Caribe, sus emisiones son mucho menores a las estadunidenses, donde el ímpetu de la acción climática hemisférica recae en una administración que ahora tiene menos herramientas que antes para tomar medidas.
Por otra parte, la decisión de la Suprema Corte también amenaza con aumentar los impactos de los eventos climáticos extremos en países vulnerables. América Central, donde la Estrategia de Causas Fundamentales de la administración Biden reconoce el papel del cambio climático en la exacerbación de la migración, estará entre las regiones más afectadas en términos de sequías, inundaciones, deslizamientos de tierra, tormentas tropicales y huracanes. En el Caribe, los impactos del cambio climático para los países insulares en desarrollo como Haití son potencialmente catastróficos, dada su exposición al aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos, así como su dependencia económica al turismo. El cambio climático tiene un efecto multiplicador sobre otros fenómenos que asolan Centroamérica, el Caribe y otras partes del continente, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la crisis sanitaria provocada por el covid-19. Junto con estos problemas sistémicos, los efectos del calentamiento global probablemente ocasionarán más flujos migratorios y sufrimiento para las poblaciones de primera línea.
Si bien los impactos climáticos en América Latina son cada vez más visibles, Estados Unidos no es inmune a ellos. Numerosos estudios sugieren que el cambio climático profundiza las desigualdades raciales y socioeconómicas internas. Las comunidades latinas o hispanas, asiáticas y afroamericanas sufren un impacto enorme en comparación con sus contrapartes blancas. Casi 10 millones de hispanos viven en condados con niveles elevados de contaminación del aire y, según una encuesta de Pew Research del año pasado, siete de cada diez adultos hispanos argumentan que el cambio climático está afectando a sus comunidades locales en comparación con cinco de cada diez adultos no hispanos. Así, los peligros naturales, prolongados y más frecuentes por el cambio climático, también profundizan la brecha de riqueza racial.
Joe Biden aún tiene algunas herramientas, aunque cada vez menos, para cumplir sus promesas y restaurar las relaciones interamericanas. La Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo, no perdió toda la autoridad reguladora; aún tiene atribuciones para regular las centrales de carbón y sigue trabajando en la creación de normas para reducir las emisiones de metano y promover la electrificación del transporte.
En el ámbito regional, Estados Unidos puede ejercer el liderazgo de diferentes maneras, a través de la asistencia de mitigación continua a los países de menores ingresos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), las contribuciones al Fondo de Tecnología Limpia del Banco Mundial y el apoyo a otros programas del gobierno para proteger los sumideros de carbono críticos en la Amazonía. En términos de mejorar el daño que el cambio climático puede causar a las poblaciones vulnerables en las Américas, la presidencia tiene planes con alto potencial como la recientemente anunciada Alianza para Abordar la Crisis Climática 2030, que promoverá la seguridad energética y la resiliencia climática en la comunidad del Caribe. Además, Biden solicitó 1600 millones de dólares para el próximo año fiscal para ayudar a las naciones en desarrollo a través del Fondo Verde para el Clima, un fondo que su predecesor descuidó descaradamente.
Hay otras razones para permanecer optimistas. Una combinación de factores, incluidas presiones del mercado, regulaciones subnacionales, objetivos corporativos de energía y emisiones, y demandas de la sociedad civil, siguen promoviendo la descarbonización en el sector eléctrico estadunidense. De hecho, la opinión de la Suprema Corte no refleja la de la mayoría de los estadunidenses; por el contrario, es resultado de los esfuerzos de un pequeño pero influyente grupo con una agenda extremadamente conservadora, lo que plantea interrogantes sobre cuán democráticas y representativas deberían ser decisiones como esta y qué voces están siendo silenciadas. Según Yale 2021 Climate Opinion Maps, el 66 % de los estadunidenses cree que debería haber límites estrictos de emisiones de carbono en las plantas de carbón, y el 72 % está de acuerdo en que las emisiones de carbono deberían regularse como un contaminante. El Centro de Investigación Pew informa que el 69 % de los adultos está a favor de que Estados Unidos alcance la neutralidad de carbono para 2050. Así, la democracia y la justicia climática son más relevantes que nunca para salvar al planeta.
La decisión de la corte citó la responsabilidad de los legisladores de definir las habilidades de la EPA y afianzó que será necesaria la acción del Congreso, un imperfecto representante de la opinión mayoritaria sobre éste y otros temas. Sin él, la administración de Biden debe hacer lo que pueda para mitigar el empeoramiento de los impactos climáticos en el sur y pensar creativamente cómo, en una crisis de credibilidad, pueden continuar sus esfuerzos de diplomacia climática en América Latina y el Caribe.
Daniela Stevens
Directora del Programa de Energía y Cambio Climático, Diálogo Interamericano
Este texto fue publicado originalmente en inglés en The Dialogue.
Siempre velando por los intereses de la industria antes que de los del planeta. Por eso empresas como Sempra Infraestructura, que tienen el potencial y la tecnología para innovar y producir energía limpia, no crecer lo suficiente. 🙁