Hace unas semanas, un grupo de activistas de Just Stop Oil recibió la condena más larga jamás impuesta en el Reino Unido por protestas no violentas. Su crimen: bloquear una autopista para exigir el fin de las nuevas licencias de producción de combustibles fósiles. En un mundo al borde del colapso, sus acciones plantean una pregunta crucial: ¿cómo es posible que llamemos “vandalismo” a sus acciones mientras ignoramos la verdadera destrucción que amenaza nuestro futuro? Las acciones disruptivas, lejos de ser simples actos de vandalismo, son intentos desesperados por detener la maquinaria de destrucción que amenaza con la vida. La historia nos muestra que son precisamente los movimientos de resistencia, aquellos que incomodan y desafían las normas establecidas, los que han logrado transformaciones profundas. Es en este contexto donde debemos reconocer que el verdadero vandalismo no está en las calles, sino en la destrucción sistemática y legalizada del mundo natural.
Para comprender el papel de la desobediencia civil en el activismo climático, es importante situarla dentro de un espectro más amplio de acciones que van desde las menos hasta las más confrontacionales. El activismo climático abarca una diversidad de tácticas, cada una con su grado de confrontación con las normas sociales y legales. En el extremo menos confrontacional, encontramos formas de activismo como la defensa pública a través de la creación y apoyo a ONGs y think tanks, el cabildeo por parte de ciudadanos y organizaciones, la litigación y los boicots. Estas tácticas buscan influir en políticas y decisiones sin necesariamente violar las normas establecidas.1
Sin embargo, cuando estas estrategias no logran el cambio necesario, algunos activistas optan por métodos más directos y disruptivos. Aquí es donde entra la desobediencia civil, una forma de activismo más confrontacional que a menudo implica la violación deliberada de leyes y normas con el objetivo de generar un cambio urgente y necesario. La desobediencia civil se basa en la idea de que cuando las leyes se convierten en barreras para la justicia, no sólo es legítimo desobedecerlas sino moralmente necesario.
¡Con los girasoles no se juega! Y otras historias de desobediencia climática
En el activismo climático, la desobediencia civil adopta formas que van desde protestas ilegales hasta acciones directas que interfieren con infraestructuras, como bloqueos de carreteras y aeropuertos, o la vandalización simbólica de espacios culturales y comerciales. Estos actos, buscan resaltar la urgencia de la crisis climática y la insuficiencia de las respuestas convencionales.
En los últimos años, hemos visto un aumento de protestas climáticas que buscan sacudir conciencias de manera cada vez más audaz y disruptiva. Uno de estos actos fue el lanzamiento de sopa de tomate sobre la famosa obra de “Los Girasoles" de Van Gogh. No fue un acto impulsivo, sino producto de una cuidadosa planificación destinada a crear un impacto mediático global. Los activistas sabían que la pintura estaba protegida por vidrio, asegurando así que su protesta no causara un daño real al patrimonio, pero sí una disrupción significativa en el espacio público. De manera similar, activistas derramaron carbón en la Cámara de Comercio Británica como una forma simbólica de confrontar directamente a las instituciones que los activistas ven como cómplices en la crisis climática, utilizando el carbón para representar la destrucción ambiental causada por los combustibles fósiles. En Londres, hicieron bloqueos en el aeropuerto de London City y en la Bolsa de Valores. Dernière Rénovation vandalizó tiendas de lujo en Milán.
El filósofo y activista Andreas Malm, en su obra How to Blow Up a Pipeline,2 retoma esta tradición de pensamiento para justificar acciones más radicales en el contexto de la crisis climática. Malm plantea que, dado el fracaso de los métodos convencionales y la rapidez con que se acerca el punto de no retorno, la destrucción de infraestructura fósil podría ser moralmente justificable. La obra de Malm abre un debate ético sobre los límites de la acción radical. ¿Hasta qué punto es moralmente aceptable dañar propiedad para salvar vidas? ¿Es la destrucción de una infraestructura fósil, que contribuye directamente al a la crisis climática, un acto de autodefensa legítima? Estas preguntas, lejos de ser fáciles de responder, subrayan la complejidad de la crisis climática y la desesperación de quienes luchamos por un futuro digno de ser habitado.
La legitimidad ética en la desobediencia civil
Henry David Thoreau, filósofo y escritor estadunidense, escribió Civil Disobedience en 1849 como respuesta a su oposición a la esclavitud y a la Guerra Mexicano-Estadunidense, dos ejemplos que consideraba inmorales y profundamente injustos. Thoreau sostenía que la conciencia individual debe prevalecer sobre las leyes del gobierno cuando estas son injustas. Propuso que los ciudadanos no solo tienen el derecho, sino la obligación moral de desobedecer leyes que perpetúan la injusticia. Este pensamiento radical, basado en la primacía de la conciencia individual y la crítica a la obediencia ciega a la autoridad, se convirtió en un pilar para futuros movimientos de resistencia.
La influencia de Thoreau trascendió su tiempo y contexto, impactando a líderes como Mohandas K. Gandhi y Martin Luther King Jr. Gandhi adoptó los principios de Thoreau para desarrollar el concepto de Satyagraha, o resistencia no violenta, que utilizó eficazmente en la lucha contra el colonialismo británico en India. De manera similar, Martin Luther King Jr., en su lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, se basó en la idea de que la desobediencia civil es una respuesta moralmente necesaria frente a leyes que no sólo son injustas, sino que también perpetúan sistemas de opresión. Ambos líderes demostraron cómo la desobediencia civil puede ser una herramienta poderosa para la transformación social, inspirando a generaciones posteriores a luchar por la justicia a través de medios pacíficos y conscientes.
La lucha por la justicia requiere acción
En tiempos de crisis, cuando la pasividad se convierte en cómplice de la injusticia, la protesta y la desobediencia civil se convierten en respuestas legítimas y necesarias. La pregunta sobre hasta qué punto es moralmente justificable violar la ley en nombre de un bien mayor es compleja, pero la historia nos enseña que la desobediencia ha sido, en muchos casos, el catalizador indispensable para el cambio social.
En el caso de Just Stop Oil, es claro que las leyes que penalizan la desobediencia civil y las protestas ambientales no están simplemente defendiendo el “orden público”, sino que están preservando un orden económico que privilegia las ganancias de unos pocos sobre la sostenibilidad del planeta. Estas leyes, diseñadas para proteger los intereses de las élites económicas y las industrias más poderosas, como la de los combustibles fósiles, intentan sofocar la resistencia y desmovilizar a aquellos que buscan un cambio sistémico. En el contexto de la crisis climática, estas protestas no sólo buscan detener la crisis climática, sino que también cuestionan la legitimidad del poder estatal y sus instituciones, al mostrar que la ley no siempre sirve al bien común, sino que protege a aquellos que están contribuyendo al deterioro del planeta.
En estos momentos críticos, la desobediencia civil no sólo se justifica moralmente, sino que es un recordatorio poderoso de que la lucha por la justicia requiere acción, incluso cuando esa acción desafía las normas establecidas.
Ana Valentina Flores
Consultora y divulgadora del conocimiento ambiental
1 Cripps, E., Climate change and the moral agent: Individual duties in an interdependent world, OUP Oxford, 2013
2 Malm, A., How to blow up a pipeline: Learning to fight in a world on fire, Verso Books, 2021
Thoreau debío protestas cuatro años antes. No cuando el robo de los territorios fue un hecho consumado, y legitimado legalmente como una «venta»; así se los enseñan en EEUU, no mencionan la guerra, sólo dicen que México les vendió voluntariamente la mitad del territorio. Esa venta fue posible gracias a unos polítcos que querían en el general de EEUU, Zacarías Taylor, fuera presidente de México, y «modernizar» al país, (convertir a México en un país capitalista como Inglaterra o EEUU).
Es preocupante la tendencia en Europa, sobre todo en el Reino unido y en Francia, de criminalizar todo tipo de protestas. Al parecer, debido al continuo empobrecimiento de la población esperan que las protestas crezcan. En Argentina Milei está usando la represión policial y quiere militarizar la seguridad interior para evitar tener que huir en helicóptero.
La protesta social y la desobediencia civil son necesarias, pero deben darse después de haber agotado todas las demás medidas; de otro modo, la protesta social sólo sería la actividad de un grupo de fanáticos que piensan que su causa es lo único importante, y no respetan ni personas ni patrimonio cultural (recordemos el grafitti en Stonhenge o las pintas en muros y monumentos publicos en las protestas en México). Al parecer la destrucción de los gasoductos Nord Stream fue culpa de activistas climáticos, o al menos se puede justificar de esa manera.
En primer lugar, no se puede renunciar de golpe a los combustibles fósiles o tendremos una crisis peor que la que Milei le recetó a Argentina. En segundo lugar, los bancos de inversión usan como pretexto el cambio climático para presionar a los países productores de petróleo para cederles sus yacimientos más productivos a cambio de soltarles la financiación y aplicar métodos de greenwashing. Sólo debemos ver lo que ocurre en Guyana, donde Exxon mobil está extrayendo petróleo con un costo promedio de 25 dólares y lo vende en inglaterra y holanda a 80 dólares. Petróleo «verde», por cierto.
En tercer lugar, la tecnología para sustituir a los combustibles fósiles no existe. Las renovables conectadas directamente a las redes eléctricas aumentan la probabilidad de apagones debido a su intermitencia; requieren de plantas eléctricas de combustibles fósiles que las respalden. Las renovables no han podido sustituir a los combustibles fósiles en la generación de energía, incluso Alemania ha regresado a las plantas eléctricas de carbón para sustituir al gas que ya no recibe.
Además, la electricidad sólo supone el 30% del consumo energético final. El resto usa combustibles fósiles para transportar mercancias, personas y combustibles (el transporte del combustibles es casi el 35% de los usos finales de la energía) o para minería.
La transición energética requiere aumentar la actividad minera para extraer litio, cobre, cobalto, tierras raras, etc. La minería de cobalto se fundamenta sobre el trabajo casi esclavo de niños en el Congo, y sus vidas no mejoran porque al mercado le conviene un cobalto barato para tener celulares, laptops y autos eléctricos baratos.
La minería de tierras raras contamina el ambiente y ejerce presión sobre el territorio y los habitantes del mismo para abrir nuevos yacimientos. En argentina, se autorizó quitarles sus tierras a los indígenas para convertirlas en minas de litio, el cuál además consume grandes cantidades de agua. En ecuador,, las mineras canadienses amenazan de muerte a los lideres indígenas que se oponen a abrir minas de cobre en su territorio. Cada vez más políticos y empresarios ven la minería submarina como una opción para obtener materia primas críticas.