Los problemas ecológicos del planeta sin duda afectan la salud de los seres humanos: la más reciente advertencia es la pandemia de covid-19. Con la nueva serie “El cuerpo ante la crisis ambiental”, los blogs Crisis Ambiental y (Dis)capacidades exploran las consecuencias de esta desestimada relación.
Los desastres naturales nunca son tan “naturales” como parecen. Se entretejen con un componente social que vuelve complicado identificar en dónde termina lo “natural” y en dónde empieza lo social. No se puede pensar que un fenómeno sea enteramente social porque no se puede negar la agencia de la naturaleza, pero tampoco podemos aseverar que un desastre sea sólo natural, dado que sus impactos están mediados por estructuras sociales de desigualdad. En ese sentido, la relación que tenemos con la naturaleza depende de categorías sociales que nos posicionan en lugares de exclusión o de privilegio. No es lo mismo disfrutar de la lluvia a través de la ventana tomando un té, que esperar al pesero en una calle que se inunda, o intentar cruzar una avenida con charcos utilizando muletas. Será la misma lluvia, pero no nos afecta a todos de igual manera. Las diferencias de género, edad, localidad, condición económica, raza, color de piel, discapacidad, entre otras, influyen en cómo nos impactan los distintos fenómenos ambientales, en la posibilidad de tener acceso a información sobre estos y sus riesgos, así como en ser parte de las estrategias de protección.
En 2005, Oxfam realizó una investigación sobre la manera en la que ciertas estructuras sociales, en concreto los roles de género, definen la forma en la que un desastre natural impacta a las personas. De acuerdo con el reporte, que los niños tengan mayor libertad y respaldo social que las niñas para nadar y trepar árboles se vuelve un factor crítico para salvar la propia vida en situaciones de desastre, como un tsunami. Esto se suma a algunos estudios que señalan que, cuando mujeres y hombres gozan de los mismos derechos, los desastres naturales causan el mismo número de decesos en ambos sexos, mientras que al haber desigualdad, las probabilidades de morir aumentan hasta catorce veces para mujeres y niñas con relación a los hombres.1 Las condiciones posdesastre también se encuentran mediadas por género: las mujeres están más expuestas a la violencia doméstica después de un desastre y experimentan más violencia sexual en los albergues. Además, el trabajo de cuidados, cuya responsabilidad recae sobre todo en ellas, aumenta considerablemente.
Ilustración: Kathia Recio
Tener una discapacidad es otro de los factores que hacen mucho más riesgoso enfrentarse a un desastre natural, dada la serie de desigualdades que la discapacidad imprime en la cotidianidad de quienes viven con ella. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece —en su preámbulo E— lo que se conoce como la “no definición” de la discapacidad. Esto se refiere a que la discapacidad no puede definirse en tanto se trata de un concepto que evoluciona y depende de la interacción entre las personas con “deficiencias” y las barreras causadas por las actitudes y el entorno. Es la combinación del contexto con procesos y condiciones discapacitantes, más que la mera condición física o psicosocial, la que evita la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.
Así, la relación de la discapacidad con los desastres naturales es multifacética. Estos pueden ser causantes de deficiencias que resulten en numerosas discapacidades —mutilación por terremoto, problemas respiratorios por incendios, por mencionar algunos ejemplos— pero también es cierto que tener una discapacidad aumenta el riesgo frente a un desastre natural. Un ejemplo muy claro en el caso mexicano —y que refleja el sesgo al momento de valorar las vidas de las personas con discapacidad como igualmente valiosas que otras— es la omisión de perspectiva de discapacidad en los Planes de Protección Civil. Los elementos sustantivos que consideran los planes de protección civil para todos los inmuebles en el país son, en primer lugar, las medidas de prevención que buscan reducir el riesgo; en segundo lugar, las acciones de manejo de emergencia, y por último las acción de recuperación. En todas ellas, las personas con discapacidad están expuestas a mayores riesgos pues no consideran la desigualdad estructural que las afecta de manera desproporcionada.
Respecto a la prevención, una investigación de 2014 de la Organización Panamericana de la Salud, basada en una encuesta nacional en Estados Unidos, expuso que “la edad más avanzada, la discapacidad física y un menor nivel de escolaridad y de ingresos se asocia independiente y significativamente a un grado de preparación general inferior [ante desastres naturales]”. Aunque no se ha generado esa información para México, podemos suponer que la condición de discapacidad —que también está relacionada con una menor escolaridad y con condiciones socioeconómicas de carencia— influye en una menor preparación y prevención ante desastres naturales, lo que supone un mayor riesgo al momento del desastre.
Pero esto ocurre también porque los sistemas de prevención no son incluyentes. Es el caso de las alarmas sísmicas en nuestro país que, al ser sonoras, dejan a las personas sordas o con menos capacidad auditiva en una franca desventaja. Incluso en la Ciudad de México, en donde se puede conocer la alerta a través de aplicaciones móviles, los fallos ocurren —como pudo verse en el simulacro del pasado lunes en el que ésta no funcionó—. La infraestructura suele ser otro de los problemas para la accesibilidad. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia de covid-19 en el que se recomienda el lavado de manos frecuente, la colectiva Yo Cuido ha denunciado que los lavamanos —incluso de hospitales públicos—, no están a alturas accesibles para algunas personas con discapacidad.
Por cuanto hace al manejo de emergencia, la NOM-008-SEGOB-2015 —referente a “Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia/desastre”— señala que “la evacuación de las personas con discapacidad se debe de realizar de forma simultánea con la demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente el tiempo de evacuación general”. Ese “siempre y cuando” constituye una distinción arbitraria ante el entorno desigual y resulta en que las personas con discapacidad sean dejadas hasta el final en las evacuaciones de emergencia, poniendo en riesgo su vida. Un ejemplo de lo anterior es lo sucedido en 2015 durante el huracán Patricia en Jalisco.
Aunado a lo anterior, las voces y necesidades de las personas con discapacidad son menos reconocidas y consideradas en los planes de reconstrucción. Como ejemplo de esa invisibilización se tiene que en la actual emergencia sanitaria no se ha tomado en cuenta a las personas con discapacidad en los distintos procesos, incluyendo la estrategia de vacunación. A las personas con discapacidad se les consideró en los criterios de priorización y sin embargo han sido excluidas de la calendarización2 y de las herramientas para registrarse para la vacuna, situación que se suma al hecho de que su riesgo inicial frente a la enfermedad era mayor. Otro ejemplo está en lo ocurrido en los sismos de 2017, cuando el Conapred emitió recomendaciones básicas para la interacción con las personas con discapacidad en caso de sismo sin lograr incidir en una reducción del riesgo real. Esto se debió a que, normativamente, la guía no tiene el alcance jurídico para incorporar la perspectiva de discapacidad y de género en los protocolos de protección civil, pues su carácter es solamente orientador.
El cambio climático está dando pie a que los desastres aumenten en magnitud y en periodicidad. Las crisis ambientales —entre otras que socialmente no se reconocen ni nombran como tal— afectan desproporcionadamente a las vidas de personas que ya vivían en condiciones de desigualdad y que son discriminadas de manera cotidiana. Ejemplo de ello es lo que señala la teórica Clara Valverde sobre la ausencia del reconocimiento y rentabilidad de la fatiga crónica y otras enfermedades del tipo relacionadas con múltiples factores ambientales: para las personas que las viven es evidente que son crisis producidas por la estructura y el sistema y, sin embargo, son socialmente ignoradas como tales.3
Ante esta complejidad, abrir el diálogo sobre las crisis y lo que implican para nuestra vida y nuestros cuerpos es vital. Este diálogo debe nutrirse del reconocimiento de que hay personas que mueren o están en mayor riesgo que otras; por lo tanto, llamar “natural” a los desastres esconde el valor diferencial que otorgamos a las vidas y que protegemos algunos cuerpos sobre otros. Cada vez más personas son expulsadas a situaciones límite y normalizamos el que ciertos cuerpos sean considerados menos valiosos. Todo esto es producto de un sistema capitalista y patriarcal que define el valor y el sentido de la vida.
Con cada crisis, el potencial de ser empujado al límite de la exclusión y de sufrir encarnizadamente las consecuencias aumenta, y en cambio, se le adjudica al “azar” o a la mala suerte. Queremos negar nuestra permeabilidad: la relación de cuidado y sostén con el medio ambiente y con los otros. El miedo a ser afectados nos impulsa a construir ambientes y cuerpos no porosos para evitar, por ejemplo, que el virus “entre” en nosotros. Pero, por el contrario, la respuesta radica en abrirse y reconocer que nuestras vidas están entretejidas, que nuestros cuerpos adquieren sentido con su ambiente y con los otros cuerpos que lo rodean. Reconocerlos y mostrarlos es, en parte, afirmar la esperanza de la vida.
Alejandra Donají Núñez
Politóloga. Ha publicado en Animal Político, con el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
Otros textos de esta serie:
La integridad ecológica en la salud y el bienestar, de Enrique Martínez Meyer
1 En el sismo de 2017, la sobremortalidad en la Ciudad de México fue de dos mujeres por cada hombre.
2 El documento rector Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, incluso con la modificación del 28 de abril de 2021, establece que en la etapa 4, junto con las personas de 40 a 49 años y grupos de atención prioritaria, se consideraría a las personas con discapacidad. El documento también estableció que las personas con comorbilidades serían vacunas en la etapa 3 y previo al personal docente. Sin embargo, ello tampoco se consideró en la implementación.
3 Clara Valverde escribe de los Síndromes de Sensibilidad Central, que incluyen el Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidades Químicas Múltiples, Fibromialgia, Sensibilidad Electromagnética, entre otras. Todas relacionadas con lo que ella describe como componentes ambientales. Clara Valverde, De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización, Barcelona, Icaria, 2015.