Aunque México es un país especialmente vulnerable a fenómenos naturales como huracanes, tormentas e inundaciones, el gobierno ha invertido y enfocado sus esfuerzos en la atención después de los sismos. Es claro que los daños que éstos ocasionan son relevantes y tienen que ser objeto de medidas preventivas y correctivas. Pero la frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos irá en aumento por los efectos del cambio climático: habrá lluvias más frecuentes, aumento en los niveles del mar, intensidad de los ciclones tropicales, incremento de la proporción de eventos atmosféricos en todo el Atlántico, también habrá huracanes más intensos, al igual que los daños que estos ocasionan, por lo cual es necesario tomar medidas y dedicar recursos para su atención. A partir del caso de la vulnerabilidad de Tabasco veremos porqué es relevante enfocar nuestra atención a los desastres agravados por el cambio climático.
En 2020, desde Centroamérica, pasando por México y llegando a Florida, el huracán Eta demostró lo que quizás sea una constante en los próximos años: un alto poder destructivo y una trayectoria atípica a lo que se había registrado en años anteriores. Las imágenes fueron particularmente dramáticas para Tabasco. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que había más de 90 mil afectados, más de 25 mil viviendas con daños y más de 30 fallecidos. En buena medida, el daño fue ocasionado por el desbordamiento de diversas presas conectadas con el Río Grijalva, el cual llevó más de 3,500 metros cúbicos por segundo a la presa Peñitas.
Se sabía desde hace varios años que esto ocurriría en Tabasco. El Gobierno de Tabasco ya había proyectado que la inundación del sistema de presas alrededor del Río Grijalva representaba un riesgo mayor para los municipios de la zona Chontal y la zona metropolitana de Villahermosa. Este estudio fue realizado después de los daños causados por los huracanes Ingrid y Manuel en 2013. La ausencia de una política urbana que tenga asentamientos seguros ante inundaciones causa la mayor vulnerabilidad a familias de bajos ingresos que viven en zonas de riesgo.
Para mostrar esta vulnerabilidad, decidimos elaborar tres mapas de Tabasco (figuras 1, 2 y 3). El primero, del porcentaje de población en vivienda inadecuada según Coneval. El segundo, la probabilidad de inundaciones según datos de Conagua. El tercero, la probabilidad de la recurrencia de ciclones, también con datos de Conagua. Como se puede ver, las líneas del lado derecho eran las trayectorias más usuales de huracanes en México. Aunque cabe aclarar que después de Eta, estas tendrán que ser actualizadas. En las figuras 2 y 3 se proyecta también el sistema de carreteras federales.
Figura 1. Mapa municipal del porcentaje de población en condiciones de vivienda inadecuada según Coneval (2015)
Figura 2. Mapa municipal del índice de riesgo de inundación por Conagua (2013)
Figura 3.- Mapa municipal del índice de riesgo de ciclón tropical por Conagua (2013)
Tres hechos son visibles a partir de los mapas: el primero, prácticamente todo el estado de Tabasco es vulnerable a inundaciones y ciclones tropicales. Incluso el municipio de Balancán, aunque presenta menor riesgo que los demás, se encuentra en la zona de trayectoria usual de huracanes. El segundo, la capital y su sistema carretero son proclives a inundaciones. En caso de un huracán potente el municipio podría quedar aislado y esto puede arriesgar la vida de miles de personas. El tercero, las poblaciones costeras del municipio de Centla y de los deprimidos de Macuspana presentan la mayor probabilidad de ser afectadas.
Desafortunadamente, la geomorfología de Tabasco anuncia algo todavía más preocupante. Como documentaron Ramos y su equipo, con el ascenso del nivel del mar por el descongelamiento de los polos relacionado al calentamiento global, más del 60 % del territorio de Tabasco y Campeche son altamente vulnerables de hundirse, no sólo por la desaparición de las zonas costeras sino por la formación de lagunas y por el probable aumento de los caudales de los deltas del Río Grijalva y Usumacinta en época de lluvias. En particular, dada la vulnerabilidad de la zona costera de Tabasco, es posible que esté en riesgo de desaparecer el litoral que cubre a la laguna de Mecoacán, que es vecina de la zona del puerto de Dos Bocas, donde hoy se construye una refinería.
A estos problemas, se suma la economía política de la gobernanza hídrica de Tabasco. Decisiones gubernamentales en conjunto con influencias privadas han puesto en peligro la vida de miles en la entidad. Ante estas condiciones existieron diversos planes, proyectos de inversión en infraestructura desde al menos el año 1959, cuando se optó por construir obras de almacenamiento para manejar los caudales de los mencionados dos ríos principales. En 2013 se inauguró la última obra importante, la compuerta El Macayo. Sin embargo, se han documentado malos manejos de recursos y continuos retrasos.
El Macayo es relevante porque controla la bifurcación del río Carrizal y del Samaria, ambos pertenecen al río Grijalba. Esta bifurcación también divide a Villahermosa, la capital del estado, de los pueblos chontales, los más pobres de la entidad. El huracán Eta dejó tanto al gobierno federal como al local expuestos frente a una decisión que desembocaría, en cualquiera de los casos, en una de las mayores tragedias por inundación en Tabasco: cerrar la presa por el lado este o por el oeste. La primera opción implicaría minimizar los daños en Villahermosa, la segunda, minimizarlos en el Tabasco de las comunidades indígenas. Se cerró entonces la presa por el lado del río Carrizal y se dejó a su suerte a los más pobres. Esto se agravó con la existencia de asentamientos irregulares por debajo del nivel del mar y la mala gestión en la urbanización del estado.
Este tipo de decisiones ha dejado a Tabasco aún más frágil frente a los desastres hidrometeorológicos. Si bien, proteger al mayor número posible de ciudadanos de los efectos de las inundaciones debe ser el objetivo, lo único consistente en la gestión económica del estado es que esto no es lo primero que se tiene en mente cuando se trata de hacer política pública.
En el ámbito de la explotación del suelo para agricultura, en específico el auge por la producción de aceite de palma, que es utilizado en la generación de energía renovable como combustible, promueve la conversión de grandes extensiones de territorio al monocultivo. Esto altera el ciclo del agua y genera contaminación ambiental. En particular, la deforestación de los manglares en Tabasco impide la absorción del agua de lluvia por el subsuelo.
En cuanto al mal manejo de las presas, el gobierno federal reconoció que en las inundaciones del 2020 se cometió un error de cálculo en el desfogue de la presa Peñitas, al dejar salir lo equivalente a un millón de litros de agua por segundo durante 24 horas. Esto provocó la inundación de al menos siete poblaciones en Nacajuca y Cunduacán. La presa Peñitas, manejada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), alberga una de las cuatro hidroeléctricas de la región. Esta fue reconvertida para la generación de energía cuando su función original era de control hidráulico para la seguridad de la población. Para solucionar esto, el ejecutivo publicó un Decreto después de las inundaciones de Tabasco en 2020, en el que se prioriza la protección civil y se establecen ciertas regulaciones para el manejo de las hidroeléctricas del Río Grijalva. Sin embargo, su impacto está aún por verse.
Sobre la explotación minera, la producción de Tabasco para 2019 equivalía al 1.37 % del total nacional o el equivalente a casi 8 mil millones de pesos, y fue operada por tan sólo 11 empresas. Sin embargo, el efecto en la atmósfera, en el suelo y en el agua impactó a millones de personas y va más allá de su contaminación. La erosión del suelo, los cambios en la dinámica fluvial y las alteraciones en el régimen hidrogeológico, entre otras, coinciden en una consecuencia: el aumento de la probabilidad de inundaciones y los peligros que esto conlleva.
La explotación petrolera de la región tampoco atiende a una preocupación por el bienestar de la población tabasqueña, sino a una política que sostiene las finanzas públicas del país. A principios del 2021 se encontró en Tabasco Dzimpona-1, un yacimiento de petróleo con un potencial de producción de entre 500 y 600 millones de barriles. Mientras tanto, los estudios de impacto ambiental para la construcción de la refinería de Dos Bocas muestran que el proyecto ignora los costos ambientales, al igual que los altos riesgos de inundación marina y fluvial en el predio.
Si se toma en cuenta la evidencia que se tiene sobre la crisis climática, no es descabellado pensar que parte de Tabasco quedará bajo el mar en unos años y con ello, miles de ciudadanos tendrán que desplazarse de manera definitiva. Esto implica invertir millones de pesos en encontrar vivienda para nuestros refugiados climáticos y enfrentar enormes pérdidas económicas como los millones de pesos invertidos en infraestructura, como la refinería de Dos Bocas. El Centro de Desplazamiento y Monitoreo de Desplazamiento Forzado Interno (IDMC por sus siglas en inglés) tiene registrados más desplazados por clima que por conflictos de otro tipo a nivel mundial, y en México existen por lo menos veinte mil refugiados climáticos.
El compromiso de México por reducir su emisión de gases de efecto invernadero en el Acuerdo de París no será suficiente para enfrentar las consecuencias que los desastres naturales agravados. Las medidas gubernamentales que se han implementado con este fin no han sido más que paliativas, sin una visión que permita enfrentar el futuro. No sólo se requiere construir presas que permitan el buen manejo de los caudales, se deben revertir los procesos de degradación del suelo, por nombrar un ejemplo.
Además, dadas las proyecciones de aumento del nivel del mar por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), será necesario comenzar a planear la relocalización de poblaciones enteras a zonas habitables, lo cual se complicará con el aumento de sequías en otras partes del país. Los 2.4 millones de habitantes de Tabasco están, dependiendo de la zona donde vivan, en riesgo de perder sus viviendas y su estilo de vida. En particular, como se muestra en los mapas anteriores, aquellos que viven en zonas irregulares, serán los primeros en ser desplazados de manera permanente.
Estamos muy retrasados en los planes para los refugiados climáticos de Tabasco y otras partes del país. En lugar de la posición reactiva que el gobierno mexicano ha adoptado desde hace décadas, debe prever y actuar en todos los escenarios posibles para proteger a las poblaciones más vulnerables.
Raúl Zepeda
Estudiante doctoral en la Escuela de Estudios de Seguridad en King’s College London. Integrante del Grupo de Investigación en Seguridad Medioambiental de la misma Universidad. zepeda.raul@kcl.ac.uk
Mara Sánchez
Consultora y economista por la UNAM