Mucho se ha discutido en nuestro país acerca de la militarización. Ha habido quienes la han diferenciado del militarismo señalando que la primera, a diferencia del segundo, no implica la introducción de una cultura militarizada en el espacio público y los órganos de gobierno —pienso en este punto, por ejemplo, en algunas de las reflexiones que sobre esto nos ha compartido el ministro Cossío—. Asimismo, están quienes desean llevar a cabo una historización de la militarización en México argumentando que, si bien desde el sexenio de Felipe Calderón ésta se intensificó, sería inexacto decir que la militarización comenzó en ese periodo. Finalmente, ha habido quienes han revelado los peligros que esto representa para los derechos humanos, en especial de mujeres, diversidades sexo-genéricas y otros grupos vulnerables —aquí ha sido el trabajo de Intersecta el que al menos yo destacaría como un aporte fundamental para comprender este riesgo—.
Sin embargo, pocos se han enfocado en uno de los rostros aparentemente menos problemáticos de la militarización: su uso como parte de una estrategia de manejo y preservación de los recursos naturales y de los servicios ambientales que nos brindan los ecosistemas en territorio mexicano. A esto último se le denomina militarización verde y en estricto sentido se define como el empleo de las Fuerzas Armadas en cualquier tarea vinculada con la conservación, preservación, restauración o manejo de recursos naturales o servicios ambientales al interior de un territorio, aunque quizás una visión menos estrecha incluiría también el colocar al cambio climático y las afectaciones que éste genera como un problema de seguridad nacional que el aparato de Estado debe afrontar.
El uso de las Fuerzas Armadas para estas tareas no es del todo sorprendente, pues cuentan con sistemas de información y comunicación que les permiten llevar a cabo tareas que requieren de una enorme capacidad de coordinación y que han de realizarse sobre territorios de gran extensión. Gracias a esto y al hecho de que las Fuerzas Armadas cuentan con la capacidad de vigilar —vía tecnologías de percepción remota— el grueso de las actividades que se llevan a cabo sobre un territorio, es que las instituciones militares han sido seleccionadas en diversos puntos del orbe como las responsables de llevar a cabo actividades vinculadas a la salvaguarda de los ecosistemas de un país. Pensemos a modo de ejemplo en lo que puede implicar la reforestación de todo un municipio y entenderemos por qué dicha tarea puede requerir de una capacidad de coordinación que otras ramas del Estado simplemente no poseen.
Nótese que algo que evidencia el ejemplo anterior es que, más allá de las capacidades que poseen las Fuerzas Armadas en sí mismas y que quizás podrían explicar por qué se les emplea en tales tareas, hay sin duda un aspecto simbólico que no debemos obviar. Me refiero con esto a que la militarización verde reviste al Ejército o a la Marina de un capital simbólico que las legitima en tanto aparentes defensoras de los derechos ambientales de la población de un país. Esto es, el empleo de las instituciones militares para estas tareas pretende también humanizarlas y hacerlas aparecer como comprometidas con una ética ampliativa de carácter biocéntrico, es decir, como instituciones que se rigen por normas éticas vinculadas al bien común. Tristemente, en muchos casos este gesto es meramente retórico ya que no necesariamente se corresponde con las formas en las cuales se lleva a cabo el manejo de los recursos de un territorio.
Es importante tener en mente la distinción entre, por un lado, las llamadas actividades cinéticas, esto es, actividades donde las Fuerzas Armadas hacen uso del monopolio de la violencia organizada que detenta el Estado y, por otro lado, las actividades no cinéticas, es decir, aquellas en las que en principio no se requiere del uso de las armas con las que cuentan las instituciones militares. Idealmente, la militarización verde debería implicar únicamente actividades no cinéticas como aquellas vinculadas a la reforestación, cultivo de especies de plantas en viveros militares o, incluso, actividades vinculadas con la restauración ecosistémica en la que pudieran participar expertos ingenieros formados en las Fuerzas Armadas.
Empero, la militarización verde no suele restringirse a este tipo de actividades ya que precisamente por la capacidad de llevar a cabo actividades cinéticas es que se espera también que la salvaguarda de la integridad de los recursos de un territorio se vea protegida empleando, si fuese necesario, el poder de fuego de tales instituciones. Cuando esto último ocurre queda falseada cualquier pretensión ética o biocéntrica pues en muchas ocasiones esto de hecho precariza y exacerba el despojo territorial que históricamente han sufrido muchas comunidades del Sur global.
Ahora bien, antes de explicar a detalle por qué afirmo que las actividades cinéticas suelen ser anatema a cualquier pretensión ética, quisiera retomar un punto mencionado párrafos atrás. Como dije, la militarización verde en sentido amplio implica también el colocar al cambio climático como un tema de seguridad nacional. En general, la razón por la cual se considera que el cambio climático es un problema de seguridad nacional radica en el tipo de efectos que éste causa y los desafíos que esto implica para los Estados. Pensemos, por ejemplo, en cómo el cambio climático no entraña solamente un aumento en las temperaturas promedio alrededor del planeta, sino que conlleva de igual manera una serie de consecuencias como el aumento en frecuencia de eventos climáticos catastróficos —los desastres “naturales”— pero también de dinámicas de erosión o salinización de suelos, desertificación, afectaciones a los ciclos biogeoquímicos, etc.
Todo lo anterior está fuertemente vinculado con crisis humanitarias asociadas ya sea a la violencia lenta, esto es, a los efectos que a mediano plazo tiene el cambio climático sobre un territorio y que pueden hacerlo inhabitable, o a situaciones catastróficas que destruyen la infraestructura de una región en cuestión de días; tanto en un caso como en otro dicho territorio termina por ser incapaz de sostener la vida de las comunidades que allí habitan, lo cual desde luego desemboca en procesos de migración y en el surgimiento de los así llamados desplazados o refugiados ambientales. Como podrá esperarse, en muchas ocasiones estos procesos de migración implican el cruce de fronteras nacionales, lo cual genera numerosas presiones sobre los Estados receptores que suelen ser interpretadas como un riesgo para la seguridad nacional de dichos Estados.
En resumidas cuentas, al colocar al cambio climático como un problema de seguridad nacional se termina favoreciendo una mirada deshumanizada de aquellas personas que sufren de los efectos de estos cambios y a las que termina por considerárseles un riesgo. Así, la militarización verde fomenta una interpretación equivocada de cuáles son los riesgos reales que implica el cambio climático ya que convierte a las víctimas en riesgos y, finalmente, desatiende a las causas que han generado tales afectaciones y que muchas veces están directamente vinculadas con la forma en la cual operan los Estados modernos.
Dicho esto, lo que quisiera colocar a modo de reflexión de cierre del presente ensayo es lo siguiente: la militarización verde conlleva la creación de una estrategia de corte necropolítico cuyo fin aparente es la conservación, restauración o manejo de los recursos naturales o servicios ambientales de un territorio pero que, de facto, implica un ejercicio de soberanía por parte del Estado sobre un territorio cuyos recursos se buscan controlar. Tal ejercicio de soberanía revela que el Estado, más que estar interesado en la salvaguarda de tales recursos, lo que protege es su derecho soberano a explotarlos, esto es, el fin real de tal estrategia no es ni ético ni biocéntrico sino que está orientado a mantener el privilegio del Estado como un agente de extracción y explotación de tales recursos y servicios. Esto último es fundamental para entender la razón por la cual el Estado emplea una institución con la capacidad de realizar operaciones cinéticas para fines aparentemente pacifistas.
A la luz de todo lo anterior es que debemos entender que la militarización verde exacerba el despojo originario de muchas comunidades. Ya sea con la excusa de proteger un territorio rico en recursos naturales o con la excusa de proteger los bordes de un Estado, se termina por emplear a las Fuerzas Armadas como aparentes garantes de la integridad de un área natural, desatendiendo en el proceso las realidades sociales de comunidades que, o bien habitaban dicha región, o han tenido que migrar pues sus territorios anteriores eran ya inhabitables.
Siobhan Guerrero Mc Manus
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM)
Este texto es resultado del proyecto de la UNAM “Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI. Re-pensar la seguridad desde las ciencias sociales” PAPIIT IN308621