Si todos los países del mundo cumplieran las promesas de mitigación individuales que hicieron bajo el Acuerdo de París, estos logros no alcanzarían para cumplir la meta de mantener la temperatura global a menos de 1.5 grados comparado con temperaturas preindustriales. Junto con China, Rusia, y la Unión Europea, Estados Unidos emite más del 60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, y según distintos estudios tiene una mayor responsabilidad en ayudar a combatir el cambio climático. Sin embargo, los resultados de la presidencia de Joe Biden han sido decepcionantes, en gran parte por la oposición que enfrenta en el Congreso. El demócrata más conservador en el Senado, Joe Manchin, utilizó su influencia para desmantelar el proyecto de ley Build Back Better (BBB), que habría apoyado, entre varias medidas de gasto social, proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. La oposición de Biden no se limita al Congreso. A mediados de 2022, la Suprema Corte, con mayoría conservadora, dictaminó que el Poder Ejecutivo no tenía jurisdicción sobre asuntos relacionados con reducción de carbono en plantas generadoras de electricidad con carbón y gas natural. Ante este escenario, ¿es razonable esperar que Estados Unidos tenga un protagonismo o incremente sus compromisos de acción climática durante la COP27 en Sharm el-Sheikh? ¿Qué herramientas le quedan en su política doméstica que reflejen un renovado y ambicioso compromiso internacional?
Con BBB fuera de la discusión, los Demócratas lograron aprobar la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), que incluye una cantidad sin precedentes, 369 000 millones de dólares, para impulsar programas de energía limpia y reducir los gases de efecto invernadero en una variedad de créditos fiscales y tarifas. La ley contempla una revitalización de instalaciones renovables, tecnologías como captura de carbono e hidrógeno verde, y el aceleramiento para retirar las plantas de combustibles fósiles existentes para su reemplazo con plantas limpias.
Según un análisis de Rhodium Group, el paquete representa un punto de inflexión histórico que disminuirá las emisiones netas de gases de efecto invernadero un 32 % por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Analistas afirman que la IRA es, además de una pieza de legislación doméstica sin precedentes, una extensión de la competencia con China. La ley contempla gastos que superan las inversiones climáticas del paquete de recuperación NextGenerationEU de la Unión Europea, así como el gasto del gobierno chino.
A diferencia del año pasado, Estados Unidos no llegará a la COP27 con las manos vacías, pero sus acciones son insuficientes. Si bien es cierto que la delegación estadunidense asistirá a la conferencia con una credibilidad más sólida, las tareas que pretende cumplir durante la conferencia no son fáciles: por un lado, persuadir a otras potencias de que aumenten sus ambiciones, y por otro, convencer a la comunidad internacional de que está cumpliendo sus promesas.
Sin duda, la seguridad energética cobrará un rol protagónico en esta edición de la cumbre por la situación geopolítica tras la invasión a Ucrania, por lo que es previsible que la labor de convencimiento con otros los grandes emisores, India y China, enfrente obstáculos. Debido a la escasez de suministros de gas natural, estos países han aumentado la generación eléctrica con carbón para satisfacer sus necesidades energéticas.
La relación con China, país que representa la mitad de la demanda mundial de carbón, es especialmente ríspida. Durante la COP26, China y Estados Unidos se comprometieron, con la Declaración Conjunta de Glasgow sobre Acción Climática, a cooperar entre sí para hacer frente a la crisis. Casi un año después existe poca claridad sobre las acciones y logros concretos de dicha cooperación.
Además, Estados Unidos y China se encuentran en un impasse diplomático. En agosto de 2022, el presidente Xi Jinping puso fin a las discusiones bilaterales tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Estos sucesos representan un retroceso global de gran escala, y merman las posibilidades de que estos países lleguen a acuerdos significativos en Sharm el-Sheikh. De hecho, no hay indicación de que el presidente chino Xi Jinping se presente en Egipto, a diferencia de Biden. Es mucho más probable que Estados Unidos encuentre áreas de colaboración con el tercer emisor mundial, la India, que se comprometió a construir 500 GW de capacidad de energía no fósil para 2030.
Estados Unidos desempeñará un papel crucial, no sólo como el segundo mayor emisor global de carbono, sino también como líder en tecnologías de energía limpia y en su capacidad de proporcionar ayuda a los países en desarrollo. Seguramente, Biden presentará argumentos sobre la importancia de que las naciones en desarrollo se alejen de los combustibles fósiles e inviertan en energía limpia para evitar vulnerabilidades como las de la Unión Europea. Sin embargo, para las naciones no desarrolladas la atención debe centrarse en el financiamiento.
Según investigaciones del World Resources Institute, los países desarrollados no cumplieron con la parte que les correspondía para alcanzar la meta de 100 000 millones para 2020, a la cual se comprometieron desde 2009. Para 2018, Estados Unidos, además de Australia y Canadá, había desembolsado menos de la mitad de la parte del esfuerzo financiero que le correspondía, una cantidad que se asigna en proporción al tamaño de su economía y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque Estados Unidos se encuentra entre los mayores contribuyentes financieros, su esfuerzo no corresponde a su tamaño y a su responsabilidad, dado que aporta sólo el 20 % de lo que le correspondería según su tamaño y emisiones históricas. Además de repercusiones materiales, el incumplimiento financiero de las naciones ricas tiene implicaciones simbólicas. Significa una falta de reconocimiento de que el mundo desarrollado causó la crisis climática con consecuencias desproporcionadas para el Sur global.
Un asunto intrínsecamente relacionado es la discusión sobre “pérdidas y daños”, que se refiere a las consecuencias ya inevitables del cambio climático a las que no es posible adaptarse. El ejemplo más claro es la desaparición de islas y comunidades costeras debido al aumento del nivel del mar. Tradicionalmente, Estados Unidos se ha opuesto a que los países ricos compensen a los pobres por estos daños. Sin embargo, el enviado especial para el clima, John Kerry, indicó que el país sí participaría en los debates sobre pérdidas y daños en la cumbre. Estados Unidos orienta la mayor parte de su financiamiento hacia acciones de mitigación. El financiamiento para la adaptación ha sido menor al 25 %, mientras que no se ha dedicado ninguna cantidad a pérdidas y daños. Podemos esperar que naciones como los pequeños Estados isla, e incluso naciones de ingresos medios, presionen por financiamiento para adaptación y pérdidas y daños.
En cuanto a la relación con México, Kerry anunció el 2 de noviembre que sus encomios hacia nuestro país para comprometerse a la reducción de emisiones habían rendido frutos. Según el enviado especial, la delegación mexicana anunciará compromisos climáticos relevantes antes de la COP. Días antes, Kerry y López Obrador se reunieron en Sonora para discutir asuntos relacionados con la industria automotriz, la exploración del litio para baterías, y las energías renovables. Estas declaraciones contradicen la retórica nacionalista de autodeterminación del presidente López Obrador, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
Finalmente es probable que la delegación de Estados Unidos llame la atención de tres actores clave para atender la crisis climática. Primero, el sector privado, para que rinda cuentas sobre el compromiso que hicieron en Glasgow de llegar a cero emisiones netas en 2050 y desplegar nuevas tecnologías. Segundo, la banca multilateral de desarrollo. Tanto John Kerry como la secretaria del Tesoro, Janette Yellen, han llamado a “reimaginar” el sistema de Bretton Woods y redefinir a la banca multilateral de desarrollo de tal manera que desbloquee préstamos para fondos para la adaptación y la resiliencia. Tercero, las instituciones financieras del sector privado, para que reconozcan y gestionen los riesgos asociados con una transición energética “desordenada, pero inevitable”.
A pesar de que buscarán un rol protagónico, tanto el gobierno como el sector privado en Estados Unidos tienen cuentas que rendir y compromisos morales ante la comunidad internacional. Por ejemplo, mientras el gobierno lanza programas para combatir la deforestación en la Amazonía, el sector privado sigue invirtiendo en la extracción y refinación de combustibles fósiles, y compañías financieras estadunidenses poseen acciones de compañías con vínculos a la tala ilegal. Las apuestas no podrían ser más altas, y el compromiso de Estados Unidos más ineludible.
Daniela Stevens
Directora del Programa de Energía y Cambio Climático, Diálogo Interamericano