En agosto de 2022, la diputada federal Patricia Armendáriz presentó una iniciativa para añadirle una atribución más a la Guardia Nacional: cuidar las Áreas Naturales Protegidas del país (ANPs). La propuesta levantó críticas, dado que incrementaría la de por sí exacerbada militarización de la seguridad pública. Amén de que la respuesta concreta amerita su propia discusión, esa iniciativa, al igual que otras investigaciones y activismos en el tema, parte de una pregunta actualmente importante: ¿qué pasa con las ANPs y el crimen organizado en México?
Aquí argumento que, dentro de la vasta relación del medioambiente con el crimen organizado en México, las ANPs son un caso que actualmente debe observarse y atenderse con urgencia. Si bien por la falta de estadísticas adecuadas no podemos afirmar relaciones causales, sí se puede poner sobre la mesa que existe una coincidencia entre las ANPs y el crimen organizado en México que urge investigar. Los amplios registros de prensa al respecto sugieren que hoy en día las ANPs emiten señales de alerta sobre posibles esquemas de gobernanza criminal dentro o en torno a ellas.
Los datos: ANPs y criminalidad
Las Áreas Naturales Protegidas son zonas del territorio nacional que, por la poca intervención humana, resultan de gran valor para la preservación y protección ambiental. Su objetivo central es resguardar la biodiversidad mexicana de hábitats, flora, fauna, recursos abióticos y paisajes. Por tanto, las ANPs no permiten asentamientos humanos, sino solamente actividades relacionadas con la preservación e investigación ambiental, y en algunos casos turismo y educación ecológica de bajo impacto.
Recurriendo a estadísticas a nivel municipal, es posible contrastar la ubicación de las ANPs federales y estatales con variables que aproximan la presencia de grupos criminales relacionados con el narcotráfico. En este caso, los siguientes mapas presentan las ANPs a 2021, junto con sembradíos de marihuana y amapola, y laboratorios de drogas sintéticas destruidos del 2000 a 2019; además de homicidios dolosos en varios cortes temporales recientes.
Mapa 1. Áreas Naturales Protegidas y sembradíos de marihuana, amapola, y laboratorios de drogas sintéticas destruidos del 2000 al 2019
Mapa 2. Áreas Naturales Protegidas y homicidios dolosos (2012-2021)
Al comparar la evolución reciente de la violencia con las ANPs, se advierte un patrón: los municipios o subregiones con altos números de homicidios dolosos no están ubicados exactamente dentro de alguna ANP, sino que colindan o están rodeados por ellas. Por el contrario, la vasta mayoría de las ANPs están ubicadas o circundadas por municipios de bajos números de homicidios. Este patrón en general se sostiene para todos los años analizados.1
Por su lado, los datos de plantíos de marihuana y amapola y narcolaboratorios destruidos siguen un patrón similar al de los homicidios. Los municipios que durante los últimos veinte años tuvieron más sembradíos o laboratorios erradicados suelen no corresponder con ANPs federales ni estatales. Aquellos más apartados de la protección ambiental, en cambio, concentran la producción erradicada de estas drogas.2
Al tomar los patrones esbozados en conjunto, la relación espacial figura una de colindancia, en la que los municipios que concentran en mayor medida los homicidios dolosos, así como la producción erradicada de marihuana, amapola y drogas sintéticas, tienden a estar cerca o al lado de una ANP, no dentro. Si los datos son precisos, apuntarían a que la presencia de ANPs “aleja” la violencia y la producción de drogas, en comparación con otros municipios sin estas áreas. Si nos quedamos con las cifras oficiales del gobierno, esto implicaría que no necesariamente hay actividades criminales en las ANPs.3
¿Alertas de gobernanza criminal?
Una segunda manera de abordar el problema es a través de registros hemerográficos. Estos permiten acceder a información sobre eventos particulares que pasan desapercibidos en las estadísticas. Aquí propongo que una manera útil y pertinente sería entender la situación como que, dentro o alrededor de las ANPs, son proclives a establecerse esquemas de gobernanza criminal.
Según Guillermo Trejo y Sandra Ley, la gobernanza criminal sucede cuando dentro de un territorio gobierna uno o varios grupos criminales, supliendo cuando menos en parte al Estado. Este control de facto se observa sobre todo en la política, economía y organización social. Cuando estos esquemas están en práctica, aunque normalmente sean clandestinos, aparecen “señales” o “alertas” que los “delatan”; y que sugieren que otras formas de control podrían estar ocultas. Enseguida desgloso e ilustro cómo se han presentado “alertas” de cada dimensión en muy diversas ANPs de todo el país.
En lo económico, se han reportado extorsiones, ataques a funcionarios y explotación ilegal de recursos. Las extorsiones aparecen en contra de guardabosques, investigadores y las mismas comunidades originarias de las ANPs, a manera de “cobro de piso” o despojos (Huehuetlán el Grande, Puebla; Sierra del Tentzo). Los ataques van dirigidos contra autoridades económicas que pueden interferir con la gobernanza criminal (Sonora; Alto Golfo de California).
La explotación ilegal de recursos es de los controles económicos más reportados, además de que podría tratarse de uno de los motores del crimen organizado en las ANPs. Desde hace al menos dos sexenios, se tienen numerosos reportes con titulares prácticamente idénticos sobre cómo “el narco” se ha “expandido a otros giros” relacionados con la extracción y comercialización de recursos naturales (p. ej. 2014a, 2014b, 2016, 2018, 2021a, 2021b). Tres nuevos negocios muy atractivos han sido el aguacate (Uruapan, Michoacán; ANPs: Capácuaro, El Bernal, y el Parque Urbano Uruapan); los árboles maderables (Colima y Jalisco; Sierra de Manantlán); y minerales como el hierro, oro y plata (ANPs de todo el país).
Son recurrentes los asesinatos y agresiones a autoridades ambientales para mantener el control político (Oaxaca; Laguna de Chacahua). Otro medio son las redes de colusión de grupos criminales con políticos y policías para aprovecharse de los territorios. Un caso ejemplar es el de la ANP Sierra La Laguna (BCS) y David Pérez Sosa, líder de la resistencia antiminera desaparecido en 2011.
En lo social, se han registrado un sinfín de agresiones y asesinatos a periodistas y activistas que denuncian malos usos de las ANPs (entre ellos Juan Aquino González y Adán Vez Lira, defensores asesinados de las ANPs Cerro de Tecaballo, Michoacán, y La Mancha, Veracruz). En contextos parecidos, las comunidades y sus líderes también sufren desapariciones (p. ej. David Pérez Sosa, mencionado arriba, y Celedonio Monroy Prudencio, ausente desde 2012). Por su geografía, las ANPs también han sido utilizadas para deshacerse de cuerpos (Veracruz; Mangle Arroyo Moreno); y sus recursos las vuelven atractivas para desplazar a las poblaciones (Aquila, Michoacán). Todo esto va acompañado por la constante represión de la protesta, como contra las personas defensoras del medio ambiente, al alza desde 2014.
¿Pero cómo se relacionaría la gobernanza criminal en las ANPs con la violencia que, según las estadísticas, se ha concentrado alrededor de ellas? Aunque hace falta investigarla mejor, la hipótesis más persuasiva es la de los “cambios de giro” a la explotación ilegal de recursos naturales. En pocas palabras: se trata de que las organizaciones criminales, interesadas en “expandirse a otros negocios redituables”, extraen recursos valiosos de las ANPs o ecosistemas cercanos para venderlos en el extranjero; mientras, recurren a la violencia para detener a quien interfiera con sus macroredes de criminalidad internacionales. Esta estructura se ha reportado de manera casi idéntica, por ejemplo, con maderas preciosas, hierro y totoaba.
En suma, que se hayan registrado todas las señales de alerta en diversas ANPs de todo el país apuntaría a que, quizá, el modelo mismo de las ANPs es atractivo y vulnerable ante la ocupación criminal, precisamente por su estatus legal restringido y ubicación aislada, así como por sus abundantes recursos naturales. En vez de episodios aislados de “violencia ambiental”, tal vez estamos viendo alertas en dimensiones particulares, en lugares identificados, que en conjunto llevan a sospechar de un problema más estructural: el posible establecimiento de esquemas de gobernanza criminal en y de las ANPs por parte de grupos criminales que, anterior o paralelamente, se dedican al narcotráfico.
Este es un problema público
Los recurrentes episodios entre el crimen organizado y el medioambiente no son casos aislados. Podemos leerlos como una advertencia de que, en lugar de ser áreas sin actividad humana y bajo control y cuidado del Estado, las ANPs son llamativas y proclives a que ahí “gobiernen” organizaciones criminales que explotan sus materias primas o territorios. Ello implica que estamos frente a un problema tanto de medioambiente como de seguridad pública. Pero antes que nada es un problema de información: no tenemos clara su magnitud, ni cómo opera exactamente esta posible gobernanza criminal, por lo que los esfuerzos para atenderla deben empezar por entenderla mejor.
A propósito del (des)interés en las ANPs, en marzo de 2022 se dio a conocer que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) está “en inoperancia” debido a un recorte del 75 % de su presupuesto corriente. Sin embargo, no sólo se trata de dinero: el gobierno debe empezar a tomar en serio las señales de alerta sobre gobernanza criminal en las ANPs. Además, prestarles atención no significa militarizarlas de lleno. Es fundamental delinear acciones y políticas públicas, basadas en evidencias, que se ajusten a las particularidades y necesidades de cada una. Incluso, como se ha mostrado para la violencia criminal en general, quizá la militarización no sea la respuesta, pues suele desatar repuntes de homicidios, en lugar de detenerlos (ver, por ejemplo: 2018, 2020, 2021, 2022).
En vista de todo lo anterior, considero que se debe prestar más atención a la relación entre el medioambiente, o específicamente las ANPs, y los grupos criminales y la violencia que generan. Aunque no sean protectoras ideales, y aunque es cierto que han traído conflictos socioambientales, las ANPs (junto con los sitios Ramsar) son de las pocas herramientas de conservación ambiental que hoy en día operan efectivamente. Entonces, a pesar de sus bemoles, es necesario asegurar que las ANPs no sean apropiadas por grupos criminales. Si se vuelven otro aspecto tomado por estas empresas ilícitas que tanto aquejan al país, además de que seguirán enriqueciéndose, nuestros ecosistemas, biodiversidad y futuro ambiental correrán (mayor) peligro.
David Jáuregui
Politólogo internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Investigador y periodista independiente interesado en gobierno, violencia y medio ambiente. Antes, director editorial de ipstori.
1 Alrededor de doce “focos rojos” han estado más presentes en este periodo: 1. BCN y SON: Ensenada, Mexicali, Tijuana, Tecate; y San Luis Río Colorado. ANPs contiguas: Valle de los Cirios, Sierra de San Pedro Mártir, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 2. Chihuahua: Juárez. ANP: Médanos de Samalayuca. 3. Chihuahua y Sonora: Chihuahua, Cuauhtémoc, Guerrero, Bocoyna; y Cajeme, Guaymas, Hermosillo. ANPs: Tutuaca, Papigochi; y Arivechi, Cerro de las Conchas. 4. Sinaloa y Chihuahua: Ahome, Culiacán; y Guadalupe y Calvo. ANPs: Surutato, Navachiste, Cerro Mohinora e Islas del Golfo de California. 5. Coahuila y Nuevo León: Saltillo; y Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, García. ANPs: Zapalinamé; y Cumbres de Monterrey, Cerro de la Silla, Sierra Las Mitras, Cerro La Mota, Sierra El Fraile y San Miguel. 6. Tamaulipas: Matamoros, San Fernando. ANPs: Laguna Madre y Delta del Río Bravo. 7. Zacatecas: Fresnillo, Valparaíso, Jerez, Sombrerete. ANPs: Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, Ruta Huichola. 8. Guanajuato y Jalisco: León, Silao, Irapuato, Salamanca; y Lagos de Moreno. ANPs: Sierra de los Lobos, Cerro del Cubilete, Cerro de Arandas, Cuenca Alta del Río Temascatío. 9. Guerrero: Corredor Zihuatanejo-Acapulco, Chilpancingo. ANPs: El Nanchal, Los Olivos, El Veladero. 10. Estado de México: Naucalpan, Isidro Fabela, Nicolás Romero. ANP: Parque Otomí-Mexica. 11. Puebla: Puebla, Atlixco, Amozoc, Ocoyucan. ANPs: La Montaña Malinche, Humedal del Valsequillo, Sierra del Tentzo. 12. Tabasco y Campeche: Tabasco Centro, Macuspana; y Carmen. ANPs: Pantano de Centla, Laguna de Términos. 13. Quintana Roo: Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad. ANPs: Costa Isla Mujeres, Manglares de Nichupté, Arrecife Puerto Morelos, Sistema Lagunar Chacmochuch, Caribe Mexicano.
2 De igual manera, una serie de “focos rojos” llamaron la atención, por no tener ANPs o solo ser atravesadas parcialmente por alguna: 1. Baja California: Ensenada. ANP: Valle de los Cirios. 2. Chihuahua: Gómez Farías, Galeana, Matachí. Sin ANPs. 3. Sinaloa y Chihuahua: El Fuerte, Badiraguato, Culiacán; y Guadalupe y Calvo. ANPs: Surutato, Cerro Mohinora (parciales). 4. Nayarit: Ahuacatlán. ANP: Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 (parcial). 5. San Luis Potosí: Villa de Arista, El Naranjo, Villa Juárez, Xilitla. Sin ANPs. 6. Michoacán norte: Carácuaro, Madero, Chucándiro, Hidalgo, Luvianos. ANPs: Sierra de Nanchititla, Pico Azul (parciales). 7. Michoacán sur: Aquila, Coalcomán, Aguililla, Apatzingán, Tumbiscatío, Arteaga. ANP: Zicuirán-Infiernillo (parcial). 8. Guerrero norte: Arcelia, Apaxtla, Pungarabato. Sin ANPs. 9. Guerrero sur: San Marcos, Mochitlán, Juan R. Escudero, Atenango, Chilapa. ANP: Parque Juan Álvarez (parcial).
3 Ver, por ejemplo, la región del centro-norte de Sonora, donde se ubican las ANPs Papigochic, Janos, Bavispe, Campo Verde, Sierra de Álamos y Arivechi. Esta zona parece un “descanso” con pocos homicidios y drogas destruidas, circundado por las regiones altamente violentas y productoras del oeste de Sonora (Hermosillo, Empalme, Quiriego, Pitiquito); el norte de Sinaloa (Ahome, Guasave, El Fuerte, Sinaloa) y el centro de Chihuahua (Bocoyna, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua). Algo similar ocurre con la ANP Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, que en total atraviesa o cubre 77 municipios de Aguascalientes, Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas. De estos, solo un par resultó con elevadas cifras de homicidios durante los últimos años. En contraste, casi todas las “manchas” que componen esta ANP colindan con uno o varios de municipios altamente violentos, incluso en todas las direcciones: al norte con Durango y Pueblo Viejo (Durango); al noreste con Fresnillo, Jerez, Calera y Zacatecas (Zacatecas); al este con Aguascalientes, Encarnación y Lagos de Moreno (Aguascalientes y Jalisco); al sur con Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco (Jalisco); y al oeste con Tepic, Del Nayar y Xalisco (Nayarit).