En días recientes el presidente López Obrador presentó en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática un decálogo para hacer frente al cambio climático. El anuncio se da en un contexto de gran presión por parte de la administración estadunidense de Joe Biden que, a través de su enviado especial sobre cambio climático, John Kerry, ha solicitado reiteradamente al mandatario mexicano adoptar compromisos firmes en materia de energías limpias. Es en este contexto, nos preguntamos si son suficientes las medidas adoptadas por México para responder ante la actual crisis climática.
De acuerdo con la investigación publicada por Fundar, el gobierno de López Obrador, en más de tres años de gestión, logró retomar las riendas del sector energético, fortaleció a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero continuó con la orientación extractivista que se profundizó en México gracias a las políticas neoliberales de las administraciones anteriores. Esto se evidencia con la apuesta de incrementar la producción petrolera de forma sostenida, de aumentar exponencialmente la refinación de hidrocarburos, y por la continuidad de proyectos y presupuestos para fracturación hidráulica (fracking).
En este estudio Fundar brinda una caracterización minuciosa de lo que ha sido la política energética del actual gobierno y presenta un conjunto de datos de relevancia que demuestran que México sigue apostando principalmente a un modelo extractivista fósil. En primer lugar, el presupuesto público para combatir el cambio climático contrasta significativamente con los recursos con los que cuentan Pemex y la CFE, empresas del Estado dedicadas a la producción de energéticos, que privilegian por excelencia la explotación de fuentes fósiles. Incluso, en el caso de la CFE, según el informe anual de 2019, la mayoría de sus centrales de generación eléctrica se alimentan de gas, carbón y combustóleo. Este año, el Congreso autorizó 636 281 millones de pesos para Pemex y 564 804 millones para la CFE. Mientras que a todo el presupuesto del Anexo 16, destinado a la agenda climática, sólo se le asignaron 66 542 millones de pesos. Para contrastar, el total de los recursos del modelo fósil (Pemex y CFE) equivalen a 16.3 más que el presupuesto del Anexo 16.
El reporte de Fundar no pasa por alto que la administración obradorista estableció un conjunto de directrices en sus cien compromisos, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Sectorial de Energía (Prosener), entre otros instrumentos, que buscan avanzar hacia una transición energética, que tomará distancia del modelo impulsado bajo la Reforma de 2013. En sus objetivos sí busca proyectos renovables de escala comunitaria con respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la participación de las poblaciones locales. Sin embargo, ha quedado a deber en su implementación.
Por el contrario, el decálogo del Ejecutivo dará luz verde a un proyecto fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, así como a un ambicioso plan de inversión a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, con el objetivo de exportar energías limpias hacia California y otros estados de la Unión Americana. Todo ello, con el objetivo de garantizar que para 2024 el 35 % de la energía provenga de fuentes renovables, según dice en la citada intervención del presidente de México.
Sin embargo, las nuevas inversiones en materia de renovables parecen dejar de lado la apuesta por proyectos de menor escala con el involucramiento y para el beneficio de las comunidades locales, como proponía el PND. Ahora parece erigirse la CFE de la mano de empresas norteamericanas como las promotoras de nuevos megaproyectos renovables en sustitución de corporaciones extranjeras, tipo Iberdrola, que inundaron de parques eólicos y solares territorios indígenas como el Istmo de Tehuantepec o la península de Yucatán. ¿Quiénes se beneficiarán ahora de la energía generada? ¿quiénes sufrirán las afectaciones de estos proyectos? Seguramente, una vez más, los pueblos y comunidades donde se asentarán los nuevos megaproyectos energéticos quedarán excluidos de la energía producida, sin que cambie la lógica del modelo extractivista que ha profundizado las desigualdades y las violaciones a derechos humanos en las comunidades.
Otro aspecto que pone en cuestión la investigación de Fundar es la política desenfrenada por seguir incrementando la producción petrolera. Aún cuando el Estado ha destinado un grueso importante de recursos a este objetivo, a través del rescate de Pemex y la incorporación de veinte nuevos campos para la explotación de hidrocarburos, está lejos de cumplir con la meta de 2.6 millones de barriles diarios (mbd) para finales del sexenio, entre otras razones, por el declive sostenido y comprobado de la reserva petrolera.1 El dato más actualizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) muestra que en abril de 2022 la producción nacional cayó a 1.607 mbd, es decir cerca de 1 mbd menos de lo proyectado.
Apostar al crecimiento ilimitado de la producción petrolera no sólo implica continuar perpetuando los impactos ambientales, climáticos y sociales del extractivismo fósil, sino que resulta una caída al vacío ante la disminución comprobada de las reservas. Seguir por esta dirección es insostenible desde un punto de vista económico y social. En lugar de esta apuesta suicida, se debería equilibrar de mejor manera el presupuesto público para garantizar derechos sociales claves como la salud, la educación y el sector ambiental, que han sido de los más golpeados en el gasto público.
En este sentido, no basta con la inversión, como propone el Decálogo, de 2000 millones de pesos para que Pemex reduzca en un 98 % las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción. Aunado a ello, debe comenzar un debate público que permita replantear el modelo y las estrategias con que han venido operando empresas del Estado, para cuestionar su enfoque de producción infinita de hidrocarburos, de refinación de combustibles fósiles, y la continua aprobación de proyectos y presupuestos para fracking. Según ha documentado Fundar de la mano con la Alianza Mexicana vs el Fracking, en el actual presupuesto, el Congreso autorizó a Pemex destinar 15 212 millones de pesos hacia dos proyectos de inversión que requieren el uso del fracking: el Proyecto Aceite y Gas en Lutitas (AGL) con un presupuesto de 11 657 millones de pesos, y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, con recursos aprobados por 3555 millones de pesos.
Lo anterior pone en entredicho el compromiso presidencial de no continuar con esta práctica en México. Por tanto, una señal de cambio verdadero sería que se avance en la aprobación de alguna de las ocho iniciativas de prohibición que están congeladas en el Congreso. Además, haber incluido entre los diez compromisos de acción climática “la modernización de seis refinerías, la compra de Deer Park y el próximo inicio de operaciones en la refinería en Dos Bocas, Tabasco”, parece un contrasentido cuando es la refinación de hidrocarburos uno de los principales causantes del calentamiento global.
De acuerdo al estudio de Fundar en el caso de Dos Bocas, anualmente serán emitidas a la atmósfera 2.148 Mt de CO2, como resultado del procesamiento de 340 mbd de crudo para incrementar la producción nacional de gasolina, diésel, propano, propileno y coque. Este aporte de gases de efecto invernadero (GEI), si bien es pequeño en contraste con la emisión total de gases del país, es relevante dentro del sector. Con base en el Inventario Nacional de Emisiones, México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de GEI en el 2015, colocando al país en la posición número 12 en la lista de emisores a nivel global. Sin embargo, si comparamos estas cifras con el aporte del sector “Industrias de la energía” (que es el sector que más contribuye al ser responsable del 25.9 % de las emisiones totales del país), el aporte de GEI de la refinería cobra mayor relevancia.
De acuerdo con el Inventario, la refinación del petróleo es responsable del 1.7 %, es decir, de 11.6 MtCO2e. Así que las más de 2 Mt que aportaría la refinación de Dos Bocas significan un aumento de emisiones de apróximadamente 20 % para la industria de la refinación. Bajo el Acuerdo de París, México se comprometió de manera no condicionada a reducir el 22 % de las emisiones de GEI y el 51 % de las emisiones de carbono negro para el año 2030. Es por ello con la construcción y operación de Dos Bocas, el gobierno va en sentido contrario a lo comprometido en la agenda climática.
De la misma manera, resulta insostenible a largo plazo la meta de producir el 50 % de vehículos de cero emisiones contaminantes para el 2030. Ello bajo la premisa de que, con la nacionalización del Litio, aprobada recientemente por el Legislativo, el Estado podría explotar de manera óptima este mineral y abastecer a este mercado. Pero dicho objetivo no toma distancia del modelo extractivista, porque los denominados minerales estratégicos para la transición energética como el Litio o el caso del Cobre, del cual México es el segundo productor a nivel mundial, seguirán generando graves impactos ambientales, sociales y de derechos humanos. Aún cuando lo opere el Estado, no constituye una solución real.
Si bien lograr la soberanía y la autosuficiencia energética es un propósito legítimo de esta administración, en un contexto de crisis climática no debe buscarse una solución dentro del paradigma extractivista ni bajo la potestad exclusiva del Estado. Por el contrario, debe propiciarse la diversificación equilibrada de la matriz energética, impulsando la generación de fuentes renovables, pero bajo esquemas descentralizados y de carácter comunitario, con respeto a los derechos colectivos de las comunidades, garantizando su participación efectiva y la distribución justa y equitativa de los beneficios. En suma, se trata de avanzar hacia modelos energéticos que apuesten por la justicia climática y pongan en el debate la necesidad de revisar el modelo de desarrollo de la modernidad, basado en el crecimiento y el consumo desenfrenado, que ha ocasionado el ecocidio del planeta.
Hacia el cierre del sexenio, la denominada Cuarta Transformación debería hacerse cargo de sus compromisos de política pública a favor del medio ambiente y no dejarlos naufragar.
Edmundo del Pozo
Coordinador del Programa de Territorio de Fundar. Centro de Análisis e Investigación A. C
1 Véase Auditoría de Desempeño y Desempeño Integral de Petróleos Mexicanos.