La prohibición generalizada de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México se llevó de calle a los tampones, productos de gestión menstrual de primera necesidad, reflejando una carente perspectiva de género y un malentendido de lo que implica esta función corporal particular. Se requiere de una perspectiva de género interseccional para desafiar la infraestructura política y social que considera que la menstruación no es importante y que lo que se necesita para gestionarla —en este caso, tampones— puede equipararse al rol de un tenedor desechable, o al de un popote.
Ilustración: Kathia Recio
¿Qué sucedió en CDMX?
La gestión de residuos en la Ciudad de México es un reto ya que es una de las 10 ciudades más habitadas del mundo. Los desechos no recogidos y mal eliminados tienen un impacto significativo tanto en la salud como en el medio ambiente; emiten gases de efecto invernadero (GEI), que contribuyen al cambio climático, y contaminan significativamente a los cuerpos de agua, paisajes naturales e incluso a las especies endémicas. Fue bajo estos fundamentos que la Ciudad de México se propuso prohibir los plásticos de un solo uso —que no son necesarios y pueden ser sustituibles con otros materiales—. Este proceso comenzó en 2020, cuando se publicaron modificaciones a la Ley de Residuos de la Ciudad de México cuyo principal objetivo es lograr que dejemos de usar este tipo de plásticos. Es importante señalar que la capital mexicana genera alrededor de 13,000 toneladas de basura diarias, de las cuales 8 600 toneladas son enviadas a rellenos sanitarios y sólo 1 900 toneladas se van al reciclaje.
Durante todo 2020 se comenzó una transición progresiva a popotes de otros materiales y el uso de bolsas de tela; se sostuvieron reuniones y encuentros con representantes de la industria para abordar esta problemática y sus posibles soluciones. Sin embargo, este no fue el caso de los tampones que hoy escasean en toda la Ciudad. Si bien la prensa ha reportado de forma generalizada sobre la eliminación de los plásticos de un solo uso como los popotes y las bolsas, se ha omitido la información sobre los productos de gestión menstrual desechables, posiblemente por el tabú social predominante en torno a la menstruación. Desde mediados del siglo XX, muchos tampones y toallas sanitarias han contenido plástico en su diseño básico; a veces por razones que "mejoran" el diseño, pero a menudo por razones menos cruciales. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México cometió un error al no realizar esta política pública ambiental con un enfoque de género.
Una política ambiental que discrimina por género
En la Ciudad de México habitan cerca de cinco millones de niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes; adicionalmente, debe considerarse a las mujeres migrantes y las turistas que transitan la Ciudad de México. Prohibir los aplicadores de plástico en los tampones sin garantizar que se genere un sustituto al mismo precio ha dejado a millones de mujeres sin alternativas de gestión menstrual. Una vez más, ahora en el contexto de los esfuerzos ambientales, las mujeres tienen que soportar una carga desproporcionada porque las decisiones se toman sin perspectiva de género. Mientras tanto, el gobierno capitalino sigue sin garantizar el acceso al agua potable, a un baño privado y a combustible para uso en el hogar, que son necesarios para transitar al uso de productos de gestión menstrual más “amigables” con el medio ambiente como las copas menstruales, las toallas reutilizables o la ropa interior absorbente. La falta de condiciones para la gestión digna de la menstruación puede tener implicaciones en el derecho a la dignidad humana, a la salud y el bienestar, a la educación, al trabajo y a la no discriminación y la igualdad de género.
Además, este tipo de políticas rompe con el principio fundamental de las mujeres de tener autonomía sobre su propio cuerpo: que el gobierno o la industria decida qué productos de gestión menstrual “autoriza” atenta contra las preferencias, gustos y comodidad de cada niña, adolescente, mujer y persona menstruante de elegir libremente cómo quiere gestionar su menstruación.
El efecto de esta política ambiental, que ha limitado la oferta de productos de gestión menstrual y ha implicado un aumento en el precio de los mismos, aumentará la pobreza menstrual. La pobreza menstrual se define por la falta de acceso a productos para la gestión menstrual, la falta de infraestructura de agua, saneamiento e higiene (WaSH facilities); la falta de dignidad derivada de la estigmatización, y la falta de educación al respecto. Realizar políticas públicas desde una perspectiva de género para el manejo de residuos sólidos y con una gradual, pero activa regulación de la industria, podría promover un panorama positivo, accesible y alejado de la prohibición y los tabúes para niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes.
Experiencias internacionales
La publicidad de productos de gestión menstrual, la inversión internacional, el estímulo a las ONG y los medios de comunicación, han popularizado la menstruación (MHM mainstreaming). La menstruación y su gestión se han convertido en el nuevo estandarte del desarrollo internacional. Por su parte, el creciente interés en torno a la gestión de la misma se ha traducido y enfocado en un aumento en el financiamiento para ayudar a acceder a productos de gestión menstrual prácticos y desechables, es decir, toallas, pantiprotectores y tampones.
Estos productos y las campañas intensivas de marketing que los acompañan se promueven como sinónimos de modernidad, practicidad y discreción: así se evita la discusión del proceso de manejo y consecuente eliminación de estos residuos. A la par, los números son cada vez más inquietantes: si los 34 millones de mujeres en edad reproductiva1 en México usaran sólo ocho tampones o toallas al mes, eso equivaldría a un aproximado de 3 264 000 millones de tampones y/o toallas desechadas al año.2
El caso de la India arroja una serie de focos rojos sobre cómo la industria no puede ser la única encargada de “popularizar” la menstruación y su gestión a través de la comercialización de productos de gestión desechables sin que exista un sistema de manejo de residuos que acompañe estos esfuerzos por parte del gobierno. Las ventas de toallas crecieron un 41 % entre 2012 y 2017; sin embargo, un estudio realizado en Jharkhand, India, encontró que el 17 % de las mujeres entrevistadas arrojaban sus toallas en el mismo estanque donde se bañaban. Consecuentemente, el gobierno de la India está promoviendo la incineración de desechos menstruales como método de eliminación, lo que ayudaría a reducir la carga ambiental de los desechos si los incineradores cumplen con los estándares de diseño y emisión.3
El caso del Reino Unido presenta una mejor práctica. En cualquier baño público para mujeres y/o neutros, se pueden encontrar contenedores sanitarios rectangulares, exclusivos para residuos derivados de la gestión menstrual. Este desecho se maneja por separado y permite el procesamiento adecuado de los aplicadores de plástico y otros millones de microplásticos contenidos en estos productos. Sin ser una política integral, esta opción permite cuantificar el residuo y manejarlo de forma más apropiada sin privar a las mujeres de opciones para gestionar su menstruación. Dichos contenedores podrían representar una política de transición público-privada en México y, por su parte, abrir una ventana para comprender los patrones de crecimiento de la industria y de la población que depende de ellos. Esto debería estar aunado a una transición que lleve a la adopción de productos de gestión con mucho menor impacto ambiental.
Esfuerzos para contrarrestar lo sucedido
Hasta ahora, los esfuerzos realizados a favor de una menstruación digna se habían enfocado en la gratuidad de los productos, la eliminación del IVA y la generación de investigaciones relacionadas al tema. Sin embargo, y partiendo del concepto de pobreza menstrual, es que ya se interpuso una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) por motivo de la política ambiental sin enfoque de género. De igual manera, es importante criticar la razón por la cual las empresas de productos de gestión menstrual no han puesto en el mercado alternativas, ya que tenían conocimiento previo de que se tomaría esta decisión. Se busca cambiar patrones de consumo que promuevan una concientización sobre los efectos de los productos que consumimos, siempre que estos cambios no agudicen desproporcionalmente otras desigualdades, en este caso las de género.
Conclusiones
Las mujeres no podemos ser quienes paguemos (literalmente) las consecuencias de prohibir los productos de gestión menstrual desechables. Las empresas son las responsables de producir y distribuir estos productos de alto impacto ambiental y un gobierno eficaz debe investigar los materiales de los productos de venta masiva, asegurar que no generen daños en el cuerpo, y regular que sean accesibles conforme a los ingresos promedio de las mujeres. Además de proveer la infraestructura básica para una gestión menstrual digna: acceso a agua potable, drenaje, un baño privado y gestión de residuos.
La Ciudad de México ha sido vanguardista en algunos temas de género frente a otras entidades, y existe una oportunidad histórica para que se generen políticas públicas ambientales con enfoque de género. Es menester generar una mesa de diálogo con todas las partes involucradas para resolver la escasez de tampones. Diversos estudios muestran que la pandemia por covid-19 está afectando el acceso a los productos de gestión menstrual pues pueden no ser accesibles para quienes se encuentran bajo estrictas cuarentenas, toques de queda, o pueden haberse vuelto inasequibles para quienes han perdido sus ingresos.
No sigamos permitiendo que la menstruación sea un factor que exacerba desigualdades. Es imprescindible que niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes también formen parte de esa mesa de diálogo, pues somos nosotras quienes vivimos la gestión de la menstruación. De igual manera, deben ser incluidas personas de diferentes niveles de ingreso y contexto socioeconómicos para evitar la legislación de la menstruación desde el privilegio. No permitamos políticas punitivas y evitemos la toma de decisiones políticas que no cuenten con perspectiva de género.
Tal y como lo recomienda ONU Mujeres, las mujeres deben participar activamente en la toma de decisiones ambientales, sus preocupaciones deben integrarse en las políticas de desarrollo sostenible. La igualdad de género debe estar al frente y al centro de las políticas para lograr la sostenibilidad ambiental y económica. Dichos esfuerzos tendrán los mayores beneficios si las mujeres pueden ejercer su voz colectiva como tomadoras de decisiones, líderes, innovadoras y contribuyentes en todos los aspectos de la gestión ambiental.
Aranxa Sánchez
Economista por la UNAM e integrante de Democracia Deliberada, cofundadora de Menstruación Digna México.
Sofía Sánchez
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Cambridge, cofundadora de Menstruación Digna México.
1 Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la edad promedio en la que se menstrúa va de los 15 a los 49 años.
2 Estimaciones propias con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.
3 Ecofemme. (2015) Breaking the Silence on the Incineration of Menstrual Hygiene Waste. Ecofemme; Auroville, India.