El demócrata Joe Biden llega a la presidencia de Estados Unidos con desafíos de una magnitud intimidante. Además de enfrentarse a las crisis sanitaria y económica, ha comprometido a su país, como ningún presidente en la historia, a combatir el cambio climático: aseguró que su país produciría electricidad libre de carbono para 2035 y tendría cero emisiones netas a mediados del siglo. A un mes del inicio de su gobierno, es preciso desagregar las implicaciones y la viabilidad de sus compromisos climáticos, distinguiendo entre dos grandes categorías: la política doméstica y la exterior.
Ilustración: Jonathan Rosas
Política doméstica: asuntos legislativos y regulatorios
Como se esperaba, Biden inició su administración firmando acciones ejecutivas que revirtieron más de 100 mandatos del gobierno de Trump que debilitaron la regulación ambiental. La idea detrás de las órdenes ejecutivas es ejercer la autoridad presidencial bajo las leyes existentes en lugar de aprobar nuevas. Dado que la mayoría de los proyectos de ley tendrán que aprobarse con una mayoría de 60 votos en el Senado —y su partido controla 50— su agenda tenderá a concentrarse en medidas regulatorias, como estándares de eficiencia energética y de ahorro de combustible.
No obstante, el efecto de las órdenes ejecutivas no es siempre expedito y conlleva cierta incertidumbre; pueden ser impugnadas en tribunales, y la mayoría conservadora de la Suprema Corte constituye un obstáculo considerable en la gobernanza por decreto. De igual manera, las demandas de los estados y las industrias que estarían sujetas a cualquier acción ejecutiva podrían retrasar su avance.
Incluso sin contar con el Congreso, el campo de acción del presidente en algunas áreas es relativamente amplio. Para implementar medidas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, Biden puede retomar y rediseñar el Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan) de la administración de Obama que Trump reemplazó con regulaciones laxas. Empero, volver a las regulaciones de la era Obama es insuficiente. Además de que la ciencia ha avanzado y hecho pronósticos más precisos respecto a los efectos del cambio climático, el Plan de Energía Limpia no encaminaba a que Estados Unidos cumpliera los objetivos de cambio climático comprometidos en el Acuerdo de París. Por lo tanto, es probable que su administración desarrolle un conjunto de regulaciones de mayor impacto en lugar de reelaborar la Ley.
Bajo la dirección del Departamento de Energía (DOE), nuevos y más rigurosos estándares para el uso de combustibles pueden influir a la vez en los sectores de energía y transporte, acelerando la electrificación de los vehículos de servicio ligero y mediano, con miras a la regulación de los vehículos pesados. Puesto que el sector transporte es la fuente de gases de efecto invernadero con el crecimiento más acelerado en Estados Unidos, estas medidas no serían triviales si se implementan en conjunto con el sistema de adquisiciones del gobierno federal para priorizar el uso vehículos de cero emisiones en transporte público y vehículos federales. El DOE también tiene la capacidad para reiniciar el programa de créditos federales para proyectos y negocios de energía limpia y hacer más estrictos los estándares de eficiencia energética para electrodomésticos.
Por medio del Departamento del Tesoro, la administración puede desarrollar incentivos fiscales para empresas ambientalmente responsables y, junto con los grandes administradores de fondos de la industria financiera, crear reglas para que las empresas que cotizan en bolsa sean transparentes en sus procesos e informen sobre los riesgos financieros del cambio climático. Asimismo, el Departamento del Interior podría disminuir la carga burocrática a los permisos federales para construir proyectos de energía renovable.
En este sentido, la capacidad de la administración de crear alianzas con el sector privado será crítica, aún más en circunstancias en las que algunos de los grandes bloques industriales que se han resistido a las políticas climáticas comienzan a fracturarse. En agosto de 2020, Volvo, Ford, Honda, BMW y Volkswagen acordaron con el estado de California límites de emisiones más estrictos, desafiando los esfuerzos de la administración de Trump por derogarlos. General Motors, que se había aliado con Trump en su ataque contra los estándares ambientales de autos en California, recién anunció que sólo venderá vehículos de cero emisiones para 2035 como parte de un plan más amplio para convertirse en carbono neutral para 2040. La oportunidad de Biden consiste en aprovechar el ímpetu industrial de homogeneización regulatoria y de competencia con China y la Unión Europea para implementar legislación federal en la manufactura de autos y generación eléctrica. En este sentido, será clave si en el paquete de recuperación económica que propone se aprueban los fondos para construir estaciones de carga de vehículos eléctricos y para incentivar la compra de este tipo de autos.
Estas acciones tienen enormes ramificaciones para el sector del petróleo y el gas, cuya suerte está estrechamente ligada al motor de combustión interna, y que representa el frente más complicado en la transición. Biden hizo campaña para eliminar los subsidios fiscales a estas compañías y usarlos para financiar parcialmente su plan climático, pero cambios tributarios de tal magnitud requieren el apoyo del Congreso.
Política exterior
El nuevo presidente insiste en que la lucha contra el cambio climático será un elemento esencial en su política exterior y de seguridad nacional. Tras su toma de protesta, también recurrió a una orden ejecutiva para reincorporarse al Acuerdo de París. El objetivo de tal acción es presionar a otros países para que aumenten la ambición de sus objetivos climáticos nacionales —llamadas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés)— desde la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. No obstante, reincorporarse al acuerdo es sólo el primer paso.
Por un lado, la administración deberá tener objetivos y resultados domésticos sólidos para ejercer liderazgo fuera de sus fronteras, comenzando por incrementar la ambición de sus NDCs. Las expectativas ante la cumbre climática COP26 convocada en Glasgow en noviembre de 2021 son más altas dados los compromisos de los principales emisores. El Reino Unido dejará de financiar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero; la Unión Europea presionará para reducir las emisiones en un 55%, y China, Japón y Corea del Sur se fijaron objetivos de reducción de carbono a largo plazo. Aunque Biden se comprometió a cero emisiones netas para 2050, tendrá que hacerlo por escrito en las NDCs. El veterano John Kerry, Enviado Especial para el Clima, anunció que su país sería el anfitrión de una cumbre internacional sobre el clima el 22 de abril de 2021 —el Día de la Tierra— en la que anunciará nuevos objetivos específicos de reducción de emisiones.
Por otro lado, además de demostrar la viabilidad de sus propias metas, la administración deberá trabajar duro con la comunidad internacional para restaurar la credibilidad perdida. Durante la administración de Trump, la comunidad internacional se dio cuenta de que Estados Unidos era tan indispensable como poco digno de confianza en la lucha contra el cambio climático. En los primeros días de este gobierno, la prioridad de Kerry ha sido aliarse con los líderes europeos, ya que la alianza estratégica con la Unión Europea es la mejor oportunidad de presionar a China para que incremente su ambición. De igual manera, parte de la reconstrucción de su reputación estará en retomar el compromiso financiero que Trump canceló: proveer 2,000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas para ayudar a los países vulnerables a adaptarse a los ya irreversibles efectos del cambio drástico y sostenido de las temperaturas.
Finalmente, la nueva administración podría aprovechar su peso en la economía internacional para responsabilizar a sus socios comerciales por sus contribuciones al calentamiento global, oportunidad que la administración anterior perdió con México en las negociaciones del T-MEC. Tal presión generaría sus propias complicaciones. En un acto simbólico, Biden rescindió el permiso presidencial para la construcción del oleoducto Keystone XL entre Estados Unidos y Canadá. Dado que el primer ministro Justin Trudeau apoya el proyecto, esta decisión podría accidentar la relación entre ambos países, además de poner en jaque la reputación ambientalista del gobierno canadiense que el primer ministro ha construido. El gobierno de la provincia de Alberta, que ha invertido una década y más de 1,000 millones de dólares en el proyecto, advirtió que podría recurrir a acciones legales. El compromiso de la administración de Biden con el clima se reflejará en si renegocia sus alianzas con los países productores de petróleo y en cómo lo hace.
La nueva administración tiene una oportunidad para señalar a los mercados, a la comunidad internacional, y a los votantes que le otorgaron un mandato ambiental, un compromiso serio con el planeta que refleje un balance entre viabilidad y ambición. Sin embargo, no lo hará sin oposición. Su insistencia en que “hablar del clima en la Casa Blanca […] es hablar de empleo” pretende disuadir al partido Republicano, cuyos legisladores ven en la política climática una amenaza para la competitividad y los empleos. Los primeros cien días del mandato serán clave para revisar tal compromiso, que no será fácil manejar junto con los obstáculos de la recuperación económica en medio de la pandemia global.
Daniela Stevens
División de Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Excelente articulo, solo queda esperar que plan de acciones tomar y si las cumplirá este nuevo presidente.