A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EE. UU.), abundan las reflexiones sobre las consecuencias de una segunda administración de Donald Trump o la victoria del demócrata Joe Biden para México, América Latina, la democracia estadunidense y las guerras comerciales internacionales. Sin embargo, una de las discusiones más transcendentales parece relegada en los medios hispanoparlantes, su estrategia para mitigar y adaptarse al cambio climático.
Si bien parecen ser como agua y aceite, es preciso señalar las diferencias entre Biden y Trump que, aunque sutiles, pueden ser decisivas para el resultado electoral. Además, es necesario superar la falsa dicotomía entre los candidatos como pro y antiambientalista, que nubla evaluaciones más finas.
Ilustración: Víctor Solís
En campaña, Biden ha señalado consistentemente al cambio climático como una de las crisis más graves del país, conectando la lucha contra el fenómeno con la recuperación y el crecimiento económicos, la creación de empleos, la justicia racial, y el apoyo e inversión en las zonas más afectadas por la transición energética. Biden anunció el plan más ambicioso publicado por un candidato para presidente ―Build Back Better o Reconstruyamos Mejor― proponiendo el uso de 100 de energías limpias para 2035, la reincorporación al Acuerdo de París y un presupuesto de 2000 millones de dólares para impulsar las energías renovables y crear incentivos para automóviles y edificios energéticamente eficientes.
Por su parte, Trump ha sido especialmente enérgico en su negacionismo. Abandonó el Acuerdo de París, revirtió regulaciones ambientales de la administración Obama, se ha comprometido a una cruzada para salvar a la industria del carbón y abiertamente afirma que la ciencia que respalda el origen antropogénico del cambio climático se equivoca. Trump intenta movilizar los sentimientos nacionalistas y conspiracioncitas que ven en la acción climática un ataque a los intereses económicos de su país.
Múltiples encuestas señalan que el cambio climático estará entre las prioridades del electorado. Según la organización Pew Research, el 52 % de los encuestados en enero de 2020 afirmó que el fenómeno debía ser una prioridad para el presidente y el congreso, 14 puntos porcentuales más que en 2017.1 De manera similar, en la encuesta del centro de investigación Resources for the Future el 82 % de los encuestados en agosto de 2020 expresó su deseo de que el gobierno actúe para combatir el calentamiento global.2
Sin embargo, la situación es impredecible no solo porque las crisis sanitaria y económica han tomado precedencia, sino porque el electorado es complejo. Recordemos que los precandidatos que hicieron del cambio climático el eje de su plataforma en las elecciones primarias Demócratas fallaron en su búsqueda por la candidatura, e incluso en los debates primarios, el tema no recibió mucha atención.
Biden se encuentra en una situación difícil que quizá ninguno de sus predecesores ha enfrentado. Por un lado, tiene que ganarse a la comunidad científica y al electorado ambientalista joven, quienes consideran que su plan es conservador comparado con la propuesta del rival Bernie Sanders, el Green New Deal. Por otro lado, debe atraer a los votantes indecisos, a los Demócratas más conservadores y a los Republicanos moderados que prefieren un conservadurismo fiscal, pero tienen preocupaciones ambientales. Un tercer electorado consiste en el sector de los trabajadores en energía fósil, sobre todo en estados “péndulo” como Pensilvania que vive de la industria del gas― y que tiene 20 votos en el Colegio Electoral.
La postura de Biden respecto a la controversial técnica de fracturación hidráulica o fracking para obtener petróleo y gas natural ha sido en ocasiones confusa. Mientras que en entrevistas y debates ha asegurado su prohibición, insiste también en que no ha prohibido la práctica en propiedad privada ―donde se produce la mayor parte de los combustibles― sino en propiedad federal.3
Además, detalles clave de su plan no están bien definidos, como la fuente de sus recursos, las políticas con las que llegará a al 100 de energías limpias, a cómo lograría el apoyo de un Congreso mayoritariamente republicano, o a que algunas de las tecnologías en las que basa sus estimaciones aún no existen, son prohibitivamente costosas o no funcionan a escala.
Cualquiera que sea el resultado electoral, el ejecutivo tendría como contrapartes a presidentes nacionalistas en las economías más grandes ―y mayores emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI)― en Latinoamérica, Andrés Manuel López Obrador hasta 2024 en México y Jair Bolsonaro en Brasil por lo menos hasta 2023. México esta penosamente rezagado en sus compromisos climáticos y ha detenido los compromisos que adquirió tras la Ley de Transición Energética, desincentivando las inversiones en energías renovables. Mientras México y el mundo son cada vez más vulnerables a los efectos del cambio climático, el presidente mexicano insiste en que “la mejor política exterior es una buena política interior” basada en el nacionalismo energético.
La estrategia trazada por Biden tiene un elemento en común con la visión de sus contrapartes latinoamericanas: es terriblemente nacionalista y carece de una propuesta de liderazgo internacional. La perspectiva del Demócrata, con énfasis en los efectos del calentamiento global sobre la seguridad nacional, no incluye la construcción de consensos en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, o la búsqueda de estrategias para impulsar compromisos internacionales vinculantes.
Si bien Biden pretende que EE. UU. se reintegre al Acuerdo de París, fue el mismo Obama, con Biden como vicepresidente, quien presionó para que las Contribuciones Nacionalmente Determinadas no fueran vinculantes. En ninguna parte Biden o su partido reconocen la responsabilidad de EE. UU. como principal emisor de GEI per cápita, el historial del país como cabecilla del impasse internacional en Naciones Unidas, o su indiferencia ante la brecha de producción de combustibles fósiles― la discrepancia entre la producción planeada y aquélla consistente con limitar el calentamiento global a dos grados centígrados comparado con periodos preindustriales. Ni hablar de un compromiso con instituciones internacionales como el Fondo Verde para el Clima para financiar acciones de mitigación y adaptación de países en desarrollo. Dada la responsabilidad de EE. UU. y de los países desarrollados con los países más vulnerables a eventos climáticos extremos ―que las emisiones de GEI han vuelto más frecuentes y extremos―, la enorme deuda estadounidense se sigue sin saldar.
De manera inesperada, aunque breve, los candidatos discutieron sobre cambio climático en el desastroso debate presidencial del 28 de septiembre. Trump mal caracterizó su apoyo a los vehículos eléctricos, culpó a California sobre un supuesto mal manejo forestal y lanzó criticas mal informadas al Green New Deal ―plan de Sanders―para atacar a Biden. Por su parte, aunque el Demócrata se distanció de dicho plan para defender su posición moderada, mencionó que reuniría a otros países para concertar un presupuesto para financiar acciones contra el cambio climático y se posicionó a favor de las energías renovables. En el segundo debate programado para el 15 de octubre habrá más oportunidades para evaluarlos en esta dimensión, si el temperamento de Trump lo permite.
Un elemento final por considerar es la nominación de la juez conservadora Amy Coney Barrett para reemplazar a la liberal Ruth Bader Ginsburg en la Suprema Corte. Independientemente de quién ocupe el ejecutivo, la confirmación de Barrett sería decisiva para algunas cuestiones ambientales e inclinaría la balanza de la Corte hacia el conservadurismo con seis de nueve jueces, ya sea frenando las ambiciones ambientales de Biden ―especialmente aquéllas perseguidas por medio de decretos― o respaldando los repliegues de las regulaciones ambientales de Trump.
Las deudas, recortes fiscales y demás devastadoras consecuencias económicas para México y América Latina tras el inicio de la pandemia impactarán los ya magros presupuestos para mitigación y adaptación. Mientras que cuatro años más de Trump podrían ser catastróficos para los prospectos de cooperación, la elección de Biden conlleva al menos la posibilidad de cooperación EE. UU.-América Latina para una recuperación sustentable post covid-19. Sin embargo, las prioridades del Demócrata en la región parecen centrarse en seguridad y migración, no en la construcción de alianzas hemisféricas para concertar posiciones conjuntas en las negociaciones climáticas.
Los pronósticos sobre la devastación que traerá el cambio climático son crecientemente desalentadores y vaticinan una ventana temporal de acción cada vez más estrecha. Ante ello es indispensable atender las acciones del segundo mayor emisor global, Estados Unidos, y su politizada (in)acción climática. El cambio climático es un fenómeno global que solo se puede resolver de manera multilateral y con el respaldo de los principales emisores, por lo que hoy más que nunca, la política climática es una política exterior con consecuencias existenciales para la supervivencia humana.
Daniela Stevens
División de Estudios Internacionales. Centro de Investigación y Docencia Económicas
1 Pew Research Center, February 2020, “As Economic Concerns Recede, Environmental Protection Rises on the Public’s Policy Agenda.”.
2 Krosnick, Jon A., and Bo MacInnis, 2020, Climate Insights 2020: Overall Trends. Washington, DC: Resources for the Future.
3 Renshaw, Jarrett, Agosto 31, 2020, “U.S. presidential hopeful Biden says he would not ban fracking,” Reuters.