Es urgente visibilizar y abordar en la agenda pública de nuestro país los impactos de la actividad minera y la necesidad de reformar el marco legal que rige esta actividad en México. Con las reformas legales aprobadas en 1992, preámbulo para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se hicieron adecuaciones en el marco legal que dieron acceso a los recursos minerales a capitales tanto nacionales como extranjeros. A partir de entonces, y con mayor énfasis en las pasadas tres administraciones, el país llegó a tener hasta el 36 % de los territorios forestales —la mayoría de ellos pertenecientes a ejidos y comunidades— concesionados para actividades mineras. A las compañías privadas se les ofrecieron todas las facilidades para operar: acceso casi irrestricto a los territorios a costa de sus legítimos dueños; laxitud en lo que se refiere a protección del medio ambiente y respeto de los derechos humanos de comunidades y trabajadores; un régimen fiscal laxo; total opacidad para reportar sus extracciones y las ganancias que obtenían por ellas; y acceso irrestricto al agua, incluso en zonas de estrés hídrico, entre otras.
La minería en el país goza de múltiples privilegios. Quizá la única industria que se encuentra por encima de la minería es la de hidrocarburos y aun ésta tiene prohibida su actividad en las áreas naturales protegidas, cosa que a la actividad minera se le permite, pues es considerada actividad preferente y de utilidad pública de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Minera. Con este carácter, la minería accede no solo a las Áreas Naturales Protegidas, sino que también a los territorios pertenecientes a ejidos y comunidades; es decir, a la tierra en propiedad social.
La llegada de las empresas mineras a los territorios rurales de nuestro país suele causar temores fundados entre sus habitantes. Su presencia termina por dejar una estela de consecuencias que la mayoría de las veces resultan irreversibles: contaminación de cuerpos de agua y de los suelos, deforestación, enormes montañas de minerales lixiviados altamente tóxicos, desplazamiento de comunidades, conflictos sociales, graves daños a la salud pública, confrontación entre los habitantes de las comunidades afectadas y muy escasos beneficios económicos locales y para el país. ¿Cómo se traduce esta situación en imágenes? ¿Cómo mostrar el rostro de la minería en México?
A veintiocho años de la aprobación de la Ley Minera que otorgó a esta actividad el carácter de “utilidad pública y preferente”, diversas organizaciones de la sociedad civil y de la academia nos preguntamos ¿qué le ha dejado esta actividad a México?, ¿qué ha sucedido en las regiones donde las empresas mineras operan?
Con el objetivo de documentar de forma visual el contexto y las consecuencias que acompañan a la actividad minera en México, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Fundación Heinrich Böll y el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM lanzaron el proyecto de documentación colectiva “Así se ve la minería en México”, con el que buscan visibilizar lo que está sucediendo en los territorios una vez que las compañías mineras llegan a operar a ellos.
Las imágenes reunidas dan testimonio de cómo las actividades mineras arrasan los paisajes y todo aquello que los habite, de cómo las comunidades se organizan para frenar estos proyectos, dan cuenta de la generación de residuos, el abandono de los lugares destrozados una vez que el proyecto se acaba, muestran la escasez de agua mientras las minas utilizan y contaminan miles de litros del líquido, y exhiben la miseria de los habitantes de las comunidades, para quienes la extracción de minerales no genera ninguna bonanza local.
Aquí compartimos algunas de las imágenes más impactantes que conforman Así se ve la minería en México, divididas en tres categorías: contaminación ambiental, impactos en la salud y resistencias comunitarias divididas en cuatro categorías: contaminación ambiental, impactos en la salud, resistencias comunitarias y comunidades y territorios.
Contaminación ambiental
Cristian Benítez Leyva – Mina Los Filos / Compañía: Gold Corp Inc. / Lugar: Carrizalillo, Guerrero.
Vista de la mina “Los Filos”, complejo minero de la empresa Gold Corp Inc, donde se aprecian los impactos de una explotación minera a cielo abierto, ubicada a poca distancia de la comunidad de Carrizalillo, Guerrero.
En el 2007, en un hecho sin precedente, la comunidad de Carrizalillo cerró las operaciones de una de las grandes empresas mineras. Logró que el Tribunal Unitario Agrario emitiera una sentencia a su favor por la compra ilegal de tierras de uso común, consiguiendo así la restitución y pago de los daños de sus tierras. Obtuvieron también un mejor convenio por la renta de sus tierras, pasando de pesos a fijarse en onzas troy de oro por hectárea.
Octavio Ramos Castillo – Minera San Xavier / Compañía: New Gold /Lugar: Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.
Foto tomada a 500 metros de altura, deja ver la destrucción del Cerro de San Pedro, ícono del escudo de armas de San Luis Potosí, denota como la explotación por extraer oro y plata transformó de manera irreversible el entorno de la región.
Pese a que desde 1993 la zona de Cerro de San Pedro fue decretada como zona de protección de la vida silvestre y a pesar de la férrea oposición de la mayoría de sus habitantes a la posibilidad de que se abriera un tajo a cielo abierto en su comunidad, esto no impidió que la Minera San Xavier iniciara actividades formalmente en 2007. El proceso de litigio de los ciudadanos para frenar este megaproyecto extractivo en San Luis Potosí duró más de 10 años, en los que la ciudadanía logró tres victorias en los tribunales.
Carlos Ariel Ojeda Sánchez – Minas clandestinas de carbón. / Lugar: San José Cloete, Coahuila.
La foto muestra cómo quedan los territorios abandonados, contaminados, devastados al final de la operación de una explotación minera clandestina. Al fondo se ve la maquinaria que quedó abandonada en el municipio de San José Cloete, Coahuila.
Alejandro Ariel Silva Zamora / Compañía: Cales y Morteros del Grijalva / Lugar: Rivera de Cachuaré, Chiapa de Corzo, Chiapas.
La compañía Cales y Morteros del Grijalva opera dentro de los márgenes territoriales del Parque Nacional Cañón del Sumidero, uno de los patrimonios naturales más importantes de Chiapas. Ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la violación del derecho humano a un medio ambiente sano. De acuerdo con la Semarnat, las operaciones de Cales y Morteros del Grijalva emiten grandes cantidades de gases y polvos a la atmósfera, producto del manejo de la piedra caliza. Los vecinos, lugareños de la Rivera Cachuaré, han señalado que la Profepa ha implementado 20 procedimientos administrativos en contra de la empresa; detecta irregularidades, multa y sanciona, pero no retira la licencia. Así, el paisaje se encuentra destruido, la tierra erosionada y el suelo contaminado.
Resistencias Comunitarias
María Fernanda Olvera Bataller – Mina Ixtaca / Compañía: Gorrión SA de CV, filial de Almaden Minerals / Lugar: Santa María Zotoltepec, Puebla.
La foto muestra una de las tantas marchas de resistencia a la instalación del Proyecto Ixtaca de la compañía minera Gorrión, organizada por los pueblos maseual, tutunakú y mestizo, quienes llevan años dando una batalla por la defensa de su territorio y de sus medios de vida.
Desde hace siete años los pobladores de Santa María Zotoltepec, una de las localidades afectadas dentro del municipio de Ixtacamaxtitlán, se han unido para luchar en contra de la compañía minera. En noviembre del 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió su decisión sobre la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la compañía minera había ingresado, con lo que el proyecto está detenido y en espera de resolución en los tribunales.
Carlos Ariel Ojeda Sánchez – Proyecto La Luz / Compañía: First Majestic Silver Corp / Lugar: Wirikuta, San Luis Potosí.
En 2010, la compañía First Majestic Silver Corp empezó a explorar la región para la instalación de una mina de plata en Wirikuta, territorio sagrado huichol, a pesar de que en 2008 el entonces presidente, Felipe Calderón, había anunciado el Pacto Hauxa Manaka para garantizar el respeto y protección de los lugares sagrados de esta comunidad, así como para la preservación y desarrollo de la cultura wixarika. Gracias a las movilizaciones y resistencia de los wixáritari y al apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, en 2012 se logró que la minera de capital canadiense desistiera de los títulos de concesión sobre 45 mil hectáreas de territorios pertenecientes al pueblo wixarika.
Carlos Ariel Ojeda Sánchez – Minas clandestinas de carbón. / Lugar: San José Cloete, Coahuila.
Representantes legales de la Organización Familia Pasta de Conchos, y mujeres activistas acuden al municipio de San José Cloete para registrar la problemática e irregularidades de los trabajos clandestinos para la extracción de carbón en el estado de Coahuila.
En el 2006, en la región de Nueva Rosita, 65 trabajadores mineros quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México. Este lugar había sido reportado desde el año 2000 por sus malas condiciones de seguridad. A pesar de la indignación generalizada, la empresa decidió no rescatar los cuerpos de los trabajadores, que hasta la fecha continúan sepultados en los escombros. Esta tragedia tampoco llevó a que se le retirara a la empresa Grupo México la licencia de operación.
Adolfo Vladimir Valtierra Ruvalcaba – Mina Salaverna / Compañía: Ocampo Minning Tayahua, filial de Grupo Frisco (Carlos Slim es el principal accionista) / Lugar: Municipio de Mazapil, Zacatecas.
Desde 1998, las actividades en la mina Salaverna se realizan de forma subterránea, extrayendo al día 5 mil toneladas de material. Desde hace más de 10 años la población ha logrado frenar la pretensión de este proyecto minero de utilizar la técnica de tajo a cielo abierto sobre su comunidad. El nuevo proyecto tendría una vida útil estimada en 10 años y pretende extraer 25 mil toneladas de material rocoso para conseguir 42 toneladas de cobre catódico al día.
Impactos en la salud
Laura Verónica Arvizu Valenzuela – Mina La Caridad / Compañía: Mexicana del Cobre SA de CV, filial de Grupo México / Lugar: Nacozari, Sonora.
Tras el proceso de extracción y molienda, los minerales de bajo valor económico son colocados en terrazas dentro del sitio minero. La alta suspensión de partículas finas de polvo (que pueden contener elementos potencialmente tóxicos para el ser humano y demás seres vivos) en el aire genera un ambiente hostil y tóxico para los trabajadores y los residentes circundantes al sitio minero. Estas partículas de polvo se consideran un riesgo para la salud, y están asociadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Adolfo Vladimir Valtierra Ruvalcaba – Mina Peñasquito / Compañía: Minera Peñasquito SA de CV, propiedad de Newmont Gold Corporation / Lugar: Mazapil, Zacatecas.
La minería no contribuye de manera sustantiva al desarrollo de las comunidades en cuyos territorios se instala. En los municipios productores de oro, el 50% de la población está en condiciones de pobreza y el 24 % no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica.
Adolfo Vladimir Valtierra Ruvalcaba – Mina Peñasquito / Compañía: Minera Peñasquito SA de CV, propiedad de Newmont Gold Corporation / Lugar: Mazapil, Zacatecas.
A las niñas, niños y mujeres generalmente se les asigna la responsabilidad de acarrear el agua, muchas veces de fuentes o pozos lejanos. Cuando una compañía minera se instala en un territorio, las poblaciones ven diezmadas sus fuentes de agua, viéndose las infancias y mujeres directamente afectadas.
Adolfo Vladimir Valtierra Ruvalcaba – Mina Peñasquito / Compañía: Minera Peñasquito SA de CV, propiedad de Newmont Gold Corporation / Lugar: Mazapil, Zacatecas.
La Ley Minera establece que las concesiones y asignaciones mineras dan derecho a sus titulares para aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para las actividades mineras, y les dan preferencia para obtener concesiones de agua para actividades más allá del uso minero y por encima de las comunidades locales.
Se puede consultar el fotoreportaje completo aquí
Karol Hernández y Cecilia Navarro
1 Integrantes del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.